* Por las carreteras y caminos del país se movilizan más del 96 por ciento de los pasajeros al año y el 80.9 por ciento de los transportes de carga, exponen legisladores

Ciudad de México.- Para garantizar el derecho de libre tránsito de las personas y su seguridad en las carreteras del país, el pleno de la Comisión Permanente aprobó un Punto de Acuerdo para solicitar a las autoridades correspondientes que mejoren la calidad y el servicio de las vías federales, ante las urgencias que se registran en varias de ellas.

Al presentar el proyecto, la diputada Edna Gisel Díaz Acevedo aseguró que las obras de infraestructura carretera, ferroviaria y de transporte y comunicaciones en general, son prioritarias para lograr el desarrollo económico y social del país.

La legisladora del PRD calificó como “preocupante” que para este año, los 11 mil millones de pesos que autorizó la Cámara de Diputados para bacheo, rencarpetado, barreras de protección, deshierbe, limpieza de cunetas y alcantarillado, entre otras acciones de mantenimiento, se hayan cancelado o reasignado a otros gastos y rubros del Gobierno Federal.

Recordó que por las carreteras y caminos del país se movilizan más del 96 por ciento de los pasajeros al año, mientras que en trasporte aéreo sólo el tres por ciento, y en lo que se refiere al  transporte de carga, el 80.9 por ciento se moviliza por carretera.

En el documento, senadores y diputados solicitaron también a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) que implemente acciones de capacitación a los elementos encargados de monitorear y resguardar la seguridad de los transportistas y particulares en carreteras y caminos federales.

El Dictamen reconoce que, en México, las organizaciones criminales delinquen en diversas zonas del territorio nacional, incluyendo importantes rutas de transporte, lo que aumenta la percepción de inseguridad y desalienta las inversiones.

En otro resolutivo, los y las legisladoras pidieron a la dependencia que supervise y, en su caso, sancione el cobro excesivo por concepto de arrastre y salvamento de vehículos en las carreteras y caminos del país.

“A nivel nacional las tarifas cobradas por parte de los concesionarios del servicio de grúa que poseen placas de servicio público federal, son excesivas y completamente arbitrarias, lo cual pone a los usuarios en un estado de completa indefensión ante los abusos cometidos”.

Detallaron que las empresas que prestan el servicio de grúa lo hacen de una manera irregular, e incluso algunas de éstas operan sin exhibir adecuadamente los permisos, sin tenerlos actualizados, o bien, sin contar con ellos, lo cual les permite cobrar tarifas demasiado altas sin ser sancionados por la autoridad.

También pidieron a los titulares de la SICT, Jorge Nuño Lara, a Genaro Enrique Utrilla Gutiérrez, titular de la Capufe, y a David Aguilar Romero, titular de la Profeco, que fortalezcan los mecanismos de supervisión de las comisiones que se cobran por las recargas en las tarjetas TAG; así como de vigilancia de los derechos y beneficios que tienen los conductores y pasajeros por pagar un peaje en las diversas carreteras y autopistas de nuestro país.

Además, requirieron a Capufe revisar la factibilidad legal y presupuestaria para exceptuar el peaje en todas las casetas de cobro que conforman la Autopista del Sol durante el ejercicio fiscal 2024, a efecto de incentivar la recuperación económica, turística y social de Acapulco.

“La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la SICT, para que en el ejercicio de sus atribuciones fortalezca los mecanismos de revisión del adecuado funcionamiento del servicio de postes y teléfonos de emergencia, así como del señalamiento vial en las carreteras del país”, detalla otro resolutivo.

Finalmente, el Congreso hizo un llamado a la SICT a que informe a esta soberanía el avance del programa presupuestario k032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras durante 2024.