* La Fiscalía no debe dejar impune el homicidio y sancionar a quien o quienes resulten responsables, sostienen

Ciudad de México.- Las senadoras Martha Guerrero Sánchez y Ana Lilia Rivera Rivera hicieron un llamado al titular del Poder Ejecutivo del estado de Hidalgo, para que se aclaren los hechos del pasado 9 de junio en el municipio de Progreso de Obregón, que originaron la muerte de la doctora Beatriz Hernández Ruiz.

Destacaron que Hernández Ruiz, de 29 años de edad, murió en la galera de la Presidencia Municipal, lugar al que fue trasladada por policías estatales, que la detuvieron con lujo de violencia, de acuerdo con notas periodísticas, porque participó en un accidente vial.

Las legisladoras del Grupo Parlamentario de Morena recordaron que las investigaciones, tras la muerte de la doctora egresada del Instituto Politécnico Nacional, siguen abiertas, aunque familia y agentes de la policía dieron versiones que se contradicen con lo revelado por el Gobierno local luego de las primeras pesquisas.

Ante los hechos, diversos grupos colectivos feministas se volcaron a las redes sociales para exigir justicia y denunciar las irregularidades en torno al caso.

En este contexto, Guerrero Sánchez y Rivera Rivera presentaron un Punto de Acuerdo para solicitar al Gobierno estatal un informe de las investigaciones sobre el homicidio; además, urgieron a la Fiscalía estatal no dejar impune este hecho y realizar las acciones necesarias en contra de quien o quienes resulten responsables de la muerte de la doctora.

En el Punto de Acuerdo, también señalan que “resulta alarmante que servidores públicos del municipio de Progreso de Obregón, adscritos como policías y administrativos, se encuentren detenidos por su probable participación en la muerte de la doctora Hernández Ruiz”.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la violencia ejercida por policías en todo México, especialmente durante la detención, da cuenta de lo común que se ha vuelto esta práctica, sostuvieron las senadoras.

Subrayaron que de las 64 mil 150 personas que participaron en la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, 75 por ciento afirmó haber sufrido algún tipo de violencia psicológica durante el arresto, como ser desvestido o asfixiado.

Además, mencionaron que casi 64 por ciento sufrió agresiones físicas, incluidas patadas o puñetazos, lesiones por aplastamiento y descargas eléctricas y, en el caso de las mujeres, los abusos frecuentemente son sexuales.

El Punto de Acuerdo fue turnado de manera directa a la Primera Comisión, para su análisis y Dictamen correspondiente.