México, DF.- La senadora Mónica Arriola Gordillo planteó facultar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que proponga al Ejecutivo Federal, el retiro de las reservas formuladas a convenios o acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, de los que el Estado mexicano sea parte.

Lo anterior, tras considerar “ilógico y contradictorio que un Estado autoproclamado democrático, republicano, con una Constitución de corte social, que pretende poner a los derechos humanos como pilar fundamental de observancia para toda actuación del mismo, continúe formulando o manteniendo reservas en tratados internacionales de diversa índole”.

Esta reforma, puntualizó, subsanará la contravención en la que se encuentra el Estado Mexicano y permitirá crear un sistema de protección que garantice a los mexicanos acceso a la justicia, la dignidad y a la igualdad que lo aproxime al bienestar.

Las reservas que formula un Estado a un tratado internacional constituyen un acto jurídico unilateral, una discreción a una o varias disposiciones del mismo. Sin embargo, destacó que desde cierta óptica doctrinal, ello es considerado como un aspecto positivo, pues incrementa la asequibilidad de que un Estado firme el documento.

Además, la falta de uniformidad en el cumplimiento de estas obligaciones coloca en situación irregular al Estado “formulante” sobre los que hayan aceptado en sus términos el tratado, por lo que existe también una afectación en el contexto global que desentiende el elemento universal de los derechos.

La formulación de reservas por parte de un Estado a un tratado internacional es un acto que traspone a la lógica de manera inmediata, argumentó.

En este sentido, la legisladora precisó que la CNDH, al ser un organismo constitucionalmente autónomo, garante y promotor de los derechos humanos debe tener competencia para pronunciarse de manera influyente en las decisiones que se tomen sobre el articulado al que se compromete México en los tratados internacionales.

Por tal motivo, es urgente modificar la ley, advirtió, pues “nos encontramos en violación flagrante a uno de los tres principales elementos que constituyen la naturaleza de los Derechos Humanos, la innegociabilidad, la cual presupone que ninguna sociedad debe negar la protección de estos derechos a sus miembros”.

Al condicionar ciertos aspectos y factores de los tratados internacionales que buscan la protección de estos derechos, el Estado Mexicano proyecta una imagen equivocada del personaje garantista que busca ser.

Asimismo, reconoció que los instrumentos internacionales son adoptados con un fin “puramente humano y civilizador” y que procuran la preservación y protección de las personas, de sus derechos esenciales, así como confirmar y sancionar principios elementales de la moral.

La propuesta se turnó a las comisiones unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos.