Washington, D.C.-Se efectúa en el estado de Atlanta, Geogia, de los Estados Unidos una reunión de coordinación y planeación de los Consulados de México en el sur de la nación vecina, con la finalidad de revisar y fortalecer la estrategia, del gobierno de México para defender los derechos fundamentales de nuestros connacionales, frente a las iniciativas de leyes de aquel país que contrarias a su derechos e intereses.
Lo anterior lo informó la Cancillería de México que precisó, que la reunión la presidió el Embajador de México en Estados Unidos Arturo Sarukhan.
En la reunión participaron los Cónsules de México en Atlanta, Indianápolis, Kansas City, Miami, Nueva Orleáns, Orlando, Raleigh y la Sección Consular en Washington DC, así como el Director General de Protección a los Mexicanos en el Exterior y el Director Ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.
La estrategia mexicana en este ámbito incluye la colaboración estrecha con diversos sectores de la sociedad civil de Estados Unidos –empresariales, religiosos, comunitarios, académicos y líderes de opinión– quienes reconocen y valoran las contribuciones de los mexicanos a la sociedad y la economía estadounidense.
El Gobierno de México, entre otras acciones, aporta elementos objetivos para sostener una discusión informada sobre los beneficios de la migración para ambos países, difunde información oportuna sobre los efectos de este tipo de leyes, realiza análisis jurídicos y de las acciones de litigio viables contra iniciativas anti-inmigrantes, e instrumenta de un plan integral de protección que amplía los servicios consulares y de asesoría jurídica.
Si bien diversas legislaturas estatales han reconocido que la solución al fenómeno migratorio se encuentra en el ámbito federal y han venido desechando proyectos de ley de corte anti-inmigrante – ya sea por decisión propia o como resultado del cabildeo de la sociedad civil – hoy subsiste un número preocupante de iniciativas en discusión que estigmatizan y culpan indebidamente a los migrantes de problemas sociales en Estados Unidos que no están asociados a este fenómeno.
Las más graves, de ser aprobadas y entrar en vigor, violentarían derechos humanos inalienables protegidos por disposiciones jurídicas internacionales y consagrados en la Constitución estadounidense.
Abrirían la puerta a criterios de discriminación racial en la aplicación de la ley y solamente criminalizarían el fenómeno migratorio.
El Gobierno de México, respetuoso de los procesos legislativos en Estados Unidos, continuará atento al desarrollo de estas iniciativas en las asambleas correspondientes. En éste y todos los ámbitos, México ratifica su compromiso indeclinable con la protección de los derechos de sus nacionales, independientemente de su condición migratoria.