Comunicado de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información. Celebra Amedi aprobación de reformas para telecomunicaciones en Cámara de Diputados. Tras una ardua espera producto de las reuniones entre los coordinadores parlamentarios para lograr acuerdos y una acalorada discusión en la cual se desecharon todas las reservas planteadas por los legisladores, finalmente la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Con 414 votos a favor y 50 en contra quedó avalada la propuesta que busca reformar el régimen de la radiodifusión y las telecomunicaciones en un entorno más competitivo, plural y convergente.

Durante la deliberación se reconoció que desde que el Congreso de la Unión alcanzó pluralidad política en 1997, las legislaturas habían abdicado de su responsabilidad de aprobar reformas en la materia, siempre sometidas por las presiones de los poderes fácticos de la comunicación.

Desde la acción de inconstitucionalidad que promovió en 2006 un conjunto de senadores comprometidos con la causa de la democratización de los medios de comunicación en contra de la llamada Ley Televisa, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la discusión en contra de las reglas y los resultados de la licitación 21, las organizaciones de la sociedad civil interesadas en estos temas fueron ganando batallas que ahora se afianzan con la aprobación en la Cámara Baja de un dictamen que fortalece y amplía el derecho a la información, potenciado por el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Salvo algunos detalles que preocupan, como el hecho de que la contraprestación por la autorización para prestar servicios adicionales y el acceso a la multiprogramación no sea obligatoria, las modificaciones de la Comisión de Puntos Constitucionales incorporadas de última hora al dictamen, previo a su presentación ante el Pleno de la Cámara de Diputados, son consistentes con la propuesta original anunciada por el Ejecutivo Federal y el Consejo Rector del Pacto por México. En otros casos, se aprecian añadidos que resultaban innecesarios.

La AMEDI saluda que haya salido adelante la reforma, sobre todo porque se habían hecho públicas las presiones de las televisoras a través de legisladores que buscaban condicionar la gratuidad de las señales radiodifundidas.

En ese sentido, se preserva el carácter de servicio público de interés general de la radiodifusión y las telecomunicaciones y se incorpora un párrafo que mandata a la ley secundaria a establecer los términos que garanticen los derechos de los usuarios de telecomunicaciones.

El dictamen final erradicó la opinión del Ejecutivo Federal en el otorgamiento y revocación de concesiones y la transfirió al secretario del ramo, es decir, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, igualmente no vinculante pero con carácter técnico. Así, se aminora aún más la discrecionalidad política en el concesionamiento de bandas del espectro radioeléctrico. Sin embargo, se introdujo la opinión previa de la Secretaría de Hacienda para determinar montos de las contraprestaciones que deberá fijar el nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).

En la iniciativa del Pacto por México se decía que los nuevos comisionados del Ifetel tendrían un salario similar al de los ministros de la Suprema Corte. Ahora sus remuneraciones no podrán ser superiores a las del Presidente de la República.
Los puntos que vuelven a merecer especial atención se refieren a la radiodifusión. Por una parte, se extiende, de 120 a 180 días, el plazo para emitir la convocatoria para licitar frecuencias que permitan desplegar dos nuevas cadenas nacionales de televisión, una vez que quede instalado el Ifetel. Además, se abrió la discrecionalidad para que los concesionarios que quieran utilizar la multiprogramación de las señales digitales no tengan que pagar forzosamente una contraprestación, lo cual constituye un retroceso en función de la redacción original que sí obligaba al pago.

En materia de inversión extranjera directa, se preservó el 100 por ciento en telecomunicaciones y el 49 por ciento en radiodifusión. Sin embargo, en este último caso se introdujo la cláusula de reciprocidad, es decir, empresas extranjeras podrán invertir en la radio y la televisión mexicanas siempre y cuando sus gobiernos de origen también lo permitan.