* Proponen establecer el equivalente de 400 a cuatro mil días multa; la sanción podría aumentar si se trata de delincuencia organizada

Ciudad de México.- Con el objetivo de detener el comercio ilegal de vida silvestre, que pone en riesgo la biodiversidad nacional, David Bautista Rivera, diputado del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una Iniciativa para reformar el Código Penal Federal, con el fin de aumentar las penas a quien cometa dicho ilícito.

El legislador propone establecer una pena de tres a 12 años de prisión y el equivalente de 400 a cuatro mil días de multa; el texto vigente impone una sanción de uno a nueve años de prisión y de 300 a tres mil días de multa. Así como se pronunció por aumentar la condena hasta 16 años cuando se trate de delincuencia organizada.

Explicó que los animales juegan un papel determinante en el equilibrio ecológico, ya que integran la biosfera y cumplen destacadas funciones en los ecosistemas, entre las que cabe mencionar la de descomponedores de residuos, polinizadores y controladores biológicos, entre muchas otras.

Sin embargo, apuntó, la biodiversidad se encuentra en declive, principalmente por el cambio climático, la pérdida de hábitat natural resultado de la explotación para obtener alimentos, combustible y madera y, sobretodo, la sobreexplotación de plantas y animales por parte de los humanos a través de la tala, caza, pesca y el tráfico ilegal.

El tráfico de especies involucra la extracción, transporte, comercialización, acopio y posesión de especies de flora y/o fauna silvestre, mediante la captura, caza y colecta, en contravención de las leyes y tratados nacionales e internacionales, para satisfacer el deseo, impulsado por el estatus social asociado, de poseer mascotas exóticas, trofeos de caza, plantas y animales raros, añadió.

El diputado detalló que en el país ha aumentado este delito, pues uno de cada cinco cargamentos de exportación de flora o fauna inspeccionados por la aduana es ilegal y, desde 1995 a la fecha, se decomisaron más de 150 mil ejemplares de plantas y animales. Muchos, en su mayoría, están en peligro de desaparecer, apuntó.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre las especies de fauna más afectadas en el país, destacan el perico cabeza amarilla, la guacamaya roja y verde, el tucán pecho amarillo, el mono araña, el mono aullador, la tarántula rodillas rojas, la iguana negra y verde, la víbora de cascabel y el aguililla de Harris.

También, se trafican especies de la totoaba, jaguar, águila real, borrego cimarrón y en el caso de la flora, especies de cactáceas del género Mammilaria y especies de palmas del género Chamaedora, así como un gran número de especies de la familia de las orquídeas.

Reveló que cada ejemplar puede alcanzar cifras exorbitantes, las especies mexicanas que adquieren un mayor precio son: el jaguar, mismo que se puede vender entre 40 mil y 70 mil pesos; el águila real que puede llegar a costar 50 mil pesos; la guacamaya roja que puede valer hasta 40 mil pesos; el puma que puede alcanzar un valor de 30 mil pesos; y el loro cabeza amarilla que puede llegar a los 20 mil pesos. Todos estos costos son estimaciones tanto del mercado legal como del ilegal.

Bautista Rivera consideró que conocer las secuelas ambientales, sociales y económicas del tráfico ilegal de especies, es el primer paso en la lucha contra su supresión, ya que su naturaleza reclama un rumbo sistémico e integral.

Insistió en que se requieren esfuerzos de educación ambiental y colaboración nacional e internacional entre los diferentes órganos de Gobierno, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, pero, principalmente, se deben fortalecer las penalizaciones y ejercer la ley sobre las organizaciones criminales que se dedican a estas actividades.

El éxito de una estrategia nacional en la ofensiva al comercio ilegal de vida silvestre dependerá, en gran medida, de voluntades y acciones conjuntas entre sociedad y Gobierno, puntualizó.

La Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 420 del Código Penal Federal, fue turnada directamente a la Comisión de Justicia; con opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, ambas de la Cámara de Diputados.