* La magistrada presidenta del TEPJF dijo que la Sala Superior está construyendo nuevos criterios para proteger los derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas

* La Defensoría para pueblos y comunidades indígenas surge como protección jurídica especial para acceder en condiciones de igualdad a la justicia electoral: Marina López

San Cristóbal de las Casas, Chiapas.- La defensa de los derechos político-electorales es presupuesto para la salvaguarda del resto de los derechos humanos, afirmó la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, al presentar el Protocolo para Defensoras y Defensores de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas.

“Si no se les reconoce el derecho a la participación política, no van a poder tener trincheras desde donde exigir que se respeten derechos mínimos que hacen una vida digna”, expresó ante defensoras y defensoras e integrantes de comunidades indígenas.

La magistrada presidenta del TEPJF destacó la importancia de dejar documentada la experiencia de la Defensoría Pública Electoral y compartirla con quienes, sean juristas o no, tienen inquietudes sociales respecto del tema de los derechos de las comunidades indígenas.

Durante su intervención, Otálora Malassis señaló que las realidades de las comunidades indígenas son distintas en el país y dijo que aún hay algunas en las que no se les permite a las mujeres votar, mucho menos ser votadas.

“Estamos construyendo el respeto de 15 millones de habitantes de comunidades indígenas de este país, a quienes se les había estado negando el acceso a una justicia electoral”, manifestó y destacó que se está avanzando en nuevos criterios para garantizar los derechos político-electorales.

En lo particular, dijo, casos emblemáticos que hemos atendido en la defensoría, han aportado a mi visión como magistrada de la Sala Superior, donde se ha logrado cambiar el enfoque, para garantizar a las comunidades indígenas el respeto a sus sistemas normativos.

Así como poder entender que la paridad -otro gran tema- no se va a aplicar en las comunidades indígenas, de la misma manera en que se hace y se exige, por ejemplo, en  los partidos políticos, explicó al referirse a casos de violencia política de género contra las presidentas de Chenalhó y Oxchuc, quienes ganaron los cargos en las urnas, pero no se les dejaba ejercer su función, así como de mujeres regidoras que  ganaron comicios y no se les ha llamado a tomar la protesta correspondiente.

“Casos como el de Rosa Pérez, presidenta de Chenalhó, enfatizó, se han abordado con mucha prudencia. En los juicios que involucran a las comunidades indígenas no se puede forzar la aplicación de principios y valores constitucionales mediante los métodos usuales, porque entra en juego la autodeterminación política que la propia Constitución igualmente les reconoce”.

A su vez, la titular de la Defensoría Pública para pueblos y comunidades indígenas del TEPJF, Marina Martha López Santiago, señaló que a más de un año de la creación de la Defensoría, se han recibido 150 solicitudes de atención, de las cuales 92 han sido asesorías y 52 de defensa de derechos políticos-electorales, con lo cual se está saldando una cuenta pendiente de acceso de los pueblos y  comunidades a la tutela judicial.

* Se quejan mujeres indígenas de que no ser llamadas a protestar y ocupar cargos ganados en comicios

La presentación del Protocolo dio paso a un intercambio de puntos de vista con representantes de distintas comunidades del estado de Chiapas, que destacaron la importancia de que se escuche y se incluya a hombres y mujeres indígenas en la deliberación sobre los asuntos relacionados con la defensa de sus derechos políticos electorales, a fin de favorecer una más amplia comprensión de los mismos.

Además, los participantes en el encuentro resaltaron la importancia de que se reitere que cuando se habla de usos y costumbres, se está hablando de  respeto total a las mujeres y  hombres, así como del derecho a su autodeterminación.

La regidora de Santiago El Pinar, Martha López Gómez, explicó la problemática que enfrenta en su comunidad tras ganar el cargo y no ser llamada para tomar protesta.

“En mi comunidad ganó una presidenta y su esposo es el que ejerce el cargo. De la planilla de regidores, las mujeres que ganaron no ejercen, son sus maridos. A mí no me llamaron a tomar el cargo, no nos escuchan”, lamentó.

En la presentación del Protocolo participaron Martha Angélica Tagle Martínez, consultora de Mujer, Ideas, Desarrollo e Investigación SC; María Margarita Dalton Palomo, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Pacífico Sur; Anabel López Sánchez, representante del Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres AC y Rosa Pérez Pérez, alcaldesa de Chenalhó.