México D.F., 10 de agosto de 2012 (Cencos).- En el último mes se han cometido numerosos actos que violentan la libertad de expresión en México. Desde desapariciones de periodistas hasta compras masivas y ataques con explosivos en contra de instalaciones.

Es por ello que el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) manifiesta su especial preocupación por los medios y periodistas que han sido atacados físicamente, amenazados o vetados con la intensión de inhibir su labor periodística.

Cabe mencionar que, los meses de junio y julio fueron en los que se perpretaron mayor número de agresiones a la libertad de expresión y que en las últimas semanas estos han incrementado sus niveles de violencia, misma que ha provocado incluso, que la defensora de derechos humanos y periodista, Lydia Cacho, tuviera que abandonar el país debido a las amenzas de muerte que sufrió en días anteriores.

A continuación, hacemos un recuento de las agresiones más graves registradas en el último mes:

El 9 de julio el semanario Proceso fue almacenado en bodegas de la cadena de tiendas de autoservicio Soriana, evitando así su exhibición y compra por órdenes del corporativo mediante un comunicado que envió a todas sus tiendas.

En la edición de esa semana, el semanario publicó reportajes sobre la relación de grupo Soriana con el Partido de la Revolución Institucional (PRI) en el contexto de las elecciones.

Un día después se registraron atentados a los periódicos El Mañana de Nuevo Laredo y El Norte en dos de sus sucursales de Monterrey, La Silla y Linda Vista. No hubo heridos que lamentar, sin embargo los daños a las instalaciones fueron cuantiosos.

El lunes 16 fue allanado el domicilio del periodista sonorense Hiram González en donde además, los agresores dejaron una amenaza escrita sobre su mesa. El periodista había sufrido anteriores robos en su domicilio sin que estos tuvieran una correcta investigación.

También, la periodista Cecilia Cota Carrasco fue amenazada por Serapio Vargas excandidato a diputado y líder campesino en el estado de Sinaloa cuando este hacía uso de su derecho de réplica por las notas publicadas por la periodista. Organizaciones se sumaron al repudio de dicho acto.

El domingo 29 de julio, la periodista Lydia Cacho recibió de nueva cuenta amenazas de muerte por su ejercicio periodístico y defensa de derechos humanos. Es de resaltar que el perpetrador posee tecnología suficiente para intervenir sus aparatos de comunicación. Esta es una amenaza más que se suma a la lista de intimidaciones que ha recibido la periodista y defensora de los derechos humanos debido a su labor.

Ese mismo día fueron incendiadas las oficinas pertenecientes al diario El Norte de grupo Reforma, esta vez a sus instalaciones de Sierra Madre, donde empleados que se encontraban laborando tuvieron que escapar rompiendo los vidrios del inmueble.

Un día después, el 30 de julio, la distribuidora de revistas DIPSA recibió la llamada de una persona que no se identificó, misma que pretendía comprar todo el tiraje del número 1865 del semanario Proceso en Monterrey. Días después se registró una compra masiva en las calles de la ciudad.

El 31 de julio la distribuidora DIPSA fue incendiada por un grupo armado que amagó al equipo de seguridad con armas largas y robó pertenencias a los empleados, luego rociaron gasolina y prendieron fuego a las instalaciones.

El 2 de agosto el semanario Zeta de Tijuana fue intimidado por el presidente municipal Carlos Bustamante Anchondo en un desplegado que publicó en diveros medios donde descalifica la labor periodística del semanario; ordenó además a sus oficinas no permitir la entrada de sus reporteros. Lo anterior debido a la inconformidad que provovó la edición 2000 del semanario.

Finalmente, el director de Playboy México denunció en un vídeo que circuló por varios medios de comunicación y redes sociales que el lunes 3 de agosto recibió un correo electrónico que lo amenazaba de muerte. Él mismo, considera que puede estar relacionado con las recientes publicaciones periodísticas de la revista.

En este contexto, es importante no dejar del lado que durante el proceso electoral y poselectoral, el contéo de agresiones físicas contra periodistas en cobertura se elevó de manera importante, de al menos 2 casos por semana, provenientes de grupos afiliados u afines, principalmente al Partido de la Revolución Institucional (PRI), funcionarios públicos municipales y estales así como de las distintas policías.

Estos actos de violencia repetida y acrecentada que pretenden silenciar a las y los comunicadores atentan directamente con el derecho fundamental de la libertad de expresión; debilitan el libre flujo de información y violan el derecho de la ciudadanía a estar informada.

Estos atentados contra la prensa en su conjunto, son resultado de la inefeicacia, hasta el momento, de las autoridades correspondientes para implemetar planes de protección a quienes ejercen la labor periodística, politícias públicad integrales y sobre todo de la profunda impunidad en la que prevalecen lo casos de agresiones a la libertad de expresión en México.

Es fundamental, que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales y locales, atiendan implementen las acciones necesarias para frenar esta ola de agresiones. Asi mismo que el mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas sea implementado correctamente y de la mano de la sociedad civil experta en la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.