Inician queja por privación ilegal de la libertad de trabajadores del gobierno federal, en Oaxaca

Inician queja
Trabajadores de educación indígena del IEEPO retuvieron a trabajadores de la CDI
Oaxaca, Oax.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició la queja DDHPO/1639/(01)/OAX/2012 por la privación ilegal de la libertad de trabajadores de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI) el pasado 22 de noviembre en sus oficinas, por integrantes del magisterio oaxaqueño encabezados por el director de Educación Indígena del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

Trabajadores de la educación indígena del IEEPO retuvieron a trabajadores del referido organismo federal “cerrando los accesos principales de las oficinas de CDI con cadenas y mecates para que los trabajadores no pudieran salir de la citada dependencia”.

A través del oficio 13751, la DDHPO decretó “la adopción de una medida cautelar en vía de colaboración” al Procurador General de Justicia del Estado con el fin de que girara instrucciones a la Agencia del Ministerio Público que corresponda para detener dichos acontecimientos en la CDI.

Asimismo, mediante el oficio número 13764, solicitó la colaboración de la Secretaría General de Gobierno para que dentro del ámbito de su competencia efectúe las acciones necesarias a fin de iniciar una mesa de diálogo entre las partes involucradas con la finalidad de que los trabajadores retenidos fueran liberados y se busque una solución pacífica al conflicto suscitado.

Mediante el oficio DDH/SA/XI/7090/2012, la Procuraduría General de Justicia del Estado aceptó la medida cautelar emitida por la DDHPO, como consecuencia, la Visitaduria General de la DDHPO recibió la llamada telefónica del Director de Averiguaciones Previas y Consignaciones (Balderas Pérez Canseco) quien informó que se inició la averiguación previa 256/T.M./2012 sobre estos acontecimientos, sin detenido.

A las referidas instalaciones del gobierno federal se presentó la Agente del Ministerio Público, Eva Hernández Alonso, adscrita a la Agencia de Dolores, quien realizó la inspección ministerial, debido a que la dependencia es federal y queda fuera de su competencia, ésta le fue turnada a la Procuraduría General de la República.

josé

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