EN 23 ESTADOS DE LA REPÚBLICA YA EXISTEN LOS COMITÉS PARA PROMOVER EL NO PAGO DE LA DEUDA 

La Promotora Nacional para la Suspensión del Pago de la Deuda Pública se constituyó hace un mes y está conformada por ciudadanas y ciudadanos, por mujeres, hombres y jóvenes, jubilada/os y pensionada/os, por organizaciones sindicales, campesinas, populares y de comunidades indígenas, así como compañeras y compañeros de la academia, de la cultura y de las artes, de trabajadores de la salud, de la educación y de la comunicación, así como también de representantes populares. La Promotora está ya presente en alrededor de 23 Estados del país en donde se están conformando promotoras estatales e incluso entre los connacionales en el país vecino.

¿Por qué y para qué promovemos esta causa noble y justa de suspender el pago por el servicio de la deuda pública y de aplicar una auditoría sobre ella?

Estas son las razones:

Hoy el mundo vive una tremenda y severa crisis económica y social agravada por la pandemia. Y como toda crisis los principales afectados son las y los trabajadores, las y los oprimidos y las y los olvidados de la tierra, y sobre todo los que viven en los países pobres.

Cientos de millones han perdido su empleo y la pobreza mundial se ha acrecentado de manera inaudita. El mundo se ha tornado más injusto por la pandemia. Esta severa crisis que padecemos es quizás más grave que la que aconteció en la década de los 30’s del siglo pasado y que se denominó “la Gran Depresión”. La economía mundial en este año se va a desplomar en -4%, pero en los países pobres el derrumbe será mayor y en los países empobrecidos como México la contracción será de -10%. Nadie sabe cuánto durará esta crisis y menos ahora en que se anuncia un rebrote mundial de la pandemia.

Aquella gran crisis del siglo pasado duró 10 años y la de ahora nadie lo sabe. Los estragos a nivel mundial en el empleo y el ingreso de los trabajadores son mayúsculos. La pérdida de horas de trabajo por el confinamiento y el cierre de negocios es de 300 millones de empleos en promedio desde que empezó la pandemia y los ingresos perdidos por los trabajadores ascienden al 5% del PIB mundial y se espera que más de 120 millones de personas pasen a la extrema pobreza.

Los daños económicos, sociales y sanitarios en nuestro país son también grandes y severos.

En lo que va de este año se ha perdido un millón de empleos formales, y hay que sumar otro millón de jóvenes que ingresarán a la fuerza laboral pero no tendrán oportunidades de tener empleo, además el año pasado nuestra economía no creció y otro millón de jóvenes se sumó al ejército del desempleo. Y los que han logrado mantener el empleo han tenido que aceptar salarios reducidos de hasta un 50% menos.

En el sector informal también se han perdido millones de empleos, siendo las mujeres más afectadas (ganan menos y más despiden). Muchos trabajadores y pequeños y medianos empresarios se han quedado endeudados con los bancos. Incluso los trabajadores han tenido que retirar los pocos ahorros que tienen en las Afores.

Y lo mismo sucede en el sector rural con la caída de los ingresos que profundiza la crisis crónica del campo y amenaza la seguridad alimentaria. Con los despidos y la caída de la producción se afectan los ingresos fiscales, tan solo en el IMSS, por la baja de las cotizaciones de trabajadores desempleados, se han dejado de percibir 13 mil millones de pesos en momentos en que las necesidades sanitarias reclaman mayores recursos.

Los grandes problemas que padece nuestro país requieren cuantiosos recursos para solucionarlos. La reactivación económica demanda acrecentar tanto la inversión pública como el gasto social. Pero para obtener recursos solo hay dos vías: uno, aplicar una reforma fiscal progresiva y, dos, el suspender el pago del servicio de la deuda.

El neoliberalismo ha empobrecido al país utilizando dos grandes formas de saqueo de nuestros recursos. Una es debilitando al sector público y social de la economía mediante la privatización de empresas públicas y de los bienes ejidales y comunales. Con la privatización se decía que la economía crecería con mejores empleos y salarios y que vendiendo bienes se resolverían los males. Y el resultado fue todo lo contrario.

Otra forma de saqueo moderno del neoliberalismo es por medio de la deuda pública. Para el pago de esta deuda se desvían cuantiosos recursos financieros de México para pagar a los grandes inversionistas y capitalistas financieros y se dejan de utilizar para atender las necesidades nacionales como reactivar la economía, resolver los efectos de la pandemia en salud, paliar la pobreza creciente e impulsar el desarrollo del país en lo cultural y político.

Hoy tenemos una deuda pública creciente. De 2018 a 2020 la deuda pasará de 10.5 billones a 12.6 billones; pero para 2021, según el PEF2021, serán 13.4 billones. Es decir, de 2018 al 2021 la deuda crecerá en 27%. En términos del PIB, esto significa pasar del 45% del PIB al 55% del PIB en 2020, pero según algunas estimaciones se llegará hasta el 65% del PIB.

La deuda pública aumentará entre 10 y 20 puntos del PIB. De 1982 (desde que comenzó el neoliberalismo en México) al 2020 por solo en intereses hemos ya pagado 77% de la deuda (8 billones de pesos). Pero, es como el “pago mínimo” y no se amortiza el capital, la deuda no baja, sino que sigue creciendo.  El país se endeudó con el capitalismo neoliberal y no hubo crecimiento ni salarios dignos, ni empleos ni justicia social.

Esta elevada deuda pública se traduce en un alto costo financiero, esto se refiere a lo que se paga por intereses y comisiones por el servicio de la deuda al año. El costo financiero de la deuda pública presupuestado para 2021 será de 724 mil millones de pesos que equivale al 12% del gasto público total (y en 2020 equivale al 3% del PIB).

¿Qué significa esta enorme cantidad de dinero que se paga cada año?

Lo que se paga por intereses de la deuda pública es más del doble de lo que se gasta en los 19 programas sociales prioritarios del gobierno para 2021, estos suman 337 mil millones de pesos y comprende las Pensiones para Adultos Mayores, las Becas a Estudiantes, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, Precios de Garantía, Producción para el Bienestar, etc. Por otro lado, el costo financiero de la deuda es 5 veces el presupuesto de la Secretaria de Salud, 2 veces la de Educación, 3.8 veces la de Bienestar y 14.7 veces la de  Agricultura y Desarrollo Social.

Con el costo financiero de la deuda pública para 2021 se pagaría un salario mínimo a 16 millones de trabajadores durante todo un año, los que representan el 29% del total de la población ocupada.

La deuda pública total comprende tanto la deuda externa como la deuda interna, más la deuda del FOBAPROA hoy IPAB. La deuda externa representa el 35% de la deuda total porque los gobiernos neoliberales apostaron a la deuda interna.

La deuda del IPAB en 1995 ascendía a 500 mil millones de pesos, y se han pasado 25 años pagando intereses por ella y sin embargo hoy es casi el doble, esta deuda es ilegitima: es una deuda odiosa. Otra parte de la deuda pública interna comprende la posesión de valores gubernamentales en manos de inversionistas extranjeros por lo que a fin de cuentas esta “deuda interna” en manos de acreedores extranjeros es en realidad deuda externa, la cual asciende a 1.8 billones de pesos (el 23% de la deuda interna).

El capital financiero internacional invierte en valores mexicanos de renta fija, y también en la Bolsa, a través de los fondos de inversión. Otra parte de la deuda interna (25%) pertenece a las Afores y son los ahorros de los trabajadores invertidos en valores gubernamentales que no deben ser tocados. Y el 50% restante de la deuda interna pertenece a inversionistas mexicanos, sociedades de inversión, bancos y aseguradoras. Dado que el gasto público presupuestado para 2021 será igual al de 2020 en términos reales y además con una crisis agravada por la pandemia se torna imperioso aumentar el gasto público mediante la suspensión del pago de la deuda pública.

Si se dejara de pagar tan sólo por un año el servicio de la deuda pública, se tendrían los recursos suficientes y sobrados para aumentar en más del doble el gasto en los programas sociales, para atender la salud y educación, para la cultura, la ciencia, el arte y el deporte, para aumentar la inversión productiva tanto en la industria como en el campo y para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa, o para establecer la Renta Básica Universal; en suma, para reactivar la economía de manera sustentable con justicia social y con sentido democrático.

No pagar el costo financiero de la deuda pública, renegociar sus pagos por varios años, declarar una moratoria, y obtener “quitas” es una necesidad urgente. Es un caso de extrema necesidad y, por tanto, es un derecho de los pueblos reconocido por el Derecho Internacional. Nadie puede obligar a lo imposible.

Hoy incluso la ONU ha declarado que la moratoria de la deuda se debe ampliar a todos los países en desarrollo que no pueden pagar el costo de la deuda, y agregó a diversos países de ingresos medios como una medida solidaria. Hasta el FMI y el Banco Mundial, que se caracterizan por imponer programas neoliberales y antipopulares a los países a los que prestan, han pedido al Grupo de los 20 (G-20), los países más ricos del planeta, la moratoria “inmediata” de la deuda exterior de los países más pobres afectados por la pandemia.

Argentina, agobiada por la crisis y la pandemia, ha negociado con éxito su deuda externa logrando buenas “quitas”. La enorme  deuda pública que nos aqueja debe ser auditada a fin de saber para qué se contrató y en qué términos. La moratoria a la deuda pública también debe ser decidida por el pueblo mexicano mediante una consulta popular.

En la segunda mitad de la década de los 80’s, cuando los efectos dañinos del neoliberalismo se hacían sentir en el mundo, hubo una voz que se pronunció por la moratoria al pago de la deuda, era la voz de Fidel Castro que llamaba a construir un nuevo orden mundial más justo y solidario. Y ahora en que las consecuencias del neoliberalismo son peores que antes y además agravadas por la pandemia, esta demanda es hoy más apremiante.

Una salida humanista a la crisis es imprescindible para México, y ello pasa por la suspensión

del pago del servicio de la deuda pública. Los gobiernos emanados de la Independencia, de la Reforma y la Revolución decretaron la suspensión de pagos de la deuda externa y obtuvieron significativas reducciones por el bien de México. De 1911 a 1942 el pago de la deuda estuvo suspendido hasta que se logró una renegociación favorable. En 1936 Lázaro Cárdenas afirmó: “No ha variado la actitud de México en lo que respecta al problema de su deuda exterior; los deseos del gobierno de cumplir todas sus obligaciones siguen subordinadas a la necesidad de aplicar la mayor parte de los recursos del país a su progreso cultural y político”.

Una salida digna y beneficiosa para las grandes mayorías de todos los pueblos del mundo será más factible de alcanzar si las negociaciones con los grandes acreedores capitalistas se llevan a cabo de manera colectiva en vez de efectuarse de manera individual por cada país.

Es mejor negociar juntos. Los países pobres como los países en desarrollo deben unirse para negociar y encontrar una respuesta global a una crisis capitalista de carácter mundial, crisis nunca vista y cuyos costos no deben pagar los trabajadores ni los pueblos