Ciudad de México.- A pesar de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) suspendió por seis meses la asignación de concesiones para la explotación de los recursos hídricos de diez cuencas en el país, los decretos que dan paso a la concesión de las mayores riquezas de México, aún más que el petróleo porque es esencial para la vida, siguen vigentes, advierte el senador Gonzalo Yáñez.

Por lo anterior, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hizo un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que analice la posibilidad de ejercer sus facultades e interponer un recurso de inconstitucionalidad en contra de los decretos de reservas de agua ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En entrevista apuntó que los decretos emitidos son contrarios a diversas disposiciones constitucionales, en primer lugar, del derecho humano al agua reconocido en el artículo 4º; en segundo, se basan en la Ley de Aguas Nacionales, la cual no ha sido modificada como mandata el artículo 3º transitorio de la reforma del propio artículo 4o de 2012, lo que, además, coloca en falta al Congreso de la Unión.

Respecto al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la SCJN advierte que el derecho al agua potable es fundamental e indispensable para la realización, goce y disfrute de los demás derechos humanos, cuya preservación en cantidad, calidad y sustentabilidad es tarea fundamental tanto del Estado como de la sociedad.

Por cuanto a que tal derecho está basado en las premisas de un acceso al bienestar de toda la población, sustentado por los principios de igualdad y no discriminación, independientemente de las circunstancias sociales, de género, políticas, económicas o culturales propias de la comunidad en la que se opera, agregó.

“También están desconociendo el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y a la autodeterminación según sus propias formas de gobierno sobre las aguas en sus territorios; esto es muy grave y un retroceso en el reconocimiento y ejercicio de los derechos de estas comunidades”, alertó el legislador por Durango.

Por si fuera poco, continuó, 50 mil concesiones de centros agrarios se encuentran en riesgo, ya que acorde a los decretos de reservas de agua, deberán haberse renovado antes de que entren en vigor los decretos, es decir, hoy, “están poniendo en riesgo la forma de vida y la producción agrícola en diversas regiones del país”, añadió.

Yáñez explicó que las autoridades federales hicieron una interpretación a modo del derecho humano al agua y lo equiparan al “uso público urbano”, pero el término es tan ambiguo que puede dársele cualquier uso que determine el organismo estatal o municipal, los cuales podrán concesionar los servicios de agua y saneamiento.

“Dos aspectos que son preocupantes para la conservación de nuestros recursos hídricos son el otorgamiento de volúmenes de agua reservados a entidades que incluyen a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la generación de energía eléctrica lo que implica la construcción de presas y desviación de los cauces naturales de los ríos”, añadió.

En el mismo sentido, manifestó su preocupación por las reservas de agua para uso ambiental, conservación ecológica o caudal ecológico, que arbitrariamente serán concesionadas a particulares, sin supervisión alguna, y alientan un aprovechamiento máximo de las aguas para el desarrollo económico, sin considerar que son parte de diversos ecosistemas que resultarán alterados o destruidos por cambios en el flujo de los caudales.

El senador indicó que si no fuera posible invalidar los decretos de reservas de aguas y las consecuentes concesiones, con toda seguridad serán revocados por Andrés Manuel López Obrador, “nuestro presidente una vez que asuma el cargo de manera oficial tomará todas las acciones necesarias para proteger los intereses de las y los mexicanos, entre ellos, el agua”.