Al presentar una iniciativa ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el legislador sostuvo que “este sector social es de los grupos con mayor grado de vulnerabilidad ante los delitos de trata de personas, específicamente entre mujeres y niños”.
Robles Montoya planteó modificar la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, de manera que se defina a las comunidades indígenas como zonas de atención prioritarias.
“Advertimos, compañeras y compañeros, que lo que respecta a la atención preventiva a zonas y grupos de alta vulnerabilidad no se incorpora de forma explícita a las comunidades indígenas como una de las zonas de atención prioritaria, por lo cual sostenemos la pertinencia de incorporar a estos grupos sociales dentro de este aspecto fundamental en el combate al delito de trata”, dijo.
La iniciativa del senador por Oaxaca contempla que cuando la víctima del delito de trata pertenezca a un grupo indígena y en razón que se haya identificado con mayor vulnerabilidad, ésta recibirá atención especial.
Esto se suma a la obligación de la Comisión Intersecretarial de garantizar condiciones de protección a víctimas del delito de trata que pertenezcan a una comunidad indígena, contenida en la ley, ofreciéndoles un traductor en caso de que hablen un idioma diferente al español.
“Todos sabemos de las condiciones por las que muchos de estos pueblos padecen, como la discriminación, la pobreza y la marginación que se han vuelto una constante, por lo que es imprescindible seguir trabajando en pro de esta población en todos los frentes”, agregó el legislador.
Robles Montoya explicó que la iniciativa surge a partir de revisar el análisis que presentó el Observatorio Nacional Ciudadano acerca de la eficiencia del combate al delito de trata de personas en el país mediante diversas solicitudes de información sobre el tema a varias dependencias de la administración pública federal y local.
Al señalar que “México aún es considerado como uno de los mayores lugares de origen, tránsito y destino de trata de personas”, apuntó que de acuerdo con el Informe del Departamento de Estado de Estados Unidos para 2013, México sigue sin cumplir con las normas mínimas para la erradicación del delito de trata.
Agregó que el informe también denunció una falta de coordinación de las instituciones encargadas de perseguir el delito de trata, así como la “acotada comprensión de los servidores públicos en torno al problema aunado a altos índices de corrupción por parte de los funcionarios adscritos a estas instituciones”.
Por esa razón, el senador oaxaqueño consideró pertinente modificar la ley en la materia para que de una manera más clara y precisa se cuente con información estadística acerca de la trata de personas, preservando siempre la información susceptible de confidencialidad y reservas por razones de evidente obviedad.
La iniciativa fue turnada a la Comisión Contra la Trata de Personas del Senado de la República, para su análisis y dictamen.
