Monterrey, Nuevo León.- Autoridades y ciudadanía están obligadas a crear y consolidar un México más incluyente y una sociedad más igualitaria, afirmó la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, al impartir la conferencia “Los avances jurisdiccionales para contribuir a la garantía de los derechos político-electorales de las personas históricamente discriminadas”, como parte de los Diálogos con la Defensoría Pública Electoral del TEPJF.

En su participación, destacó la necesidad de que la ciudadanía sea vigilante para que las poblaciones vulnerables puedan participar en los procesos electorales, y mantener vivo el anhelo de una sociedad pluralista y más igualitaria a través de una representación política con menos discriminación, en la que todas las personas sean incluidas.

Luego de afirmar que el primer asunto que resolvió la Defensoría en materia de violencia política en razón de género sentó un precedente relevante para la elección de mujeres, resaltó que la democracia puede ser para todas las personas y no solo para un grupo de élite.

Otálora Malassis afirmó, no obstante, que no se pueden dar por seguros la inclusión y el respeto a los derechos de las minorías, y citó como ejemplo las regresiones que hoy afectan a los migrantes y a la población de la diversidad sexual en Estados Unidos y algunos países europeos.

Advirtió que es necesario vigilar a quienes accedan a los cargos de representación política por la vía de las acciones afirmativas, con el objetivo de que no cometan fraude mediante una autoadscripción a esas poblaciones de manera falsa o simulada. Tampoco se debe permitir el silencio de quienes representan a alguno de esos grupos en los congresos federal o locales.

Confió que, en la segunda etapa de la elección judicial, a celebrarse en 2027, se puedan reservar candidaturas a personas juzgadoras que representen a personas indígenas, de la diversidad sexual o con discapacidad, tal y como ahora se aplican las acciones afirmativas para las elecciones a cargos políticos.

Durante la inauguración, destacó que la labor de la Defensoría Pública Electoral del TEPJF ha sido un parteaguas en el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de quienes han sido históricamente discriminados. Por ello, dijo, la justicia no debe ser vista solo como un mecanismo legal, sino como una herramienta fundamental para fortalecer la democracia y garantizar una sociedad incluyente más allá de lo que dicen las leyes.

La magistrada agregó que hablar de justicia electoral significa garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades para participar en la vida democrática del país, pues mediante su voz y voto definen las políticas públicas que regirán nuestra vida cotidiana.

No podemos hablar de una verdadera democracia si hay personas que enfrentan barreras para esa participación, advirtió.

En el evento participaron Claudia Patricia de la Garza Ramos, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León; Beatriz Adriana Camacho Carrasco, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de la entidad; Beatriz Claudia Zavala Pérez, consejera del Instituto Nacional Electoral y Marina Martha López Santiago, encargada de despacho de la Defensoría Pública Electoral del TEPJF.

Las personas participantes resaltaron la importancia de estos espacios porque permiten intercambiar experiencias e identificar retos que persisten en el camino hacia una justicia verdaderamente universal, en especial para los grupos históricamente discriminados.

Señalaron que las autoridades electorales comparten el compromiso de garantizar el acceso a la justicia para todas las personas, especialmente quienes enfrentan mayores barreras para ejercer sus derechos político-electorales.