Un año después de decretado el estado de excepción habían sido detenidas 67.000 personas, muchas de ellas de forma arbitraria. Tres expertos de la ONU piden que se derogue inmediatamente la medida y que se revisen los poderes amplios otorgados para enfrentar la violencia de las pandillas.

Tres expertos de la ONU en derechos humanos* manifestaron alarma por la renovación del estado de excepción en El Salvador, en vigor desde el 27 de marzo de 2022 y decretado por el presidente Nayib Bukele tras una escalada de asesinatos cometidos por pandillas, que dejó casi 90 muertos.

En un comunicado, los relatores especiales subrayaron que si bien el gobierno tiene la obligación de proteger a los ciudadanos de actos tan atroces, no puede pisotear el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad pública, y pidieron derogar inmediatamente el estado de excepción y revisar los nuevos poderes amplios otorgados para encarar el problema de las pandillas en la nación centroamericana.

“El prolongado estado de excepción, junto con la legislación que permite una mayor vigilancia, un enjuiciamiento más amplio y una determinación más rápida de la culpabilidad y de la sentencia, conllevan el riesgo de violaciones masivas del derecho a un juicio justo”, advirtieron los expertos.

Asimismo, recalcaron que las personas aprehendidas en “esta red de arrastre del Gobierno” salvadoreño deben tener garantizado el goce de sus derechos.

Detenciones arbitrarias

Según las cifras oficiales, en septiembre de 2022 se había detenido a 58.000 personas, incluidos 1600 menores, bajo el régimen de excepción, y en marzo pasado la cifra de detenidos llegaba a más de 67.000.

La información con la que cuentan los relatores indica que muchas de estas detenciones son arbitrarias y algunas constituyen desapariciones forzadas de corta duración.

Frente a estos abusos, llamaron a las autoridades de El Salvador a garantizar que las personas no sean arrestadas sin autorización legal suficiente por la simple sospecha de pertenecer o estar asociadas con una pandilla.

En octubre de 2022, los relatores presentaron al Gobierno de El Salvador un escrito en el que instaban a “revisar y reconsiderar la aplicación del estado de emergencia y llevar a cabo un análisis independiente de las modificaciones legislativas adoptadas” para asegurar su apego a los estándares internacionales de derechos humanos.

Tras expresar su preocupación por el respaldo que el gobierno presta al concepto de “delito flagrante permanente” para favorecer los arrestos sin orden judicial de personas sospechosas de pertenecer a pandillas, abogaron por el respeto a las garantías fundamentales estipuladas en las leyes internacionales de derechos humanos relativas al debido proceso de todos los detenidos.

Juicios masivos

De acuerdo con las informaciones recibidas, las audiencias iniciales, en las que los jueces revisan la legalidad de un arresto y deciden sobre los cargos y la prisión preventiva, se celebran en grupos de hasta 500 personas, en tanto que los abogados defensores tienen de tres a cuatro minutos para presentar los casos de 400 a 500 detenidos a la vez. También se han denunciado juicios masivos.

“Las audiencias y los juicios masivos, a menudo realizados de manera virtual, socavan el ejercicio del derecho a la defensa y la presunción de inocencia de los detenidos”, puntualizaron los expertos y agregaron que “el uso excesivo de la prisión preventiva, la prohibición de medidas alternativas, los juicios en ausencia y la posibilidad de utilizar prácticas como ‘jueces sin rostro’ y testigos de referencia, atenta contra las garantías del debido proceso”.

Los más pobres son los más afectados

Los relatores señalaron que miles de familias han sido afectadas económicamente al tener que incurrir en gastos adicionales para defender a sus seres queridos y brindarles bienestar, salud y seguridad, y alertaron de que las medidas vigentes “amenazan con criminalizar a las personas que viven en las zonas más empobrecidas y que han sido blanco de pandillas en el pasado”.

Para terminar, afirmaron que el nivel de interrupción e interferencia en el sistema de justicia salvadoreño corre el riesgo de limitar el acceso a la justicia para todas las personas en El Salvador, y agregaron que genera demoras indebidas tanto en los procesos civiles como en los penales, tiene un impacto negativo en las garantías del debido proceso y en la protección contra la tortura y el derecho a la vida, además de que puede dar lugar un aumento del hacinamiento en las prisiones y centros de detención.

Los relatores firmantes del comunicado son: Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados; Fionnuala Ní Aoláin, relatora especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.