* La magistrada presidenta de la Sala Superior afirmó que con la impartición de estudios de posgrado el Tribunal Electoral se convierte en un articulador de la formación académica

* El TEPJF inicio las actividades de la Maestría en Derecho Electoral con orientación profesional, en modalidad no escolarizada, que impartirá el Centro de Capacitación Judicial Electoral

Ciudad de México.- La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Madeline Otálora Malassis, aseguró que en la medida que los juzgadores cuenten con más y mejores herramientas de especialización, estarán en mejor aptitud de afrontar los retos que se avecinan.

Al inaugurar las actividades de la Maestría en Derecho Electoral con orientación profesional, en modalidad no escolarizada, sostuvo que a través de este posgrado “este Tribunal se convierte en un articulador de la formación académica, la generación de un nuevo conocimiento y la extensión de este saber a la sociedad”.

Ante los magistrados Felipe de la Mata Pizaña; Felipe Alfredo Fuentes Barrera; Indalfer Infante Gonzales y Reyes Rodríguez Mondragón, destacó que con esta maestría se aprovecha la experiencia de los alumnos, y se maximiza su desempeño en las tareas inherentes a la función electoral, a fin de que su actuación se caracterice por proteger los derechos humanos y los valores que favorecen la vida democrática.

Se profundizará, dijo, en la relevancia de los derechos políticos como derechos humanos, se evaluará el impacto de las transformaciones constitucionales y legales en el fortalecimiento de dichos derechos, además de que se podrán distinguir los diversos argumentos que se presentan para justificarlos. “Para ello, se analizará la relación entre esta clase de derechos y el sistema democrático”.

Asimismo, durante la maestría que se impartirá a través del Centro de Capacitación Judicial Electoral (CCJE), se analizarán a profundidad las facultades y atribuciones de las autoridades electorales locales y federales, y los alcances que tiene la intervención de la judicatura electoral en el quehacer político, mediante la resolución de conflictos, desde una perspectiva funcional y ética, añadió Otálora Malassis.

A su vez, de la Mata Pizaña señaló que el proceso electoral de 2018 implicará un desafío trascendental para el sistema electoral mexicano y exigirá una gran preparación y, sobre todo, una gran coordinación entre las autoridades electorales administrativas y judiciales, nacionales y locales, para defender y proteger los derechos de los ciudadanos.

Subrayó que por ese motivo y de cara a ese reto, se conformó esta maestría, que tendrá como propósito principal formar profesionales que cuenten con conocimientos y habilidades que les permitan un desarrollo eficiente y efectivo en las tareas que se avecinan, específicamente tratándose de funcionarios de tribunales locales y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).

“Hoy más que nunca estamos obligados a generar mecanismos académicos que contribuyan a consolidar nuestra democracia y este esfuerzo de vinculación entre instituciones electorales, ofreciendo una maestría de calidad en la materia que sea un claro ejemplo del compromiso interinstitucional entre el Tribunal Electoral, los tribunales locales y, por supuesto, los OPLEs, de responder a las necesidades de capacitación de nuestros funcionarios de cara a 2018”, indicó de la Mata Pizaña.

Por su parte, Rodríguez Mondragón puntualizó que la justicia abierta está cimentada en principios como la transparencia, participación y colaboración entre instituciones, academia y sociedad civil, lo que implica proponer de forma conjunta soluciones a problemas colectivos de manera creativa e incluyente, y una expresión de colaboración es precisamente esta maestría, que reúne perfiles y capacidades para contribuir a la formación de los profesionales en la materia electoral.

Destacó que, el próximo año, las autoridades electorales tendrán la tarea de atender la elección más compleja de nuestra historia, la cual genera un contexto de mayor exigencia no sólo para el diseño legal electoral acordado en 2014, sino para la totalidad de las instituciones democráticas que la aplican, por lo que la organización institucional y el arbitraje de las elecciones será desafiante, y de ahí la importancia de la profesionalización y excelencia de los funcionarios electorales.

“En gran medida, la Maestría en Derecho Electoral es parte de las herramientas para hacer frente a los retos que representa la elección de 2018. La ecuación que propone el Tribunal es muy clara: que sea el derecho el que limite la política y no la política la que se imponga al derecho. Es un esfuerzo para que la cultura de la legalidad electoral predomine sobre las malas prácticas electorales”, recalcó Rodríguez Mondragón.

El director del CCJE del TEPJF, Carlos Soriano Cienfuegos, señaló que en la primera edición de la maestría el alumnado lo constituyen funcionarios de los tribunales y OPLEs de las entidades federativas, así los conocimientos y retroalimentación que tendrán durante el curso, además del robustecimiento de los vínculos que les unen, contribuirán al desarrollo de una relación de colaboración, que es la manifestación más nítida de un voto en favor del federalismo electoral.

En la maestría convergen el uso de los medios que el avance tecnológico pone a nuestra disposición y el talento humano. Las asignaturas serán impartidas por profesoras y profesores, investigadoras e investigadores, de instituciones del más alto prestigio a nivel internacional.