El consulado de Estados Unidos en Monterrey reportó a los Departamentos de Estado y de Seguridad Interior que en febrero de 2010 existía la “creencia” de que el líder de Los Zetas, Miguel Heriberto Lazcano-Lazcano, uno de los hombres más buscados por la Procuraduría General de la República (PGR), conocido por el alias de El Lazca, estaba “escondido en Monterrey y planeaba golpes contraofensivos contra el cártel del Golfo en Tamaulipas”, lo que coincide con la intensificación de hechos violentos este año en localidades de esa región del noreste, incluidas Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.
El memorando fue filtrado en el sitio de Wikileaks este 27 de diciembre y está firmado por el cónsul Bruce Williamson con fecha del 28 de febrero pasado, a la mañana siguiente de que hombres no identificados realizaron ataques simultáneos con granadas contra cinco puestos policiales en la zona metropolitana regiomontana, lo que según el diplomático, dejó “claro que la guerra en curso entre el cártel del Golfo y la organización traficante de drogas de Los Zetas ha llegado a Monterrey.
“Oficiales de Seguridad Regional (adscritos al consulado) presentaron un reporte acerca de que se tiene la creencia de que el líder de Los Zetas, Miguel Heriberto Lazcano-Lazcano, de 36 años, se esconde en Monterrey y planeaba golpes contraofensivos contra el cártel del Golfo en Tamaulipas. Esta información cotejada con información de otras fuentes y de otros miembros de grupo de trabajo policía del consulado concluyeron que Saltillo, Coahuila, parecería ser considerado un paraíso por Los Zetas”, escribió Williamson, un diplomático de carrera desde 1987.
La agencia antidrogas estadunidense (DEA), según publica esta entidad en su sitio de Internet (www.justice.dea.gov/dea/fugitive), ofrece “hasta cinco millones de dólares de recompensa por información que conduzca a la captura y/o encarcelamiento” del Lazca.
El 17 de septiembre de 2008 la DEA informó que una serie de investigaciones y capturas de narcotraficantes sirvieron de base para presentar “cargos penales” en una corte federal de distrito con sede en Washington, contra Lazcano y otros delicuentes como Ezequiel Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta, abatido en noviembre pasado en Matamoros, dos años después de que su hermano, Osiel, fue extraditado a Estados Unidos.
El Lazca –un desertor del ejército mexicano, entrenado en Estados Unidos, por quien la Procuraduría General de la República ofreció 30 millones de pesos el 23 de marzo de 2009– era considerado en 2008 el número uno del cártel del Golfo, seguido de Tony Tormenta. Para la fecha en que Williamson escribió el reporte, El Lazca ya era descrito como líder de Los Zetas, que fue por un tiempo señalado como el “brazo armado” del cártel del Golfo, del cual supuestamente se escindió.
La afirmación del cónsul en el memorando del 28 de febrero contradijo la explicación ofrecida por el secretario general de gobierno, Javier Treviño Cantú, quien dijo que los ataques coordinados son una reacción de la delincuencia organizada a los esfuerzos de seguridad” de la administración de Nuevo León, donde estaba pendiente el anunciado establecimiento de “puestos de revisión” en las rutas que conectan con Reynosa.
“Dada la penetración de Los Zetas en las fuerzas policiales de los municipios que fueron atacados, una explicación mayormente posible es que las agresiones fueran una señal del cártel del Golfo a la policía para que cese o desista de su apoyo a Los Zetas y cambien de bando. Otras convincentes teorías existen también –tal como aquella que afirma que el ataque fue un intento de calentar la plaza de Monterrey–, pero ninguna involucra a la delincuencia organizada y a la respuesta ‘efectiva’ de los esfuerzos del gobierno estatal”, puntualizó Williamson en el cable diplomático enviado también a los cuarteles generales de la DEA y de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).
El memorando dio cuenta de que el mismo 27 de febrero hubo un enfrentamiento entre zetas y el ejército en los municipios de Zuazua y Pesqueira, que no fue dado a conocer en la prensa local el 28 de febrero, pero del cual Williamson obtuvo información por medio de “agentes policiales del consulado”.
Según Williamson, varios hechos violentos en Nuevo León no son reportados por la prensa ni por el gobierno estatal. “El silencio comparativo del gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, acerca de asuntos de seguridad en general tan sólo ha intensificado las sospechas”.

Fuente: La Jornada