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Pide senador Alejandro Encinas liberación de profesores y activistas sociales presos en Chiapas

Senador de la República

Solicitó a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos realizar las investigaciones pertinentes

Senador de la República

Solicitó a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos realizar las investigaciones pertinentes

México, DF.- El senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, solicitó al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello y a la Procuraduría General de Justicia en ese estado, desistirse de las acusaciones contra los profesores y activistas sociales, Adela Gómez Martínez y Noé Hernández Caballero.

Luego de sostener que “con estas injustas detenciones, se criminaliza el derecho humano a la protesta pacífica”, explicó que ambos fueron secuestrados y luego encarcelados injusta y arbitrariamente el 15 de agosto de este año, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Mediante un punto de acuerdo, recordó que los profesores Gómez Martínez y Hernández Caballero son defensores de derechos de comunidades indígenas y campesinas y tienen un amplio trabajo social en el estado de Chiapas, reconocido incluso internacionalmente.

“A partir de su detención se han presentado una serie de acciones por personal del gobierno del estado, que intentan amedrentar a la familia de este matrimonio encarcelado, quienes han denunciado las irregularidades en la detención y el proceso que se sigue a sus padres”, mencionó.

Señaló que diversas organizaciones no gubernamentales se han pronunciado por la liberación inmediata de los profesores Gómez Martínez y Hernández Caballero y que el Senado de la República debe actuar en consecuencia.

Por ello, solicitó a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos realizar las investigaciones pertinentes, sobre presuntos actos violatorios de derechos humanos alrededor de la detención de los profesores.

El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) afirmó que los hechos que se les imputan constituyen, una violación flagrante al ejercicio pleno del derecho de manifestación pacífica, consagrado en el artículo noveno constitucional.

El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis y posterior dictamen.