* Plantean modificar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

México, DF., 06-dic-2014.- A fin de establecer mecanismos del Estado mexicano para blindar la infiltración del crimen organizado en el servicio público, el senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Armando Ríos Piter, propuso la creación de la Ley General de Combate a la Corrupción Política.

Dicha ley establece la definición de conflicto de interés en la administración pública y las sanciones imputables a todo servidor público que se involucre o se beneficie con hechos de corrupción, conflictos de interés, lavado de dinero y específicamente en nexos con el crimen organizado.

A través de una iniciativa, Ríos Piter sostuvo que esta propuesta surge debido a que “la corrupción ha corroído todos los espacios de la vida pública, pero de manera particular la corrupción política; la corrupción que inicia ahí en los partidos políticos cuando sin filtros y sin claridad de a quién se pone en un cargo para pedir el voto de los ciudadanos”.

En ese sentido, también propuso reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para obligar a los aspirantes a ser candidatos a cualquier cargo público, a presentar ante el Instituto Nacional de combate a la Corrupción, una solicitud de verificación de controles de confianza.

Dicha solicitud “será remitida a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Centro de Investigación de Seguridad Nacional, quienes determinarán si se trata de perfiles idóneos para los cargos de elección popular de que se trate; se trate del más humilde de los regidores, hasta el más encumbrado de los funcionarios públicos en el ámbito federal”, agregó.

En el mismo proyecto, planteó modificar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para que las autoridades en materia de combate a la corrupción puedan iniciar el trámite de procedimiento de procedencia mediante denuncia o querella y reducir en un 50 por ciento los plazos para la tramitación de juicio político contra funcionarios públicos.

El senador por Guerrero recordó que ante la crisis de seguridad que vive el país, el presidente Enrique Peña Nieto presentó un decálogo que “se quedó corto y que fue claramente insuficiente”.

Señaló que el discurso del presidente se queda solamente en el ámbito municipal, sin embargo la infiltración del crimen organizado alcanza todos los niveles de gobierno.

El legislador guerrerense sostuvo que el Ejecutivo no propuso para resolver la parte de la procuración de justicia, así como tampoco habló de las procuradurías estatales ni fue autocrítico en la parte de la Procuraduría General de la República (PGR).

“Vivimos una crisis, no solamente de narco, es una crisis donde los políticos están involucrados con las actividades criminales, y si no entendemos con claridad el problema y no entendemos el reclamo de la gente, no estaremos a la altura de la transformación que hoy reclama el país”, concluyó.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda.