* Asistencia a cursos de alfabetización, educación primaria y secundaria debe ser obligatoria para los sentenciados
* Que se conceda libertad preparatoria al condenado que haya observado buena conducta u obtenido certificado de estudios durante su sentencia, plantea senadora del PRD

México, DF., 24-ene-2015.- Con el propósito de fomentar la reinserción social de quienes cumplen una pena privativa de la libertad, la senadora Luz María Beristaín Navarrete propuso fomentar la educación al interior de los centros penitenciarios y aumentar las posibilidades de que los ex reclusos no reincidan en la comisión de delitos.

En este sentido, la legisladora por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó una iniciativa para modificar los artículos 3 y 20 de la Constitución, así como el 84 del Código Penal Federal, a fin de que el Estado cuente con un sistema que garantice el acceso a la educación de quien ha sido encarcelado.

Planteó la necesidad de que la asistencia a cursos de alfabetización, educación primaria y secundaria sea obligatoria para los sentenciados que no han obtenido estos beneficios y que se conceda libertad preparatoria al condenado que haya observado buena conducta “o haya obtenido certificado de estudios durante la ejecución de su sentencia”.

La senadora por el estado de Quintana Roo resaltó que se ha demostrado que las medidas de prevención, mediante el fomento a la educación y el deporte, son indispensables para la lucha contra la delincuencia.

Debemos generar mecanismos que permitan una reinserción social real y eviten que los reclusos vuelvan a cometer algún delito, argumentó.

Beristaín Navarrete agregó que el sistema penitenciario debe reconocer los derechos fundamentales de los internos, por lo que éstos deben de tener acceso a la educación y no ser excluidos del conocimiento como castigo.

La educación, aseguró, es un mecanismo para “salir de la ignorancia” y una herramienta de superación que no implica cometer actos delictivos.

La propuesta, que se presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia del Senado de la República para su análisis y dictamen correspondiente.