La tenaz lucha del pueblo zoque chimalapa en defensa de sus invaluables bienes naturales

La tenaz lucha del pueblo zoque chimalapa en defensa de sus invaluables bienes naturales
enero 26 12:16 2014 Imprimir esta nota


Miguel Ángel A. García Aguirre
Fundador de la ONG Maderas del Pueblo del Sureste, AC y del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas; ha acompañado y apoyado la lucha del pueblo zoque chimalapas desde hace más de 25 años

Antecedentes

Debido a su ubicación geográfica, México es un país biológicamente megadiverso que ocupa el quinto lugar mundial en cuanto a riqueza de especies de flora y fauna. Al mismo tiempo, también destaca entre los seis países de mayor diversidad cultural del mundo; es decir, aquellas naciones que cuentan con la mayor cantidad de culturas originarias y lenguas vivas.

Esto no es casual: la variedad y riqueza de los ecosistemas naturales, históricamente ha permitido y alentado el desarrollo de los más diversos grupos humanos, mismos que se adaptan e interactúan con el medio, descubriendo las formas más adecuadas de apropiación, utilización y manejo de los bienes naturales. Conciben precisamente a la naturaleza como productora de una gran variedad de bienes de uso, estableciendo con ella relaciones de intercambio –y no de explotación– y desarrollando a la vez, expresiones culturales y cosmovisiones que reflejan, tanto la complejidad biológica en la que se sustentan, como un gran respeto hacia su entorno y hacia los seres y elementos que lo componen.

Paradójicamente, al interior de México los estados de Oaxaca y de Chiapas ocupan el primero y segundo lugar nacional, tanto en diversidad biológica y agua dulce no contaminada, como en diversidad cultural. Pero son precisamente ambas entidades y, específicamente las regiones donde se ubican los pueblos indígenas, las que ocupan los últimos lugares en cuanto el índice de desarrollo humano y de pobreza. Esto da una idea de los históricos y actuales niveles de injusticia y explotación social y natural.

Dentro de estas entidades, son dos las regiones que concentran la mayor riqueza natural: la selva de Los Chimalapas, en Oaxaca, y la selva Lacandona, en Chiapas; regiones indígenas pluriétnicas que presentan una histórica disputa por el control del territorio que se refleja en complejos y añejos problemas agrarios y en la misma medida, y a consecuencia de lo mismo, violaciones permanentes de los derechos colectivos de los pueblos originarios que las habitan. En ellas también se concentran –de diversas formas y en diversos tiempos– la atención, y ambición, de intereses económicos nacionales y, sobre todo, multinacionales.

Ubicada en el corazón del istmo de Tehuantepec, la región de Los Chimalapas es un vasto territorio propiedad ancestral de dos comunidades agrarias de origen zoque olmeca: Santa María y San Miguel Chimalapa, pertenecientes a los municipios del mismo nombre, quienes forman a su vez, parte del distrito político de Juchitán, en el estado de Oaxaca. Los límites agrarios de esta región abarcan 594 mil hectáreas, según las resoluciones presidenciales de marzo de 1967 (460 mil de Santa María y 134 mil de San Miguel).

La región de Los Chimalapas se ubica al oriente del estado de Oaxaca, limitando al norte con Veracruz; al este con Chiapas, quedando una pequeña porción del territorio comunal en los municipios de Cintalapa y Ocozocuautla; al oeste con la colonia agrícola y ganadera Cuauhtémoc, y con los municipios de Santa María Petapa y Matías Romero; y al sur, con los municipios de Santo Domingo Ingenio, Santiago Niltepec, Santo Domingo Zanatepec y San Pedro Tapanatepec, todos ellos en el estado de Oaxaca.

El proceso histórico: una larga y tenaz lucha indígena en defensa del territorio zoque ancestral

Este vasto territorio, poseedor de tan grande invaluable riqueza ecológica, ha sido habitado, poseído y defendido, desde hace más de dos mil años, por indígenas zoques, descendientes de los mokayas (“hombres de maíz”), y de los olmecas, hermanados históricamente con los pueblos mixe, zoque chiapaneco y zoque popoluca.

De esta forma, el pueblo mixe zoque, antes de la invasión mexica y de la posterior conquista española, era uno sólo y ocupaba un extenso territorio que se extendía desde el sur de Veracruz y norte de Oaxaca y Chiapas, ocupando todo el istmo de Tehuantepec, gran parte de Tabasco (al noreste y norte) y toda la costa de Chiapas (al sureste).

Separado de su raíz por la expansión mexica y zapoteca, y luego por la conquista española, el pueblo zoque chimalapa resistió y sobrevivió, resguardándose en las imponentes montañas y selvas de su territorio ancestral.

Y esta defensa y resistencia incluyó la sabia decisión, tomada por los ancianos de la comunidad en 1687, de “comprarle” a la Corona española sus propias tierras, para lograr su reconocimiento jurídico y un mínimo de respeto. Para ello se valieron de un misionero católico: Domingo Pintado, especie de fray Bartolomé o de tata Vasco de Quiroga, amigo de los “indios”. Desde el hoy extinto pueblo de Chimalapilla –cabecera prehispánica de Los Chimalapas–, Pintado viajó a la muy Real Ciudad de México, cargando en humildes jícaras, “25 mil pesos oro común”, pago hecho al virrey, a cambio del cual se extienden los títulos primordiales que, en la parte medular de su texto, nos dicen: “…y en nombre de Dios Nuestro Señor y de su Majestad, otorgo y vendo a Domingo Pintado, en mancomún de todos los vecinos y sus sucesores del pueblo de Santa María Chimalapa que compran el terreno boscoso ya señalado, y por el precio de veinticinco mil pesos oro común que yo, el escribano de su Majestad y Teniente del Mayor del Cabildo de esta Ciudad de México, recibo de conformidad en este acto en nombre de su Majestad…”

Con esta paradójica compra de sus propias tierras a los conquistadores españoles del virreinato de la Nueva España, continúan Los Chimalapas su paciente lucha por la defensa de su territorio, misma que reiteran durante el periodo de la Reforma, cuando en 1850 obtienen, de manos del presidente liberal Miguel Herrera, el reconocimiento del México independiente a sus títulos virreinales.

Esta defensa y resistencia indígena zoque se ve asediada en los últimos veinticinco años del siglo XIX, con las Leyes de Desamortización de Bienes en Manos Muertas y de Deslindes, con cuya aplicación, gobierno, empresas y latifundistas, despojan a Los Chimalapas de amplias porciones del territorio comunal, hacia el norte (hoy Uxpanapa) y hacia el poniente (hoy Matías Romero).

Tras la revolución de 1910 y ante el cambio radical de la legislación agraria, los zoques chimalapas inician en 1941 el proceso jurídico administrativo para lograr el reconocimiento y titulación de sus bienes comunales. La burocracia agraria retarda esos procesos en 26 años, al emitirse finalmente en marzo de 1967, no una –como debiera– sino dos resoluciones presidenciales: una de 460 mil hectáreas a favor de Santa María y otra de 134 mil, a favor de San Miguel, iniciándose con ello un sutil proceso de división comunitaria.

Pero eso no fue todo. Aprovechándose de un involuntario error de las comunidades zoques chimalapas, consistente en no poblar la extensa zona oriente de su territorio –pues consideraban esa porción como su zona de reserva y de recolección– y de un permanente olvido de parte del gobierno oaxaqueño hacia aquel vasto pero lejano territorio indígena, desde 1950 cinco empresas madereras encabezadas por el michoacano Rodolfo Sánchez Monroy, contando con todo el apoyo del gobierno chiapaneco y con el aval del gobierno federal, invaden y se apoderan de 100 mil hectáreas comunales de bosques templados y de niebla, concesionados federalmente para su explotación maderera, como “terrenos nacionales ubicados en el estado de Chiapas”. Y allí se instalan 25 aserraderos.

Para encubrir invasión, despojo y depredación, y para conflictuar socialmente la región, madereros y gobiernos (federal y de Chiapas) llevan ahí a más de 30 grupos indígenas y de campesinos pobres –la mayoría tzotziles de los Altos de Chiapas, muchos de ellos expulsados por conflictos interreligiosos– y les reparten tierra ajena. En paralelo, fundan núcleos agrarios que se sobreponen a las tierras comunales, generando así un violento conflicto entre indígenas pobres zoques y tzotziles, usados por más de 50 años como escudo y carne de cañón. Mientras tanto, talamontes, ganaderos, narcotraficantes, funcionarios y políticos se enriquecen a costa de la selva y del territorio zoque ancestral.

Las invasiones del territorio comunal chimalapa continúa y se profundiza aun más luego de la publicación de las resoluciones presidenciales, gracias a la “mágica” creación de un falso y doloso conflicto interestatal Chiapas-Oaxaca, y a la sistemática negativa de la Secretaría de la Reforma Agraria de ejecutar las resoluciones chimas, efectuar el deslinde físico del territorio comunal y elaborar y entregar a los chimalapas los planos agrarios definitivos. Esgrime para ello el falso argumento de que esto no era posible en tanto “no se pongan de acuerdo los dos gobernadores”.

Y todo lo anterior a pesar de la cada vez más intensa defensa pacífica del territorio comunal, que se demuestra con la expulsión, a fines de 1977, de los 25 aserraderos invasores y con la detención por parte de los chimalapas, en noviembre de 1986, del invasor latifundista chiapaneco, Ernesto Castellanos Domínguez, hermano del entonces gobernador, el general Absalón Castellanos.

De esta forma, hacia fines de los 80 y principios de los 90, cuando el Pacto de Grupos Ecologista (PGE) y luego la ONG Maderas del Pueblo (MPS) inician una labor de acompañamiento y apoyo técnico y jurídico a las comunidades chimalapas, elaborando un diagnóstico socio-ambiental, producto de un año de intensos recorridos por las seis zonas que conforman la región y por las casi 50 congregaciones comunales chimalapas y núcleos ejidales “chiapanecos”.

El panorama encontrado es el siguiente: a) de las 594 mil has comunales, 221 mil se encontraban invadidas; de las cuales, 160 mil se ubicaban en la zona oriente del territorio chima (donde desde los 50, se ha venido dando la impune invasión de territorio comunal y oaxaqueño, de parte del gobierno de Chiapas), y b) en la zona invadida campeaba un absurdo enfrentamiento inter-indígena (zoques chimalapas vs. tzotziles) pero también –y aprovechándose de este enfrentamiento– la tala clandestina, la ganaderización acelerada, los incendios forestales descontrolados y el narcotráfico.

A pesar de todo ello, hacia mediados de los años 90 el estado de conservación de las selvas y de los bosques de niebla y templados de Chimalapas era aún excelente y –pese a los grandes bosques compactos y a la enorme biodiversidad existente– ni el gran capital trasnacional ni el gobierno federal se habían acordado de la selva de Los Chimalapas. En muchos casos ni siquiera sabían donde quedaba “eso” y, por ende, nunca habían considerado, hasta entonces, la posibilidad de decretar sobre ese territorio indígena ancestral, una reserva de biosfera, cosa que sí habían perpetrado en la Selva Lacandona desde 1978.

En ese contexto bio-geográfico e histórico fue que, conjuntamente líderes naturales y formales, con representantes comunitarios y con familias indígenas comunes, y contando con la asesoría directa y comprometida de la ONG Maderas del Pueblo del Sureste, AC, a partir de 1990 y hasta el 2000, se fue construyendo e instrumentando gradualmente, el concepto de la “Reserva Ecológica Campesina (REC) de Los Chimalapas”, como un modelo social alternativo de conservación y manejo sustentable, pionero a nivel de todo nuestro país. Con este enfoque se buscó respetar, fomentar y consolidar el derecho soberano de las comunidades indígenas en tanto dueñas y habitantes ancestrales de los ecosistemas naturales, a decidir y resguardar, por sí y para sí, el manejo, acceso y uso de su territorio y de sus bienes naturales.

Este derecho a la libre determinación indígena se vio fortalecido en Los Chimalapas por los niveles de autosuficiencia material alcanzados como resultado de la gradual expansión ocurrida en los 90 de prácticas productivas alternativas en materia de: agroecología, nutrición y salud, y silvicultura comunitaria, mismas que le otorgaron a la pretendida autonomía comunitaria, un carácter de sustentabilidad sociopolítica a largo plazo. Y para garantizar la permanencia de los invaluables bienes naturales que se ha buscado proteger, requirió y sigue requiriendo, como una condición básica, la solución justa, total y definitiva de todos los conflictos agrarios existentes, el cese de la invasión del gobierno chiapaneco al territorio comunal y el irrestricto respeto a los derechos humanos de indígenas y campesinos que conforman las comunidades chimalapas.

Logros en la recuperación de territorio comunal invadido y en conflicto (de 1990 a la fecha) y los aún pendientes

Hacia 1991 (año en que Maderas del Pueblo/Pacto de Grupos Ecologistas, en coordinación con el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, realizó un primer diagnóstico socio-ambiental, documental y de campo, por toda la vasta región de Los Chimalapas) existían en todo el territorio comunal chimalapa, 12 grandes conflictos agrarios, que significaban la invasión de 221 mil hectáreas de territorio comunal.

Esa situación de conflictividad agraria, sumada a la reiterada invasión de la zona oriente del territorio comunal chimalapa por parte de empresas madereras y ranchos ganaderos, apoyados impunemente por el gobierno chiapaneco con el aval del gobierno federal y el silencio del gobierno de Oaxaca, fueron las razones que dieron origen a la fundación del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas (CNDyCCh) en octubre de 1991.

A partir de ahí, conjuntamente con autoridades comunales y líderes naturales de todas las subregiones de Los Chimalapas, y a través de la acción directa de la ONG Maderas del Pueblo del Sureste, AC –quien desde entonces ha fungido como la coordinación regional de dicho comité– se diseñó e instrumentó una estrategia integral agraria y de defensa de los derechos indígenas chimalapas, a la cual el CNDyCCh le dio una permanente cobertura política y mediática, misma que incluyó:

Un análisis jurídico/social, perfectamente documentado y fundamentado, caso por caso, de todos y cada uno de los conflictos agrarios, y de su relación con la invasión del estado de Chiapas;

Un cuidadoso proceso de gestión legal y política, diferenciado para cada uno de dichos conflictos;

Un proceso constante de movilización social pacífica;

Una labor de acercamiento, diálogo y conciliación directa entre las comunidades chimalapas y los núcleos agrarios indígenas chiapanecos, ubicados en terrenos comunales, bajo la premisa de no desalojar a campesinos pobres, necesitados de tierra para sobrevivir;

Una plural y diversa política de alianzas y de búsqueda de apoyos sociopolíticos;

Una permanente labor de cabildeo e interlocución con diversas instancias gubernamentales federales y estatales; así como judiciales; y

Un intenso proceso de información local, intra e intercomunitaria, y de difusión mediática, estatal, nacional y sobre todo internacional, acerca de la importancia ecológica de la Selva de Los Chimalapas, y de la justa y legítima lucha pacífica comunal en defensa de su tierra, territorio y bienes naturales, frente a los depredadores e ilegítimos intereses que la depredaban, apoyándose en la complicidad gubernamental y burocrática existente.

De 1992 a 2004 esta estrategia rindió claros frutos de tal suerte que para ese 2004 se habían solucionado, de forma justa y definitiva, 10 de los 12 grandes conflictos agrarios, recuperándose para el territorio comunal alrededor de 150 mil hectáreas de selvas y bosques. La más importante fue la recuperación –a favor de los bienes comunales de Santa María Chimalapa– de 40 mil 945 hectáreas invadidas por ganaderos y pistoleros chiapanecos, en el predio conocido como San Isidro La Gringa (1994); y la última en 2004, de 20 mil hectáreas de territorio comunal, también de Santa María, que durante más de 50 años estuvieron invadidas y en proceso de depredación por parte de ganaderos oaxaqueños y veracruzanos de la Colonia Agrícola Ganadera Cuauhtémoc.

Sin embargo, entre 2004 y 2009 se presenta una total inmovilidad comunal, provocada por una clara estrategia gubernamental de división intra e inter comunitaria que incluyó la cooptación de autoridades comunales y municipales; una intensa labor de difamación y guerra sucia en contra de Maderas del Pueblo y del CNDyCCh, y el control y la distracción de las comunidades, a través del otorgamiento masivo de apoyos y proyectos asistenciales.

De forma que para 2009 aún prevalecían dos grandes conflictos agrarios en la zona oriente de la Selva de Los Chimalapas –donde se ubica la ya señalada invasión de territorio comunal y oaxaqueño de parte del gobierno chiapaneco– que involucran directamente alrededor de 50 mil hectáreas de alta biodiversidad, en proceso continuo de saqueo y depredación. Es en ese contexto que en 2009, el gobierno federal instrumenta en Los Chimalapas dos acciones que, de concretarse, significaban la desintegración territorial comunal y el deterioro irreversible de una importante superficie de bosques y selvas.

Estas acciones fueron:

La presión ejercida por parte de la Secretaría de Reforma Agraria (SRA) para que las comunidades de San Miguel y Santa María Chimalapa, aceptaran el programa COSOMER, lo que literalmente significaba aceptar la venta (oficialmente llamada “contraprestación”) de 48 mil 854 hectáreas comunales aún en conflicto, ocupadas por núcleos agrarios y ranchos chiapanecos; y

La expedición, por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de 12 permisos de explotación maderera, a favor de predios chiapanecos invasores de territorio comunal.

Ambos hechos generaron una fuerte reacción entre la base comunal, la cual expresó su rechazo a ambas medidas a través de sus asambleas generales, cambiando a sus representantes comunales e iniciando una nueva fase de movilización social pacífica. En este momento vuelven a solicitar el apoyo directo y la cobertura política del Comité Nacional para la Defensa de Los Chimalapas y la asesoría de Maderas del Pueblo del Sureste, AC.

Casi al mismo tiempo, el gobierno de Chiapas –encabezado por el gobernador Juan Sabines y por el secretario general de gobierno, Noé Castañón– reinicia una agresiva política de invasión del territorio comunal chimalapa y de la soberanía oaxaqueña. Culmina en noviembre de 2011 con la creación sobre el territorio invadido, de un nuevo, ilegítimo e ilegal municipio chiapaneco denominado “Belisario Domínguez”.

Todo ello genera una mayor indignación comunal y una tenaz movilización que, contando durante 2011 y 2012 con el apoyo del CNDyCCh y la asesoría de MPS, logra:

La realización del foro nacional e internacional “Por la conservación y la integridad del territorio zoque chimalapa: la región más biodiversa de México” (México, DF, abril 26 y 27, 2012) mismo que sirvió de plataforma sociopolítica para retomar la actividad pública del CNDyCCh;

La convocatoria y realización de una misión civil de observación a la zona oriente de Los Chimalapas, en los momentos de mayor tensión y riesgos de violencia social y represión (noviembre 2011);

La elaboración –consultada y consensuada comunalmente– aprobación y publicación oficial, del decreto por el que se reforma y adiciona el similar que crea la Comisión Ejecutiva para la atención de Los Chimalapas, para quedar como: la Comisión para la Defensa Integral del Territorio del Pueblo Zoque Chimalapa” (5 de marzo 2012) pero que lamentablemente ha sido bloqueada por intereses internos del propio gobierno oaxaqueño;

La elaboración y firma el 22 de diciembre de 2011 de un Acuerdo de Distensión suscrito por las autoridades chimalapas, representantes de los núcleos agrarios de origen chiapaneco asentados en territorio comunal, los gobiernos de Oaxaca y Chiapas y la Secretaría de Gobernación (Segob) quien debe fungir como garante. Aunque dicho acuerdo fue impunemente incumplido por el gobierno chiapaneco, la posterior admisión de la controversia constitucional frenó su política expansionista;

La nueva desocupación de los predios denominados La Hondonada y el Quebrachal, invadidos por ganaderos y madereros chiapanecos, no sin antes recibir una acción represiva de parte del propio gobierno de Oaxaca en noviembre de 2011;

La elaboración y presentación, ante el Juzgado 6° de Distrito en Materia Federal, con sede en Salina Cruz, de dos nuevos amparos en materia agraria de parte de Santa María y San Miguel Chimalapa, estando actualmente en proceso su resolución, pero habiéndose dictado la suspensión de todo nuevo acto político o administrativo de parte del gobierno chiapaneco en el territorio comunal chimalapa; y

Que el actual gobierno de Oaxaca se decidiera a integrar y a presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional por la invasión de más de 160 mil hectáreas de territorio y soberanía oaxaqueña. Esta controversia –que ningún gobierno anterior se había atrevido a presentar– fue finalmente admitida por la SCJN el 20 de diciembre de 2012, estando actualmente en proceso su resolución, pero habiéndose dictado la suspensión de todo nuevo acto político o administrativo de parte del gobierno chiapaneco en el territorio reclamado por Oaxaca.

El contexto actual

Éste es el delicado y trascendente contexto sociopolítico y jurídico en el que se requiere impulsar firmemente la solución definitiva a la conflictividad agraria e interestatal de esos dos históricos conflictos que han venido afectando y amenazando la integridad del territorio comunal zoque chimalapa. Y que constituyen la causa estructural de la depredación, saqueo y destrucción de la que aún es la región de mayor diversidad biológica de México y Mesoamérica, y una de las que genera mayor cantidad de servicios ambientales, hidrológicos y climáticos.

Ello implica, vigilar, apoyar, acompañar y asesorar de forma eficiente y comprometida a las comunidades chimalapas para sacar adelante hasta su sentencia definitiva:

Los dos amparos agrarios que ratificarán la propiedad comunal del territorio. Y con ello, iniciar juicios de nulidad agraria contra núcleos agrarios de origen chiapaneco; y de despojo, contra supuestas propiedades privadas invasoras, así como el reinicio de la conciliación directa de campesino a campesino propuesta por los chimas; y

La controversia constitucional, cuya sentencia final, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ratifique de forma definitiva e inatacable la ubicación de la gran mayoría del territorio comunal chimalapa dentro del estado de Oaxaca.

Sin embargo, y como ocurriera a fines de los años 90, se ha desatado una nueva ofensiva en contra de la base comunal chimalapa que defiende el legítimo interés de recuperar y proteger su invaluable territorio ancestral. Y en contra también de los sectores de la sociedad civil y del escueto grupo de funcionarios estatales que apoya esta lucha. Esta sucia ofensiva, al igual que hace 15 años, paradójicamente no proviene de parte del gobierno chiapaneco ni del federal, sino de fuerzas políticas al interior del propio gobierno del estado de Oaxaca. Fuerzas que parecen más decididas a resguardar sus propios intereses personales, de grupo y de partido político, que los intereses del pueblo chimalapa y del oaxaqueño. Y poniendo así en juego la pérdida de la soberanía estatal sobre una superficie de más de 160 mil hectáreas.

Artículo tomado del suplemento La jornada Ecológica del periódico La Jornada

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