* Gobierno de Yucatán decidió retirarle a los elementos de seguridad, pese a que cuenta con medidas de protección desde 2017
* Subsiste el riesgo inminente de ese entonces, por lo que causa desconcierto e incertidumbre que le rescinda la medida de escoltas
Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lamenta profundamente y condena de forma enérgica, la decisión tomada por el Gobierno del Estado de Yucatán, respecto de la seguridad de la defensora de los Derechos Humanos, Clemencia Adelaida Salas Salazar, de retirarle el servicio de escolta, pese a que contaba con las medidas de protección en esa entidad federativa.
La mujer ha sido incansable defensora en pro de la mujer en Yucatán, además de representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y representante legal de “Ni una Más A.C.”; promotora de que se decrete en Yucatán la Alerta de Género e integrante de la “Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México”.
El 30 de marzo de 2017, la CNDH solicitó al Gobierno del Estado de Yucatán la implementación de medidas cautelares con el objetivo de garantizar la vida e integridad física de la defensora, no obstante, lo anterior, a la fecha subsiste el riesgo inminente de ese entonces, por lo que causa desconcierto e incertidumbre a este Organismo Nacional el hecho de que hoy el Estado de Yucatán rescindió la medida de escoltas.
Por tal motivo, este Organismo Nacional solicitó, el 6 de abril de 2020, la incorporación de Salas Salazar al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, e hizo un llamado a las autoridades de Yucatán, con la finalidad de que restablezcan las medidas de protección a la defensora afectada con la suspensión de escoltas.
Las acciones emprendidas por la CNDH son con el objetivo de prevenir, atender y dar seguimiento a las agresiones contra personas defensoras por las acciones y/o omisiones de las autoridades de los tres niveles de Gobierno.
La CNDH subraya la importancia de que el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas analice y, en su caso, ofrezca todas las garantías de seguridad y protección a la defensora y su familia, y además revise el nivel de riesgo en el que se encuentran.
De igual manera, solicita al Gobierno de Yucatán se continúe con el servicio de escolta para la defensora de Derechos Humanos, en tanto su caso sea analizado por la Junta de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, así subraya la importancia de que el Estado garantice condiciones que permitan que los defensores ejerzan su profesión sin restricción alguna.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha estado en contacto permanente con la defensora Salas Salazar y estará atenta a la actuación de las autoridades correspondientes.
