SEGOB debe investigar y sancionar funcionarios del INM que violen derechos humanos, propone la senadora Peña Gómez


Elementos del Instituto Nacional de Migración agredieron a personas defensoras de los derechos humanos que cuentan con medidas cautelares a solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante el operativo implementado en el Municipio de Emiliano Zapata, en el estado de Tabasco, el pasado 30 de abril.

Lo anterior lo señaló la senadora Angélica de la Peña, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que propuso a la Comisión Permanente, el punto de acuerdo para solicitar al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, investigaciones imparciales e inmediatas y se deslinden responsabilidades, en torno a los acontecimientos derivados del operativo mencionado.

La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado explicó en su propuesta que policías federales y policías de diferentes municipios del estado de Tabasco, se presentaron en las cercanías del municipio Emiliano Zapata, detuvieron a más de 300 personas migrantes y agredieron a Fray Tomás González, a Fray Aurelio Montero y a Rubén Figueroa, defensores de migrantes del albergue “La 72” y del Movimiento Migrante Mesoamericano.

Evidenció que los agentes del INM comenzaron a detener a las y los migrantes, separando a niñas y niños de sus madres, sin dar información sobre la detención y sin hacer público el lugar a dónde llevarían a las personas detenidas.

“Esta situación, al igual que muchas otras, es una muestra clara de la impunidad en las agresiones a migrantes y a personas defensoras de derechos humanos en México, así como de la ausencia de una política de Estado en materia de protección de los derechos humanos de las personas migrantes.”

El Congreso de la Unión debe estar preocupado y ocupado en torno a la situación que cotidianamente enfrentan las defensoras y defensores de derechos humanos de migrantes en la frontera sur del país, de manera particular las crecientes denuncias en torno a la participación de servidores públicos en los actos de extorsión y acoso de migrantes, señaló finalmente la senadora Angélica de la Peña Gómez.

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