* Reconocer la legitimidad del trabajo de los defensores de derechos humanos
* Calificaron de alto riesgo su actividad y exigieron se intensifiquen las investigaciones del homicidio del Ombudsman de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho
* Demandaron garantías para resguardar su seguridad y la de su personal; así como suficiente presupuesto para operar

Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los ombudsperson del país, agrupados en la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), demandaron la apertura de los gobernadores y del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a la crítica, el reconocimiento en la práctica de la legitimidad de los defensores de los derechos fundamentales y el establecimiento de una agenda común en la materia.

Asimismo, calificaron de alto riesgo su actividad y exigieron al gobernador de Baja California Sur intensificar las investigaciones del homicidio del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad, Silvestre de la Toba Camacho, para dar con los responsables y se les castigue conforme a la ley.

En reunión de trabajo en el Museo de la Ciudad de México, demandaron garantías para resguardar su seguridad y la de su personal, así como presupuesto suficiente para hacer realidad su encomienda de defender y promover los derechos humanos de la población.

Los ombudsperson, 13 gobernadores, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, así como 18 representantes de mandatarios de entidades federativas, acordaron impulsar conjuntamente el fortalecimiento de la cultura de la legalidad, el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas; establecer una agenda de temas a desarrollar y crear mecanismos para atender casos específicos, como el reconocimiento al trabajo de los defensores de derechos humanos.

Las y los presidentes de Comisiones Estatales de Derechos Humanos expresaron que “la negación, el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos por algunas autoridades o servidores públicos, han originado actos que deshonran nuestra condición. Lograr el pleno respeto y reconocimiento al trabajo que venimos realizando es una asignatura pendiente en México”.

Ante el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida; el gobernador de Tabasco y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), Arturo Núñez Jiménez, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, indicó que “la voluntad política que se traduce en hechos es el mejor camino para ver los avances que vayamos teniendo”.

Reprobó el artero homicidio del ombudsman de la Toba Camacho, quien se convirtió en la primera víctima mortal dentro del sistema de protección no jurisdiccional previsto por nuestra Constitución, caso que continúa en la impunidad.

“No se debe confundir a la sociedad –dijo a los gobernadores— con afirmaciones falaces, como el señalamiento de que los defensores de derechos humanos defienden delincuentes, distrayendo e invisibilizando con ello las violaciones de los derechos fundamentales”.

Acompañado por el presidente de la FMOPDH y ombudsman de Puebla, Adolfo López Badillo, les recordó la importancia de cumplir con las recomendaciones Generales 24 “Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México” y 25 “Sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos”, donde se destaca el contexto de riesgo que enfrentan y la necesidad de que las autoridades de los tres órdenes de gobierno realicen acciones de política pública que abonen en la prevención de las agresiones que reciben.

Además, les solicitó realizar una campaña pública permanente en materia de reconocimiento y no estigmatización del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos, así como para respetar sus derechos en el ejercicio de sus actividades, para sensibilizar a la población en general y especialmente a los servidores públicos.

González Pérez solicitó tomar conciencia que las políticas públicas con enfoque de derechos humanos requieren de presupuestos públicos a la altura del principio de progresividad y máximo uso de recursos disponibles. De ahí la importancia de que se elaboren colocando en el centro del valor público a los derechos humanos y sean éstos los que definan las directrices para los objetivos del gobierno.

Por su parte, López Badillo señaló que los OPDH son órganos del Estado y defensores de la sociedad, y que cada resolución que emiten es en beneficio de las personas y la población, y la hacen con estricto apego a la ley, coadyuvando con el ejercicio de la función pública.

Expresó que debe resolverse la crisis de seguridad pública, que ha cobrado la vida de un ombudsman estatal, ya que están inermes ante el ataque de la delincuencia organizada, y dijo que la defensa y la promoción de los derechos humanos necesita continuidad, ya que no sólo beneficia a la ciudadanía sino a las mismas autoridades.

También hablaron los vicepresidentes de la FMOPDH de las cuatro regiones del país­: Zona Sur, Namiko Matzumoto Benítez, de Veracruz; Norte, Melba Olvera, de Baja California; Oeste, José Raúl Montero, de Guanajuato, y Este, Jorge Andrés López, de San Luis Potosí, quienes coincidieron con los planteamientos anteriores.

En tanto, Navarrete Prida señaló que la política de derechos humanos del Estado mexicano no está a discusión, porque está plasmada en la Constitución. Ofreció que este 2018 el Gobierno federal batirá el récord de cumplimiento de las Recomendaciones por violaciones a derechos humanos.

El país tiene una larga tradición de la defensa de los derechos humanos y la dignidad de las personas. Tenemos un andamiaje en la materia de los más robustos del planeta. Constitucionalmente se señala que el Estado no otorga derechos humanos sino los reconoce. Esta doctrina marca lo que más le beneficie al individuo. México es integrante de muchos instrumentos internacionales de derechos humanos.

Reconoció que tenemos un sistema sólido, pero con claroscuros y asimétrico que ha ido ganando en la forma y en los hechos el respeto y la autonomía de derechos humanos.

Por su parte, el coordinador de la Comisión de Seguridad y Justicia de la CONAGO, Miguel Ángel Mancera Espinosa, reconoció la necesidad de implementar acciones de gobierno eficaces para cambiar lo que no funciona y permita violaciones de derechos humanos. Es Indispensable, dijo, subsanar donde haya ausencia de normas y leyes y se dé fin a estas violaciones a derechos humanos.

Consideró que en esta reunión se debe impulsar una agenda de trabajo común que dé buenos resultados; mencionó que en entrevistas anteriores con el propio ombudsman Nacional se ha avanzado para lograr adelantos tangibles y que se reforzarán.

Al declarar clausurada la reunión, Núñez Jiménez solicitó al ombudsman nacional presentar un anteproyecto de convenio a firmar por todos los gobernadores. La voluntad de apoyar y contribuir con todos los organismos defensores de derechos humanos es clara. Hay leyes y protocolos nacionales y estatales para que las cosas se hagan bien, aseguró.

Dijo que a los gobernadores no les molesta que organismos internacionales se asomen a nuestro país para ver la situación de derechos humanos, pero qué mejor que fueran las instituciones mexicanas las que actúen en ese sentido. Aseguró que gobiernos y ombudsperson no son adversarios, sino corresponsables del cumplimiento de las leyes.