* Ningún servidor público podrá ganar más que el presidente de la República, reiteran
Ciudad de México.- Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República aprobaron con cambios la Minuta que reforma los artículos 116 y 127 de la Constitución, para regular las remuneraciones de los servidores públicos, federales, estatales y municipales, y no sobrepasen el límite establecido para el presidente de la República.
Con cinco votos a favor, cuatro abstenciones y uno en contra, se aprobó por la Comisión de Puntos Constitucionales, mientras que la de Estudios Legislativos, segunda fue avalado por siete votos a favor y dos abstenciones.
En el artículo 127 incluye a las personas de derecho público y a los órganos autónomos, quienes recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.
Se agregó un segundo párrafo al mismo artículo para establecer que en el caso de las universidades e instituciones de educación superior autónomas, se estará a lo dispuesto en la fracción VII del artículo 3º de la Constitución.
Establece, en el artículo Segundo Transitorio, que las remuneraciones superiores a la del presidente, deberán ser ajustadas o disminuidas en los presupuestos de Egresos correspondientes al Ejercicio Fiscal del año siguiente.
Dichas disposiciones deberán cumplir con la sentencia del 20 de mayo de 2019, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018.
En el Tercero Transitorio, precisa que el Congreso de la Unión y las legislaturas locales expedirán o adecuarán la normatividad aplicable, de conformidad con los términos del presente decreto, dentro de un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor.
Durante la reunión se aprobaron modificaciones al artículo Cuarto Transitorio, presentada por el senador del Partido Acción Nacional, Julen Rementería del Puerto, para que los parámetros, elementos y procedimientos relativos a las remuneraciones de los servidores públicos sean vinculantes a la Cámara de Diputados, responsable de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.
En ese sentido, fueron avaladas modificaciones al artículo cuarto transitorio propuestas por Rementería del Puerto para establecer que el órgano técnico responsable de definir los parámetros, elementos y procedimientos relativos a las remuneraciones de los servidores públicos sean vinculantes a la Cámara de Diputados, responsable de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
“Esto recoge la inquietud de cuál es el salario, cuál sería lo justo para unos, para otros, y falta que tenga un grado de vinculación de este órgano técnico, para que no sean como las llamadas a misa, que no servirán de nada”, precisó.
Asimismo destacó que no existe un parámetro que diga cuál sería la cantidad adecuada, y por ello se propone que las decisiones sean vinculantes para la determinación de las percepciones.
Cabe recordar, dijo, que la minuta enviada por la Cámara de Diputados, dispone que ningún servidor público pueda recibir un salario o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el PEF.
Dicho dictamen establece que no podrá cubrirse ninguna percepción mediante el ejercicio de partidas cuyo objeto sea diferente en el presupuesto correspondiente, salvo el caso de que las transferencias se encuentren autorizadas, informó.
El legislador veracruzano expresó su voto en abstención, “porque la redacción propuesta para el artículo 127 constitucional incluye a los integrantes del Poder Judicial de la Federación, violentando la división de poderes, independencia judicial y los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema.
El senador del Partido de la Revolución Democrática, Miguel Ángel Mancera Espinosa, se pronunció a favor de regular el sueldo de los servidores de la Federación, el Poder Legislativo y el Ejecutivo, pero no en el Poder Judicial porque vulnera el orden jurídico e invade sus facultades, ya que este debe determinar sus criterios de austeridad.
Del Partido Revolucionario Institucional, la senadora Claudia Ruiz Massieu dijo que el dictamen vulnera la autonomía, violenta la división de poderes y los derechos adquiridos de los funcionarios de los órganos autónomos y el Poder Judicial, además es contradictoria con otros ordenamientos.
Se prevé que el dictamen sea puesto a consideración del Pleno para su análisis, discusión y, eventual, aprobación. De ser avalado con los cambios hechos por las comisiones, será devuelto a la Cámara de Diputados.
