El país presenta cifras significantes de paridad en educación y otras instituciones. Además, ha tipificado el delito de feminicidio y está capacitando a funcionarios públicos y estudiantes en cuestiones de género. Sin embargo, un gran número de migrantes están expuestas a la trata y la prostitución y persiste una tasa de mortalidad materna alta ante un sistema sanitario deteriorado y la restricción del aborto.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha concluido este jueves el examen del noveno informe periódico de Venezuela.

Durante la presentación del informe, se discutieron distintos puntos como la participación de las mujeres en la vida pública, la protección ante los feminicidios, campañas de concienciación, la trata de personas durante el proceso migratorio y las condiciones del sistema sanitario. 

Participación

La ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género de Venezuela y jefa de la delegación destacó que, en lo que se refiere a la educación, las mujeres representan el 54% de los estudiantes de asignaturas de ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería, y el 50% de los investigadores científicos, unos datos por los que fueron felicitados por el Comité.

Diva Ylayaly Guzmán señaló también que el 45% de los jugadores paralímpicos en el país son mujeres, un porcentaje que asciende al 70% cuando se trata el número de participantes en programas para estimular la inversión financiera. 

En el ámbito político, existen 46 consejos diferentes para la mujer, y se ha formado a 5000 defensoras de los derechos de la mujer a nivel nacional. Solo el 16% de los jueces son mujeres, sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia cuenta con una paridad total, con 10 magistradas y 10 magistrados. 

Legislación

A nivel legislativo, la experta del Comité y relatora para Venezuela, Leticia Bonifa, expresó su satisfacción por el número de leyes promulgadas desde 2021. Ante la pregunta de si se está trabando en alguna legislación penal en la cuestión de género, la delegación destacó que el Estado estableció el delito de feminicidio y feminicidio agravado. 

Diva Ylayaly Guzmán añadió que “todos los jueces y los funcionarios públicos reciben formación con perspectiva de género.  En todo el país, la justicia de género está garantizada con tribunales especializados, lo que significa que todas las mujeres víctimas de violencia tienen acceso a la justicia”.

Otra experta del Comité preguntó acerca de las garantías existentes ante las políticas de igualdad, a lo que la delegación contestó que Venezuela tiene autoridad para tratar los delitos, incluidos los relativos a la violencia contra la mujer, a través de la Fiscalía.

“Hay 73 fiscales en todo el territorio, y jueces y fiscales especializados cuando se trata de casos de femicidio.  Los delitos, cuando se perpetran, se castigan con la pena máxima.  Existen 21 leyes con perspectiva de género, entre ellas la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que se encuentra en su segunda reforma”, declaró Guzmán.

Migración y trata de personas

Un experto del Comité expresó su tristeza por los informes sobre trata de personas venezolanas migrantes y prostitución, y preguntó a la delegación por qué no se ha publicado el plan de acción nacional contra la trata y qué están haciendo las autoridades para combatir a los grupos delictivos y para ofrecer asistencia a sus ciudadanos en caso de que sean explotados. 

La delegación estuvo de acuerdo con que Venezuela se enfrenta a un gran reto migratorio, lo que deja a las mujeres expuestas a caer en manos de organizaciones criminales y a ser sometidas a tortura sexual y esclavitud. 

En este sentido, la jefa de la delegación confirmó que se han creado órganos de investigación centrados en la trata de personas, y hay una comunicación continua con organismos como Interpol, con el que trabaja para asegurar que las victimas puedan volver al país a tener una vida digna. Además, mantienen una comunicación adecuada con los países a los que viajan los migrantes.

“Se ha creado una oficina de contratación pública para garantizar la existencia de una vía única para presentar denuncias.  Los funcionarios de la oficina que no denuncien a tiempo serán sancionados.  Desde 2019 hay dos fiscales especializados en casos de trata de mujeres y niños”, añadió Guzmán.

Sin embargo, otro experto comentó que había muchas preguntas que no habían sido aclaradas, entre ellas las relativas a la prostitución, la explotación y los refugios para las víctimas, a lo que la delegación respondió que las sanciones económicas emprendidas contra Venezuela habían impedido al Estado invertir significativamente en refugios. 111 víctimas de la trata han sido repatriadas.

Sanidad

Un experto del Comité dijo que, en 2014, ya habían expresado su profunda preocupación por la elevada tasa de mortalidad materna, las altas tasas de embarazo adolescente y la restrictiva ley del aborto, y aseguró que estos retos continúan en la actualidad de forma más extrema y preguntó qué medidas se tenían previstas para abordar estos problemas.

La delegación respondió que las medidas coercitivas unilaterales han afectado significativamente al sector sanitario en el país, incluyendo el acceso a medicamentos para el cáncer de mama, material quirúrgico y vacunas. 

Sin embargo, Guzmán declaró que se ha capacitado a 40.000 estudiantes en salud sexual y reproductiva, se han se han formado a 371 personas en equipos de salud y se ha incrementado la atención prenatal. La jefa de la delegación añadió que se han renovado más de 256 salas de parto y se han creado refugios para dar apoyo a las mujeres de las zonas rurales.