* Entre 2000 y 2018, la CNDH registró 130 mil 318 expedientes de queja por la presunta violación de derechos humanos y emitió mil 285 recomendaciones a distintas autoridades

* El 88% de las quejas y el 85% de las recomendaciones señalan a autoridades civiles

* Ejército y Marina, por su parte, han disminuido su número de quejas y recomendaciones en los últimos años

Ciudad de México.- A pesar de que la Constitución establece que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en la práctica, la vulneración de los derechos fundamentales en México es una práctica recurrente que se manifiesta en los tres niveles de gobierno y en los diferentes sectores gubernamentales, señala una investigación elaborada por la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD).

La investigación titulada “La violación de los derechos humanos en México 2000-2018: algunas características y tendencias a la luz de las estadísticas de la CNDH”, realiza un análisis cuantitativo de los expedientes de queja registrados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las recomendaciones dirigidas por este organismo a las autoridades mexicanas entre 2000 y 2018.

De este análisis, se desprende que la violación de los derechos humanos en México es una práctica recurrente, sistemática y generalizada, en la que participan servidores públicos de los tres niveles de gobierno y autoridades tanto civiles, como militares, refiere el estudio.

La investigación revela que en el periodo 2000-2018, la CNDH registró un total de 130 mil 318 expedientes de queja por la presunta violación de derechos humanos y emitió mil 285 instrumentos recomendatorios a distintas autoridades.

De acuerdo con el estudio, las instituciones más señaladas por la presunta violación de derechos humanos en este periodo fueron: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 23 mil 5 quejas; la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 12 mil 338; la Procuraduría General de la República (PGR) 10 mil 774 y  la autoridad federal responsable de los centros penitenciarios del país con 10 mil 661.

También, el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con ocho mil 57; el Instituto Nacional de Migración (INM) siete mil 311; la Secretaría de Educación Pública (SEP) siete mil 109; la Policía Federal (antes Policía Federal Preventiva) seis mil 680; el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) tres mil 258 y la Secretaría de Marina (Semar) con tres mil 249 quejas.

En cuanto a las recomendaciones, los entes a los cuales se dirigió un mayor número de instrumentos en el mismo periodo fueron: el IMSS 153; Sedena 134, la dependencia responsable de la seguridad pública y centros penitenciarios 126; la PGR 83; el ISSSTE 62; el INM 53; la Semar 52; el Gobierno de Guerrero 46; el Gobierno de Chiapas y la SEP 37, señala el documento del IBD.

El análisis comparativo por sexenios arroja que en cada administración aumenta considerablemente el número de quejas.

Así, durante el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada, el promedio anual de quejas fue de 4,168.5; con el presidente Felipe Calderón Hinojosa fue de 7,608.3 y con el presidente Enrique Peña Nieto fue de 9,197.3.

Para el caso de las recomendaciones, la administración del presidente Calderón Hinojosa registró el mayor promedio anual, con 81.5 instrumentos. La administración del presidente Peña Nieto tuvo un promedio anual de 73.3 recomendaciones, mientras que en el gobierno de Fox Quesada se emitieron un promedio de 54.6 recomendaciones por año.

En el problema de las violaciones a los derechos humanos, un hecho particularmente preocupante es que las instituciones más señaladas por violar derechos son también las que tienen a su cargo la satisfacción de necesidades esenciales, entre ellas la salud, la seguridad social, la seguridad pública, la procuración de justicia, la educación y la vivienda.

Entre 2000 y 2018, el 88 por ciento de las quejas y el 85 por ciento de las recomendaciones registradas por la CNDH señalaron a autoridades civiles. Así, la inmensa mayoría de las violaciones a los derechos ocurre por las acciones y omisiones de las autoridades civiles en la prestación de servicios públicos, en la atención a la ciudadanía y, en general, en el (mal) trato hacia las personas, se lee en el documento del IBD.

De forma paradójica, comentan los investigadores del IBD, las instituciones más señaladas por la violación de los derechos humanos en la coyuntura política actual, la Sedena y la Semar, han sido también las que en los últimos años han disminuido de manera significativa su número de quejas y recomendaciones; ello no obstante que su presencia, actividades y responsabilidades han ido en aumento.

Particularmente, entre los periodos 2007-2012 y 2013-2018, el promedio anual de quejas del Ejército disminuyó casi en un 60 por ciento, al pasar de 1,335.5 a 551.8 señalamientos por año. La Semar, por su parte, pasó de tener 495 señalamientos en el 2011, a tener un promedio anual de 267 quejas en los últimos tres años.

La investigación concluye que, por su complejidad, magnitud y características, la crisis de derechos humanos en que nos encontramos constituye un problema del Estado mexicano, que debe ser reconocido en todas sus dimensiones y atendido de forma transversal, sin minimizar la gravedad de los abusos cometidos por los elementos castrenses, pero ubicándolos en perspectiva, como parte de un problema global sobre el cual es necesario reflexionar.

Decir que la falta de respeto a los derechos humanos se restringe a una deficiencia de la política criminal del Estado o a los excesos de las Fuerzas Armadas sería una mentira, sostiene el documento.

Apunta que  las violaciones a los derechos fundamentales en el país son cometidas por todo tipo de servidores públicos y sus consecuencias repercuten negativamente en la calidad de vida de las personas.

En ese sentido, afirman los investigadores, la discusión sobre la Guardia Nacional ofrece una oportunidad para promover una discusión de fondo que nos permita comprender a la vulneración de los derechos humanos, en tanto un problema sistémico que involucra a todas las instituciones del Estado, cuya atención requiere de acciones legislativas, así como políticas públicas de corto, mediano y largo plazo, que generen condiciones objetivas para el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales.

El estudio completo del IBD se puede consultar en la dirección electrónica: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4347