Por instrucciones del Ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, el 7 de noviembre pasado un grupo de visitadores adjuntos de la CNDH se trasladaron a la estación migratoria de esa ciudad donde entrevistaron a los 21 extranjeros.
De las tres mujeres, dos de Guatemala y una de El Salvador, y de los 18 hombres, 17 mayores de edad de las siguientes nacionalidades, tres de Nepal, cuatro de la India, dos de Perú, cuatro de Guatemala, tres de El Salvador y dos de Honduras, así como un niño menor de edad de Guatemala.
El personal de la CNDH hizo del conocimiento de los extranjeros los derechos que les asisten en territorio nacional, ofreciéndoles apoyo médico y psicológico, así como asesoría legal a efecto de gestionar ante las autoridades competentes la presentación de las denuncias correspondientes y, en su caso, el trámite de visa por razones humanitarias para el seguimiento de las mismas en calidad de víctimas de delito.
Sin embargo, todos expresaron su deseo de retornar de manera voluntaria a su país en el menor tiempo posible.
Las personas migrantes mencionaron que algunos de ellos fueron secuestrados mientras viajaban en un autobús de pasajeros, otros más fueron abordados al descender en alguna parada del camión; señalaron que quienes las tenían privadas de su libertad les solicitaban entre dos mil y cuatro mil 500 dólares estadounidenses para su liberación.
El personal de la CNDH certificó las condiciones de salud en que se encontraban las personas migrantes, destacando que dos de ellos presentaban lesiones en los glúteos, producto de golpes recibidos por sus secuestradores, siendo atendidos médicamente.
De igual forma, se solicitó al Instituto Nacional de Migración dar seguimiento a la atención médica proporcionada a las personas migrantes alojadas, victimas del referido secuestro, con la finalidad de que se salvaguarde el derecho a la salud, además de que, en caso de requerirlo se les brinde apoyo psicológico necesario, y se le dé celeridad a los procedimientos migratorios respectivos.
Personal de la CNDH realiza el seguimiento al caso y la atención proporcionada a los extranjeros para garantizar el respeto irrestricto a sus derechos humanos hasta que se concrete el procedimiento de repatriación de cada uno.
