Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Oaxaca, 15 de agosto, 2024.- Nada justifica la violencia contra las mujeres, por tanto, nada justifica la impunidad.
Lo sucedido este martes en la audiencia de juicio contra el empresario gasolinero y ex legislador priista Juan Antonio Vera Carrizal, quien fue exculpado por el juez José Gabriel Ramírez Montaño, como autor intelectual de la agresión con ácido sulfúrico contra María Elena Ríos Ortiz, dañando el 90 por ciento de su cuerpo, es una muestra más de cómo en México se tuerce la justicia y el colofón fue el oficio de una jueza de la región de la mixteca que “ordena” dejar sin efecto la boleta de libertad concedida poco más de ocho horas antes.
A las huellas de la violencia que han quedado tatuadas en el cuerpo y la cara de María Elena Ríos Ortiz, al dolor que vivió durante meses por las quemaduras, sometimiento a cirugías y otros tratamientos, se suma el dolor profundo que provoca la impunidad, uno que no se siente en el cuerpo, sino en el alma, uno que solo las víctimas cuyos victimarios se quedan sin castigo padecen, porque quien ha fallado es el Estado mexicano, quien dejó sola a María Elena fue ese complejo sistema burocrático que respondió a intereses distintos.
Por eso carecen de sentido las lamentaciones del gobernador en turno de Oaxaca, Salomón Jara Cruz y del fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, e incluso de legisladoras como Mariana Benítez, hoy de lado de las víctimas porque ya “cambió” de bando político, tras la decisión del juez José Gabriel Ramírez Montaño. El trío del gober, el fiscal y la diputada no hicieron en su momento lo que debieron. Son responsables de hacer que se cumpla con la ley. Ahora, como se anunció anoche, deben investigar al juez y sus redes de familia, amistades y de trabajo para saber qué sucedió, si existe o no razón de la absolución a los antes inculpados, Vera y otros dos personajes, y si tenemos o no razón en dudar. Se necesita claridad plena. En contraparte la defensa de Vera, señalado entre los victimarios, dice, que el abogado se apegó a derecho.
Sin embargo, al transcurrir el día de ayer, tras la liberación escandalosa de Vera y otros implicados, se puso en duda el actuar del juez Ramírez Montaño, quien, junto con otros personajes del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, incluida su presidenta, Berenice Ramírez Jiménez, accionaron -para beneplácito del presidente AMLO– el resorte y la cuchilla que ha caído, no sobre María Elena, sino sobre el sistema de justicia de Oaxaca que ya estaba con la cabeza aprisionada en la guillotina para recibir el certero golpe y sea justificable la reforma -urgente y apresurada- del poder judicial.
Hoy, se puede ver con claridad. Se vislumbra otro vericueto para la víctima. La acción que operó el Estado al retener a Vera y compinches en prisión, lo pone según sus abogados como un “preso político”, en cambio se sigue victimizando y criminalizando a la víctima real, la que tiene cicatrices en el cuerpo y en el alma, me refiero a María Elena.
Se violó, me han dicho varias abogadas, por cierto, no se atrevieron a decirlo los abogados del inculpado en una conferencia de prensa esta mañana, Edgar López León y Ernesto Amaury Pacheco Cayetano, se violó el debido proceso, lo que pone en riesgo a la víctima que se queda sin posibilidad de acceder a la justicia. Una más del entramado de in-justicias de Oaxaca en la que confluyen fiscalías y el aparato de los tribunales.
Sí, es necesario reformar el sistema judicial, pero sin prisa, con calma, con sapiencia, con espíritu real de justicia, un clamor que precisamente “el reformador” Andrés Manuel López Obrador no escuchó de las familias de personas desaparecidas, de madres de víctimas de feminicidio, de las familias de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, ni tampoco de María Elena Ríos Ortiz que, por cierto, ¡no está sola!
