* Cobró vidas y afectó seguridad y patrimonio de las personas como consecuencia de los sismos del 7 y 19 de septiembre
* A la fecha, la CNDH ha recibido 130 quejas como consecuencia del sismo
* Presentan CNDH y UNAM Estudio de Protección Civil y Derechos Humanos

Ciudad de México.- Aún es temprano para aventurar conclusiones definitivas sobre los derrumbes provocados por los recientes sismos donde muchas personas perdieron la vida, resultaron lesionadas o vieron afectado su patrimonio, reconoció Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Sin embargo, se investiga que la omisión, negligencia, corrupción y falta de aplicación de la ley en este ámbito, afectaron tanto la seguridad y patrimonio de las personas, como también cobraron vidas, señaló durante la presentación del Estudio de Protección Civil y Derechos Humanos, elaborado por la CNDH y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por conducto del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad.

Luego de señalar que la fecha la CNDH ha recibido 130 quejas como consecuencia del sismo, apuntó que las construcciones en el país deben tener como premisa básica la protección y garantía de la integridad y vida de las personas. No hay interés económico o particular que pueda ser más valioso que la vida humana, aseguró.

Indicó que, si bien no es posible evitar que un fenómeno natural genere una condición de desastre, debe cuestionarse cuántos derrumbes fueron realmente inevitables y cuántos eran prevenibles si se hubiese actuado con responsabilidad y conciencia, si se hubiese observado y aplicado debidamente la normatividad existente en la materia y se hubiese contado con una sólida base cultural de prevención.

Los recientes desastres naturales –explicó- evidenciaron la necesidad de consolidar esquemas que garanticen, en mejor forma, que las medidas que se han tomado para hacer frente a fenómenos naturales como los antes referidos, tengan desde sus primeros momentos una perspectiva de derechos humanos, con el fin de propiciar que las acciones que se emprendan para prevenir, contrarrestar y remediar sus efectos, asuman como premisa básica e irrenunciable el reconocimiento y respeto de la dignidad humana.

Puso en relieve la necesidad de revisar y actualizar los reglamentos de obras y construcciones, tanto en la Ciudad de México como en las demás entidades del país, para reforzar su pertinencia, utilidad y, sobre todo, los mecanismos de seguimiento y supervisión acerca de su aplicación.

Subrayó que ver la protección civil como un ámbito meramente técnico o administrativo es una concepción que debe eliminarse, ya que la forma en que las autoridades den una respuesta real y efectiva a los requerimientos de la sociedad ante la inminencia o consumación de un desastre, incide directamente en la vida e integridad, física y patrimonial, de las personas, así como en la vigencia o vulneración de sus derechos humanos.

En el acto efectuado en el Centro Nacional de Derechos Humanos de la CNDH, estuvieron presentes Javier Delgado Campos, director del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, de la UNAM (PUEC); Francisco David Velasco Carpio en representación de Fausto Lugo García, director de la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México y Jorge Ulises Carmona Tinoco, sexto visitador General de la CNDH.

Ante la audiencia, González Pérez mencionó que, si bien ha habido avances relevantes en materia de protección civil desde el sismo de 1985, lo cierto es que con el tiempo esas acciones pasaron de lo prioritario a lo rutinario, mientras que la conciencia del riesgo constante en que vivimos y la necesidad de consolidar una cultura de prevención quedaron en segundo plano.

Apuntó que los esfuerzos y acciones ante los desastres no deben ser reactivas, por lo cual se requiere consolidar un sistema con sustento en una norma clara y pertinente, tener instituciones fuertes y una cultura general de prevención de desastres que involucre a autoridades y sociedad para actuar con responsabilidad y anticipación.

Lo anterior, para reducir, en la medida de lo posible, las consecuencias de los fenómenos que se presenten e insistió en la necesidad de incluir en esos programas a la población indígena, manifestó el ombdusman nacional.

Por su parte, Delgado Campos invitó a reflexionar sobre qué ciudad y qué país estamos construyendo, pese a que tenemos 45 años de planificación urbana y 21 de programas de ordenamiento de la zona metropolitana.

Habló de la lógica de mercado en materia inmobiliaria, y de que, aunque ya conocemos los riesgos y vulnerabilidades a las que estamos expuestos los mexicanos sobre las que tenemos establecidos reglamentos, cada sismo nos trae nuevas enseñanzas, que sin embargo no se han traducido en reglas de prevención en la norma de construcción.

El director del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, de la UNAM (PUEC) planteó la paradoja de que los sismos hayan afectado la zona metropolitana, la más desarrollada con mejores datos socioeconómicos y buenas medidas de prevención y también la región sureste del país, la zona más pobre y que no cuenta con reglamentos rigurosos.

La síntesis ejecutiva del Estudio de Protección Civil y Derechos Humanos puede consultarse en la siguiente liga: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Sintesis-Proteccion-civil-DH.pdf