Ciudad de México.- El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria (GTDA) concluyó su visita al país, la cual tuvo lugar del 18 al 29 de septiembre y durante los doce días de trabajo, sostuvo 19 reuniones con 44 instituciones federales y locales de los estados de Chiapas, Nuevo León y Ciudad de México, informan las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE).
En atención a su mandato, la delegación del GTDA realizó visitas a centros federales de readaptación social; instalaciones migratorias; centros estatales de reinserción social y de adolescentes en conflicto con la Ley; nosocomios de especialidades de salud mental y centros de asistencia e integración social. Llevaron a cabo actividades en comandancias de policía e instalaciones de procuración de justicia. En todo momento contaron con la apertura, colaboración y apoyo de las autoridades del Estado mexicano.
La reunión de cierre estuvo encabezada por Joel Hernández García, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE y Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Segob.
Por parte del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria estuvieron en el encuentro Matthew Gillett, vicepresidente de Comunicaciones; Ganna Yudkivska, vicepresidenta de Seguimiento y Miriam Estrada-Castillo, integrante del Grupo; Lucie Viersma, secretaria del Grupo y Clara Angélica García Orozco, oficial de las Naciones Unidas. De la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), estuvieron los Oficiales Alan García Campos y David Ricardo Uribe.
De igual forma, se contó con la asistencia de personas representantes de todas las instituciones con las que se sostuvo reuniones de trabajo: las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena); de Marina (Semar); de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); de Salud; Guardia Nacional (GN); Instituto Nacional de Migración (INM); Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna); Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim); Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
Asimismo, el Senado de la República y la Cámara de Diputados; la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP); Fiscalía General de la República (FGR); y Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como de los gobiernos de Ciudad de México, Chiapas y Nuevo León.
El Grupo de Trabajo señaló dentro de sus observaciones que el modelo de presunción de inocencia, ahora prescrita como principio rector en el sistema jurídico mexicano, es fundamental para evitar la detención arbitraria.
El GTDA señaló también que, en seguimiento a su recomendación anterior, en 2019 se introdujo una reforma constitucional que estableció el Registro Nacional de Detenciones (RND), en virtud del cual las detenciones deben ser inscritas dentro de las cinco horas siguientes a la privación de la libertad, y formularon diversas observaciones para su fortalecimiento.
El grupo reconoció la disminución del arraigo y que rara vez se utiliza en la actualidad, sin embargo, alienta a las autoridades mexicanas a eliminar este procedimiento y disminuir la detención preventiva.
El GTDA acogió con satisfacción que aproximadamente 95 por ciento de personas acusadas de delitos graves tienen asignados defensores públicos que los representan y que la transición a un sistema acusatorio ha colocado a los abogados defensores públicos en una mejor posición para cumplir con su mandato, sin dejar de observar la carga significativa por el número de casos para las defensorías públicas, y las limitaciones financieras y de personal, así como la necesidad de mejorar las condiciones de privación de la libertad en algunos centros de detención y prestar atención a las necesidades diferenciadas de las personas con discapacidad psicosocial.
Adicionalmente, el Grupo expresó su preocupación por la situación que enfrentan las personas en situación de movilidad en el país, a su vez, reconoció el entorno regional que ha llevado a un aumento drástico de personas que llegan a México. Se destaca que la Ley de Migración no permite que las niñas, niños y adolescentes permanezcan en una detención migratoria.
El Estado mexicano, al tiempo de recibir las observaciones preliminares, señaló al Grupo de Trabajo su preocupación debido a que no se refleja adecuadamente el contexto actual.
La política de seguridad del Gobierno de México tiene un nuevo enfoque que busca atacar las causas estructurales de la desigualdad y reconoce los desafíos en la materia; no se coincide en la apreciación del Grupo de Trabajo de que las detenciones arbitrarias se presenten de manera generalizada en el país.
Se destacó la importancia de reflejar de manera adecuada la situación del país, pues ello abonará a que las recomendaciones del Grupo de Trabajo sean implementadas y se traduzcan en acciones para el fortalecimiento institucional para el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
El Gobierno de México señala que el Grupo de Trabajo tuvo la oportunidad de abordar un amplio espectro de temas con autoridades de los diferentes órdenes de Gobierno y poderes de la unión, de manera consistente con su mandato. Las observaciones de carácter preliminar, en gran medida, reflejan este enfoque.
El Estado mexicano estará pendiente de las conclusiones finales del Grupo que serán presentadas en septiembre de 2024 en el Consejo de Derechos Humanos.
La representación del Estado refrendó su compromiso con el cumplimiento a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos previstas en el artículo 1º de la Constitución.
