Incorporar narcomenudeo como delito del crimen organizado, demandan senadores

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Incorporar narcomenudeo como delito del crimen organizado, demandan senadores

Senadora de la República

Senadores priistas y panistas consideran necesario modificar conceptos, figuras y delitos

Senadora de la República

Senadores priistas y panistas consideran necesario modificar conceptos, figuras y delitos

* Sugieren recabar información con vigilancia electrónica, seguimiento de personas y colaboración de informantes
* Secretarías de Economía y de Hacienda tienen que entregar información que requiera la PGR, proponen

México, DF., 29-nov-2014.- Senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de Acción Nacional (PAN) presentaron una iniciativa para modificar diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a fin de modificar conceptos, figuras, delitos, así como los aspectos operativos y funcionales que requieren las autoridades para una investigación y persecución más eficaz del crimen.

Los legisladores plantearon incluir al catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada, los actos relacionados con el desvío de precursores químicos, productos químicos esenciales o máquinas para el cultivo, extracción, producción, preparación o acondicionamiento de narcóticos, el de uso de moneda falsificada, narcomenudeo, contrabando de bienes en sus modalidades de importación y exportación ilegal.

Consideraron necesario que el delito de delincuencia organizada amerite prisión preventiva oficiosa y que sean sancionados aquellos que acuerden o preparen con dos o más personas la comisión del delito de delincuencia organizada y que se determinen los medios para ello.

La propuesta por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada señala que serán condenados aquellos que participen intencional y activamente en actividades ilícitas o cuando contribuyan a lograr delitos, como el hecho de vigilar e informar de operativos de las autoridades que participan en el combate al crimen.

Incorpora la figura del testigo colaborador y establece que la autoridad judicial será la encargada de resolver sobre la proporción en que se reducirán las penas al testigo colaborador, siempre y cuando la información que proporcione sea relevante y colabore eficazmente con el Ministerio Público de la Federación.

Para la intervención de comunicaciones privadas, sugiere el proyecto, la Procuraduría General de la República (PGR) contará con un cuerpo técnico de control para realizarlas. Los agentes que no estén adscritos administrativamente a la unidad especializada en delincuencia organizada tendrán la posibilidad de colaborar con esta unidad.

Además, la iniciativa amplía la facultad para requerir información y documentación a otras autoridades, es decir, se podrá solicitar información comercial por conducto de la Secretaría de Economía. En ningún caso podrá oponerse a los requerimientos de información el secreto bancario, fiduciario o cualquier otro de similar naturaleza.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), destacaron los senadores, debe proporcionar información de manera inmediata al Ministerio Público de la Federación de cualquier documentación, previa solicitud.

Además, pretenden ampliar el catálogo de técnicas especiales de investigación como recabar información en lugares públicos, mediante medios e instrumentos y cualquier herramienta para la generación de inteligencia; la utilización de cuentas simuladas, ya sean bancarias, financieras o equivalentes; la vigilancia electrónica; el seguimiento de personas y la colaboración de informantes, con respeto a los derechos humanos.

Proponen sancionar con prisión de cuatro a ocho años, de dos mil a tres mil días multa y, en su caso, la destitución e inhabilitación en el servicio público de hasta ocho años, a quien divulgue o revele información relacionada con las técnicas de investigación utilizadas en procedimientos usados contra la delincuencia organizada, a quien no tenga derecho a conocerla.

La iniciativa plantea que las personas sujetas a prisión preventiva o sentenciadas por delincuencia organizada, no tengan derecho a cumplir con la condena en el centro penitenciario más cercano a su domicilio.

La propuesta fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos y es impulsada por las senadoras del PRI, Arely Gómez González, Graciela Ortiz González, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Blanca Alcalá Ruiz y Marcela Guerra Castillo; así como por el senador del PAN, Roberto Gil Zuarth.