Proponen hacer obligatorio ejercicio del voto y sancionar a quien no lo ejerza

Sancionar a quien no lo ejerza
El fin es que las autoridades electas obtengan la legitimidad necesaria para ocupar los cargos públicos.

* El actual titular del Ejecutivo Federal fue elegido en promedio por tan sólo el 16.5 por ciento de los electores

* Se necesita que las autoridades electas obtengan legitimidad para ocupar sus cargos: García Guajardo

Ciudad de México., 24-sep-2016.- Sandra Luz García Guajardo, senadora del Partido Acción Nacional (PAN), propuso hacer obligatorio el ejercicio del voto para los ciudadanos mexicanos, con el fin de que las autoridades electas obtengan la legitimidad necesaria para ocupar los cargos de dirección política en el país.

En caso de que los ciudadanos mexicanos, salvo algunas excepciones, no emitan su voto en las diferentes elecciones, expuso sancionar con la suspensión de la credencial para votar como documento de identificación oficial por un periodo de un año y en caso de reincidencia en el incumplimiento de esta obligación la suspensión sería por el doble del tiempo.

La legisladora por Tamaulipas explicó que el gobierno y las instituciones han tenido severas crisis de credibilidad, por lo que en muchas ocasiones el rechazo a la oferta política se manifiesta no votando.

Lo anterior, agregó, hace pensar que con la aplicación de sanciones se puede lograr una cultura de participación, hasta que se logre la concreción de la responsabilidad y madurez política como ciudadanía y se haga valer su voluntad.

La iniciativa se trata entonces, dijo, de concretar un cambio en la cultura y el comportamiento político, lo que se traduce en la necesidad de hacer efectiva la obligatoriedad en la participación electoral y de hacer conciencia en la ciudadanía del valor de su participación.

Además, consideró que existe la posibilidad de que con la implementación de las sanciones correspondientes o incluso endureciéndolas como en otras democracias de América Latina, se logré contrarrestar el abstencionismo y legitimar el acceso al poder, ya que en muchas ocasiones quienes gobiernan se convierten en representantes de una minoría.

García Guajardo indicó que en el país el voto es obligatorio, a pesar de estar regulado constitucionalmente, carece de los mecanismos legales o procedimientos para aplicar sanciones cuando se incumple la obligación.

Afirmó que basta con revisar las cifras de las dos últimas elecciones presidenciales para constatar el desánimo que existe en la población por emitir su voto.

En las elecciones presidenciales de 2006 el porcentaje de votación fue del 58.55 por ciento del padrón, mismo que aumentó para las elecciones presidenciales de 2012 al 63.14 por ciento, pero que presentó cerca de 40 por ciento de abstencionismo.

Los porcentajes disminuyen aún más si se desagregan los datos para presidente de la República, gobernadores de los estados y para diputados y senadores. El actual titular del Ejecutivo Federal fue elegido en promedio por tan sólo el 16.5 por ciento de los electores; los gobernadores por un promedio de 20 por ciento de los votantes estatales; y los senadores han sido electos por un promedio del 15.6 por ciento del electorado nacional.

Lo anterior, agregó, aunado a los costos de cada elección es el claro reflejo de lo mucho que cuesta no votar. En las elecciones de 2009 el gasto electoral fue de 20 mil 887 millones de pesos, lo que representó un gasto promedio por elector de 268 pesos por ciudadano inscrito en el padrón electoral del IFE, refirió.

Si se toma en cuenta el número de ciudadanos que votaron en la elección intermedia de 2015, el costo promedio por elector fue de 346.68 pesos. Sí la totalidad de los mexicanos inscritos en el padrón electoral hubieran votado, el costo promedio hubiera sido de 153.84 pesos, lo que quiere decir que el costo de cada ciudadano que no ejerce su derecho al voto fue en ese año de 192.84 pesos, expuso.

La iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se turnó a las comisiones unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

Miguel Ángel

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