Entrelíneas
Miguel Ángel Schultz
A la fecha suman seis los candidatos a gobernador que participarán en los comicios en curso, cuyo periodo de registro de aspirantes se cierra el próximo 25 de marzo, en un proceso que se avizora complicado, donde las autoridades electorales comprometieron su credibilidad como le ocurrió al IEEPCO, al implementar el 4 de octubre de 2015 una consulta ciudadana que costó 3.5 millones de pesos, para arropar de legalidad la construcción del Centro de Convenciones en el Cerro del Fortín, obra que finalmente desecho el gobernador Gabino Cué Monteagudo, ante el rechazo popular que despertó.
Hasta el momento se han registrado ante el IEEPCO como candidatos a gobernador del estado por el Partido Renovación Social (PRS), Joaquín Ruiz Salazar; por el Social Demócrata (PSD), Manuel Pérez Morales; por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Salomón Jara Cruz; por Unidad Popular (PUP), Francisco Javier Jiménez Jiménez; por la alianza Con Rumbo y Estabilidad por Oaxaca (CREO) integrada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN), José Antonio Estefan Garfias y por el Partido del Trabajo (PT), Benjamín Robles Montoya.
La consulta desde su origen carecía legitimidad al haber sido solicitada por Cué Monteagudo, con base al artículo 25 de la Constitución Política del Estado, pero en dicho apartado la consulta pública no figura. El inciso C del artículo 25, relativo a los mecanismos de participación ciudadana, únicamente contemplan tres formas: plebiscito, referéndum y revocación de mandato.
Para colmo, la consulta fue anulada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial dela Federación (TEPJF), en un fallo dado a conocer a finales del mes de enero, lo que evidenció la farsa montada por el llamado Gobierno del Cambio.
En una sociedad democrática este resultado hubiera sido motivo para la remoción inmediata de los consejeros del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO), empezando por su presidente Gustavo Meixueiro Nájera; seguida por los miembros que integran la Comisión Permanente de Educación Cívica y Mecanismos de Participación Ciudadana, presidente Uriel Pérez García; consejera Nora Hilda Urdiales Sánchez y consejero, Filiberto Chávez Méndez.
En todo caso en un acto de conciencia debieron presentar su dimisión, por la vergüenza que representa haberse prestado a una farsa, ante el rechazo ciudadano a la pretensión de las autoridades de legitimar una decisión autoritaria promovida por el entonces secretario de Turismo y Desarrollo Económico, José Zorrilla de San Martín Diego.
Lo increíble es que el empresario metido a político, que hoy quiere ser candidato del PAN a diputado plurinominal, sería el principal beneficiado por la construcción del Centro de Convenciones, al ser codueño del Hotel Victoria, que quedaría colindante a ese inmueble.
En la maniobra de la consulta, propia de piratas de la democracia, también arrastraron a instituciones académicas cuyo prestigio quedó por los suelos, para vergüenza de las comunidades que las conforman, que fueron: las universidades La Salle; Vasconcelos de Oaxaca y Tecnológica de la Mixteca, así como el Instituto Tecnológico de Oaxaca, que deberían por lo menos sus rectores y directivos disculparse ante el pueblo de Oaxaca.
En este ambiente enrarecido y con fuerte tufo antidemocrático, se desarrolla el proceso electoral, a lo que se suma el enfrentamiento suscitado en la 62 Legislatura estatal, cuando los diputados se enfrentaron a golpes minutos antes de la medianoche del jueves 9 de julio pasado cuando se iban a aprobar las leyes secundarias de la reforma política-electoral de Oaxaca, que regirá el actual proceso electoral a gobernador, diputados y presidentes municipales.
La Ley Electoral aprobada en esa noche de puños en la Cámara de Diputados, fue desechada por unanimidad por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al considerarla anticonstitucional, por lo que declaró la invalidez total del decreto por el que se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca. Entre las reformas modificadas está la reducción de cinco a tres años la residencia efectiva, para ser candidato a gobernador de Oaxaca, que se le puede aplicar a Alejandro Murat, hasta ahora precandidato del PRI a la gubernatura.
Por si esto no fuera suficiente, a principios de febrero los magistrados Miguel Ángel Carballido Díaz y Raymundo Wilfrido López Vásquez removieron como presidente del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO), a Víctor Manuel Jiménez Viloria, por inepto, al no realizar los trámites para que le fuera liberado el presupuesto.
Peor aún se ponen las cosas en el TEEO cuando el Tribunal Electoral Federal echa abajo la resolución que exoneró de actos anticipados de campaña a Estefan Garfias, de la coalición PAN-PRD, y que ahora tiene unos cuantos días para reponer la sentencia.
Por todo este ambiente podemos decir que en Oaxaca el proceso electoral se desarrolla en un clima de incertidumbre, con órganos que adolecen de la credibilidad y la capacidad necesaria para que los resultados de los comicios serán aceptados por los contendientes, por la falta de credibilidad que tiene.
@MiguelAschulz
