* Las medidas cautelares fueron solicitadas a diversas autoridades de Jalisco el pasado 21 de julio y fueron aceptadas tres días después por las autoridades
Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que autoridades del estado de Jalisco aceptaron su solicitud de implementación de medidas cautelares a familiares del joven Giovanni López Ramírez, quienes se encuentran en una situación de peligro real, de vulnerabilidad y riesgo extraordinario dentro de su comunidad.
El pasado 20 de julio, personal de la CNDH entrevistó a familiares de Giovanni, quien fue presuntamente detenido por elementos de la Policía Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, por no utilizar cubre bocas y tras forcejear con dichos servidores públicos fue lesionado gravemente, lo que derivó en su fallecimiento.
Durante la entrevista, los familiares refirieron haber recibido amenazas de muerte y fueron objeto de actos intimidatorios por parte de los policías municipales, situación que advirtieron sus propios vecinos, viéndose en la necesidad de abandonar su comunidad.
Por ello, el pasado 21 de julio, solicitó a los titulares de la Secretarías General de Gobierno y de Seguridad, la Fiscalía General y la Secretaría Técnica de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, todos del estado de Jalisco, con el objeto de establecer las medidas necesarias para brindar seguridad y protección a los familiares de Giovanni y evitar poner en riesgo la integridad física y la vida de éstos.
El Organismo Nacional Autónomo también les pidió tomar acciones para evitar nuevos actos intimidatorios, se les reconozca la calidad de víctimas y tengan acceso a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de conformidad con la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco.
Las citadas medidas cautelares fueron notificadas en su oportunidad a dichas autoridades y el 24 de julio pasado, esta Comisión recibió sus respuestas de aceptación correspondientes.
La CNDH continuará atenta al cumplimiento que las autoridades del estado de Jalisco realicen, respecto a la implementación de dichas medidas, vigilando que se respeten los derechos humanos de las personas agraviadas, a quienes se continuará brindando el acompañamiento del caso.
