Demanda diálogo el diputado Flavio Sosa al gobernador Gabino Cué para indígenas opuestos a empresa española eólica

Participación del diputado Flavio Sosa Villavicencio en relación con el conflicto por la instalación de un parque eólico en la Barra de Santa Teresa, dada en San Raymundo Jalpan, Oaxaca, el 6 de febrero de 2013
Participación del diputado Flavio Sosa Villavicencio en relación con el conflicto por la instalación de un parque eólico en la Barra de Santa Teresa, dada en San Raymundo Jalpan, Oaxaca, el 6 de febrero de 2013
Compañeras y compañeros:

Hace exactamente un año menos dos días, el 8 de febrero de 2012, subí a esta tribuna para argumentar a favor de una propuesta para crear una comisión que verificase las condiciones en las cuales diversas comunidades oaxaqueñas, específicamente del istmo de Tehuantepec, firmaron contratos con también distintas empresas para la instalación de aerogeneradores eléctricos en sus terrenos comunales o ejidales. La propuesta partió de la preocupación de comuneros istmeños que, participantes en esos contratos, se dijeron engañados por las empresas.

Hace exactamente un año menos dos días les llamé aquí, en esta misma tribuna, a tomar en cuenta la vulnerabilidad de estas comunidades, y que el descontento social ya se había manifestado. Hace un año les pedí sensibilidad para considerar ése como un asunto urgente. La dilación en la atención de los problemas sociales sólo abona a la inconformidad y atiza la aparición de un nuevo estallido, advertí hace un año menos dos días, el 8 de febrero de 2012.

Hoy, después de protestas, bloqueos carreteros y manifestaciones de diverso tipo; después de varios intentos de desalojo que han implicado personas golpeadas y personas detenidas; hoy, trescientos sesenta y tres días después, nuevamente les llamo, compañeras y compañeros, les llamo a la sensibilidad sobre una grave injusticia que puede estar cometiéndose en contra de ciudadanos y ciudadanas de Oaxaca, en contra de comuneros indígenas del Istmo de Tehuantepec.

Hoy, habitantes de San Dionisio del Mar y de Álvaro Obregón, en Juchitán, se oponen a la instalación de un parque eólico en la barra de Santa Teresa. Ya se les ha acusado insistentemente en medios, incluso por parte de servidores públicos, de ser un puñado de personas que, en su oposición al progreso, contravienen lo dispuesto por las mayorías de sus respectivas comunidades.

Estoy a favor de la instalación de parques eólicos. Estoy a favor de la inversión productiva que beneficie a las y los habitantes de nuestro empobrecido estado; empobrecido –que no pobre sino riquísimo en recursos–, empobrecido por la mala administración de gobernantes que generación tras generación han venido a servirse de los dineros del pueblo.

Estoy a favor de la inversión privada en Oaxaca, pero jamás apoyaré la explotación de nuestros pueblos disfrazada como “oportunidad de negocio”. Jamás estaré de acuerdo en el trato abusivo, injusto e ignominioso que dan las empresas, nacionales o extranjeras, a los campesinos pobres de nuestra tierra.

Hoy tengo en mis manos un contrato por usufructo de tierras entre comuneros de Santa María del Mar y la empresa Preneal México, que establece las condiciones por las que dicha compañía goza hoy de dos mil hectáreas comunales. En la página 10 de dicho contrato se establece la cantidad que la empresa pagará a los comuneros: ciento quince pesos anuales por hectárea. Permítanme reiterarlo: ciento quince pesos anuales por hectárea. Esto es, nueve pesos con 58 centavos mensuales por hectárea.

Informantes de la empresa que han pedido el anonimato estiman que cada turbina puede generar 590 mil 400 dólares anualmente. Esto es, poco menos de ocho millones de pesos. ¿Cuántas turbinas caben en una hectárea, compañeras y compañeros? Pero hagamos a un lado esa cifra, que puede tomarse como especulación. En el sitio de Preneal, la empresa que estableció el contrato con los comuneros mareños, podemos encontrar sin ningún problema un boletín fechado en Madrid el 18 de marzo de 2011, en el cual anuncia que vendió sus proyectos eólicos en el estado de Oaxaca a un consorcio integrado por el grupo empresarial mexicano Fomento Económico Mexicano (FEMSA), el Fondo de Infraestructura Macquarie México (FIMM) y la sociedad Macquarie Capital.

La venta se realizó por un valor total de 89 millones de dólares, lo que equivale a 63.2 millones de euros. Al cambio de hoy, compañeras y compañeros, la transacción fue por MIL 130 MILLONES 300 MIL PESOS.

El negocio es de más de mil millones de pesos. A quienes lo hacen posible les entregan la fabulosa cantidad de nueve pesos con 58 centavos. ¿Les parece un trato justo? Justo o no, ellos lo firmaron, podrán argumentar ustedes. Y ciertamente, lo firmaron, pero es necesario revisar las condiciones en las que lo hicieron.

El problema, compañeras y compañeros, es que los propietarios han manifestado que los contratos no les fueron leído en su idioma, que fueron engañados y presionados para firmarlos. En distintos momentos han denunciado los engaños, presiones y maniobras ilegales de estas empresas.

De hecho, quiero mencionar un estudio publicado por la revista especializada DELOS, Desarrollo Local Sostenible, elaborado por el investigador de la UNAM Emiliano Castillo, que habla de, cito textualmente, “la cooptación de representantes de las comunidades y la simulación de asambleas ejidales con firmas de personas fallecidas y otras que no aparecen en el padrón ejidal para agilizar la firma de contratos y negociaciones individuales entre propietarios y empresas, con el fin de excluir a las asambleas ejidales de los procesos de toma de decisiones”. Hasta aquí la cita.

Es necesario recordar, diputadas y diputados, que el artículo 17 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece que los pueblos indígenas deberán ser consultados siempre que se considere el enajenar sus tierras o, permítanme subrayar, transmitir de otra forma sus derechos sobre ellas. También dice textualmente en su numeral 3: “Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos”. Cierro la cita.

El artículo 18, por su parte, establece que “la ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones”. En relación con ello, el artículo 12 advierte: “Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces”.

Es cierto que el contrato mencionado fue establecido antes de la llegada del actual gobierno. Sin embargo, ¿qué ha hecho la actual administración para invalidar este leonino acuerdo, hoy aún vigente no obstante los esfuerzos legales de los campesinos implicados? ¿Qué hace para evitar que las y los indígenas de San Dionisio del Mar y de Álvaro Obregón sean explotados de la misma manera? ¿Qué hace nuestro gobierno para asegurarse de que Mareña Renovables establezca un trato justo con las y los ciudadanos oaxaqueños? ¿Qué hace para garantizar, en el caso de los proyectos eólicos, los derechos de los pueblos indígenas establecidos en el Convenio 169? ¿Qué hacen nuestras autoridades para evitar que esta vergüenza pueda ocurrir de nuevo, contra la dignidad de las y los indígenas del Istmo oaxaqueño?

Por eso mi llamado a su sensibilidad, compañeras y compañeros, para atender de manera urgente la situación en el Istmo, y escuchar de manera atenta los planteamientos de nuestras comunidades. Por eso mi llamado a oír primero a las y los indígenas mareños, y después a la empresa multinacional. Por eso mi petición a ustedes y al gobernador Gabino Cué Monteagudo, hoy, poco menos de un año después, nuevamente, para establecer una mesa de diálogo, cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos indígenas, y ventilar públicamente un asunto que a todas luces es de interés público.

Es cuanto. Muchas gracias.

Miguel Ángel

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

*

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial