* Especialistas nacionales y extranjeros advierten del riesgo de que trabajadores no alcancen pensiones

* Un debate abierto permitirá establecer los mecanismos que garantice el pago de pensiones: Mayans

Ciudad de México., 26-abr-2016.- La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE); el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Banco Mundial (BM) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) coinciden en que el Senado debe emprender a la brevedad la transición de seguridad social, a fin de evitar que México no pueda garantizar el pago de pensiones dignas.

Lo anterior durante el panel “Estudios sobre el panorama de pensiones en México: recomendaciones y propuestas”, realizado en el marco de la Semana Nacional de Seguridad Social, convocado por la Comisión de Seguridad Social.

Ante especialistas nacionales y extranjeros, el senador y presidente de la Comisión de Seguridad Social, Fernando Mayans Canabal, aseguró que existe voluntad de los legisladores. “Queremos hacer estas reformas, en beneficio de todos los trabajadores de México”, indicó y expresó su confianza en que será posible establecer acuerdos en una correlación de fuerzas.

Lamentó que servidores públicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) no hayan aceptado participar en la Semana de la Seguridad Social en el Senado; sin embargo, recordó que el Congreso es un poder independiente donde será posible realizar el cambio que requiere el sistema de pensiones.

En lo anterior coincidió el ex diputado federal Miguel Alonso Raya: “De no tomarse medidas ahora” un alto porcentaje de trabajadores no logrará cumplir el requisito de mil 200 semanas de cotización y, por ende, no contará con una pensión. Por otra parte, habrá quienes sólo alcancen la jubilación mínima garantizada, la cual sólo servirá para la subsistencia, añadió.

Otro riesgo es que no se alcance la pensión mínima por la insuficiencia de recursos, ya que en la mayoría de las 54 millones de cuentas de las Afores cada trabajador tiene entre 45 mil y 52 mil pesos, debido a la inestabilidad laboral que no permite una cotización permanente, y a las acciones de empresarios para pagar cuotas menores a las que corresponden al salario real de sus empleados.

Esto afecta directamente a los ahorros, pues la tasa de reemplazo es de entre 26 y 30 por ciento.

Las Afores, afirmó, no pueden fortalecerse con el ahorro voluntario, pues las propias dependencias del Estado rechazan las solicitudes de quienes quieren aportar el dos por ciento solidario de su salario, para que el gobierno aporte el 6.5 por ciento, como lo establece la ley.

Incluso los sindicatos no promueven el ahorro voluntario, apuntó, porque consideran que el gobierno no induce la inversión de los 15 mil millones de pesos que implicaría este 6.5 por ciento de los trabajadores del Estado.

“Habrá muchos que irán del trabajo directamente al pozo, porque no alcanzarán nunca a disfrutar de la pensión”, advirtió Alonso Raya al convocar a que especialistas, el Congreso y el Ejecutivo revisen cuanto antes el sistema de seguridad social, para que los trabajadores alcancen la pensión mínima garantizada.

El presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Carlos Ramírez Fuentes, reconoció que si bien se califican como “muy buenos” los primeros 19 años de las Afores, existe preocupación porque se prevén complicaciones para garantizar altos rendimientos en los siguientes 20 años.

Ante ello, propuso que México explore experiencias internacionales de éxito para estimular mayor rentabilidad, a partir de esquemas abiertos en régimen de inversión en el extranjero, renta variable, traslado de los límites a nivel de la normativa secundaria, así como en la creación de un comité técnico de inversiones, entre otras modalidades de largo plazo.

Otras propuestas radican en conceder mayores facultades al regulador para lograr la  reducción acelerada y establecer límites máximos en las comisiones para las Afores; subastar a los nuevos trabajadores para incentivar competencia; establecer premios y castigos para las empresas con mayor y menor rentabilidad, respectivamente.

Se pronunció también por fortalecer el gobierno corporativo, a partir de un control normativo, consejeros independientes, comités de inversiones y riesgos, sistemas auditorías, entre otras medidas.

El presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafores), Carlos Noriega Curtis, se pronunció por alcanzar el equilibrio financiero, con un consenso social, por lo que se pronunció porque se establezcan mecanismos que permitan integrar los sistemas de pensiones, junto con la cobertura universal.

Paralelamente, apuntó, el Estado debe crear los instrumentos financieros idóneos para facilitar que los trabajadores puedan ahorrar, lo que incluye una educación financiera en la que debe existir el compromiso del gobierno, autoridades educativas y las propias Afores, para informar adecuadamente a los trabajadores a fin de que cuenten con elementos para lograr el aumento de sus pensiones.

Desde el punto de vista internacional, Helmut Shwarzer, de la OIT, advirtió la necesidad de articular el sistema de protección social mexicano, pues actualmente se encuentra segmentado en los sistemas tradiciones de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como en los programas destinados a la población excluida de la seguridad social, como Pensión para Adultos Mayores, Seguro Popular, Oportunidades, operados por distintas dependencias.

Sugirió procesos de evaluación que permitan delinear las políticas públicas necesarias para consolidar un piso de protección en el diseño e instrumentación de las políticas públicas asociadas a la protección social.

Ello implica, subrayó, que se establezcan los mecanismos que obliguen a las dependencias de gobierno a atender las observaciones que se desprendan de la evaluación a que sean sujetos sus programas, pues de ello dependerá que sea posible conceder a los trabajadores mayores garantías en materia de seguridad social.

El especialista del BID, David Kaplan, llamó al Senado y a la Cámara de Diputados a “no esperar a que explote la bomba social” y tomar las medidas pertinentes para elevar la cotización de los trabajadores, la cual actualmente se ubica en 36.4 por ciento.

Advirtió que existe el riesgo de que no se asuma la responsabilidad en el tema de las pensiones, pues no representa un costo político en el corto plazo, e incluso no afectaría la preferencia electoral en el proceso presidencial del 2018.

Sin embargo, subrayó, “sería un acto de valentía que este Congreso aborde este tema”, pues es necesario resolver la imposibilidad de garantizar pensiones dignas a los trabajadores, con el alto costo social que ello representa, por lo que se pronunció por crear un sistema mixto.

Es decir, que se conjunten los sistemas contributivo y social, a fin de lograr que las cuentas alcancen una tasa de reemplazo razonable, lo que permitirá a su vez eliminar la dependencia que tiene el sistema de pensiones en las cuotas obrero-patronales.

Por la OCDE, el experto Pablo Antolin advirtió que, en la transición de la seguridad social, el gobierno mexicano debe evitar el desencanto y desprestigio del nuevo sistema, por lo que propuso un esquema de prorrata, donde se garanticen todos los derechos adquiridos por los trabajadores, al tiempo de que todos los mexicanos tengan oportunidad de acumular en pro de sus pensiones.

Una alternativa más, abundó, es que las contribuciones se liguen al aumento salarial, son que ello implique que una reducción al salario afecte negativamente al ahorro para el retiro.

“Es decir, si mi salario aumenta cinco por ciento en 2017, pues que dos puntos porcentuales se destinen a aumentar las contribuciones -para la Afore- y tres puntos porcentuales al salario. Así, ningún individuo sufriría con esta propuesta una disminución de la renta disponible”.

Reconoció que los beneficios a los trabajadores serían mayores o menores, acorde a la industria o sector al que pertenezcan, “pero en el objetivo es que todos alcanzarían una mayor tasa de reemplazo que les permita pensiones dignas”.