Ciudad de México.- María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), realizó las primeras designaciones bajo un esquema que, respetando la normatividad actual del organismo, complementa la experiencia jurídica y las vivencias del trabajo directo con las víctimas -incluso algunos de ellos víctimas también- que contribuirá a fortalecer a la Defensoría del Pueblo.
Con la idea de fortalecer la renovación y avanzar en su tarea de poner al centro de interés a las víctimas, dijo que desde el inicio de su gestión ha sostenido reuniones con organizaciones y colectivos de diverso signo y comprobado activismo pro-derechos humanos, pero sobre todo con víctimas, con el objetivo de escuchar sus demandas y peticiones para a partir de ellas ir conformando su equipo de trabajo.
Resultado de ello, Piedra Ibarra ha determinado dar un paso más en la dirección de ampliar la representatividad, la funcionalidad y la independencia de este organismo constitucional autónomo.
Después de aceptar las renuncias de los titulares de las seis visitadurías generales, a quienes hizo un especial reconocimiento por el ordenado proceso de transición vivido, designó a José Martínez Cruz como director General de la Primera Visitaduría y a Carlos Fazio como director General de la Segunda Visitaduría, con encargo especial para atender los temas relacionados con el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional.
Asimismo, a Hilda Téllez Lino, en la dirección General de Quejas en Materia Penitenciaria e Inconformidades de la Tercera Visitaduría; a Joaquín Aguilar Méndez, quien actualmente se desempeña como visitador Adjunto, como director General de la Cuarta Visitaduría; a Elizabeth Lara Rodríguez, actualmente encargada de la oficina regional en Oaxaca, como directora General de la Quinta Visitaduría y a Edgard Sánchez Ramírez, como director General de la Sexta Visitaduría.
Todos ellos en funciones de la titularidad de las visitadurías generales respectivas a partir del 1 de enero de 2020, y con la encomienda de buscar y aplicar mejores fórmulas y políticas para promover y defender los derechos humanos, en sus respectivas áreas de responsabilidad.
