* El director del diario ha denunciado amenazas y ataques en contra de su persona y de las instalaciones del medio de comunicación

* El punto de acuerdo se turnó a la Primera Comisión

Ciudad de México., 22-may-2016.- A través de un punto de acuerdo, el senador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), Marco Antonio Blásquez Salinas, solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) iniciar una investigación sobre los hechos de amenazas, agresiones y ataques denunciados por el diario Vanguardia del estado de Coahuila, a fin de investigar violaciones a la libertad de expresión.

Además, exhortó al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a tomar medidas de protección urgentes y a garantizar la vida e integridad del director del diario, Armando Castilla Galindo, y de todo su personal, así como de la seguridad de las instalaciones del medio de comunicación.

Es importante actuar lo antes posible, pues de persistir la impunidad, las autoridades de Coahuila continuarán en su escalada de ataques y agresiones en contra de Vanguardia y otros medios de comunicación de línea crítica hacia el gobierno local, aseguró el legislador.

En el punto de acuerdo, publicado en la Gaceta Parlamentaria, detalló que el diario denunció la intromisión de las altas esferas del poder en su labor informativa, lo que tuvo repercusión en otros medios y llevó a que otros periódicos, de circulación nacional, reprodujeran la nota y expresaran su rechazo a cualquier práctica que lleve a la censura o imposición de una línea editorial específica.

Sin embargo, advirtió el legislador, a pesar de la solidaridad de periodistas y empresas de comunicación, en días posteriores las agresiones se magnificaron.

“En esta ocasión, de manera abierta y utilizando a la dependencia que debiera velar por la vigencia de los derechos humanos dentro del orden constitucional, incurrió en lo que ha sido considerado no sólo por los medios de comunicación, sino también por líderes de opinión, así como actores políticos y sociales dentro y fuera de Coahuila, como un auténtico atropello”, expuso.

Blásquez Salinas también explicó que el director del diario denunció el uso ilegítimo de la fuerza al implementar un operativo “del todo desproporcionado con la naturaleza, alcances y propósito de la diligencia”, en el que Armando Castilla fue herido.

“El número en exceso de miembros de las instituciones de seguridad pública de Coahuila fue insuficiente para impedir que el director del diario fuese atropellado y terminara a bordo de una ambulancia”, señaló.

Asimismo, informó que ante los cuestionamientos por el desalojo del periodista, la Secretaría General de Gobierno comunicó que su intervención se limitó a cumplir un exhorto judicial procedente de la Ciudad de México.

Por tal motivo, el 9 de mayo, el diario publicó que la diligencia fue simulada, pues el exhorto se dirigió en contra del señor Gustavo Lara Ramos, quien ya falleció y que vendió al diario el inmueble en el que se encuentra ubicado.

En este contexto, el legislador del PT precisa que la lucha por los derechos de los periodistas no es nueva en el país. “Siempre que proliferan los ataques, los periodistas y los medios de comunicación salen en defensa de la libertad de expresión de la única manera que saben hacerlo: persistiendo en su labor informativa”.

Además, destacó que en México, las agresiones a periodistas provienen en su mayoría de servidores públicos, de acuerdo con investigaciones de la CNDH y de organizaciones defensoras de sus derechos como Artículo 19, entre otras.

“Hemos sido testigos desde homicidios en los que presidentes municipales aparecen como autores intelectuales en el estado de Veracruz, hasta la orden de propinar golpizas a reporteras en las propias instalaciones del medio de comunicación, como se registró en el estado de Guanajuato”, advirtió.

Asimismo, detalló que en muchas ocasiones, las autoridades tratan de criminalizar a las víctimas aprovechando el contexto de violencia e inseguridad que vive el país.

Blásquez Salinas resaltó que luego de su visita a México, los relatores de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, han destacado la necesidad de crear una nueva cultura de respeto a la libertad de expresión que haga conciencia entre las autoridades, para acabar con la coacción desde el poder público hacia los medios de comunicación.

El punto de acuerdo se turnó a la Primera Comisión.