* Destaca la importancia de su independencia del Gobierno e intereses empresariales, así como de una estructura y presupuesto que garanticen su autonomía técnica y capacidad para tomar decisiones imparciales

Ciudad de México.- Con el objetivo de establecer una nueva autoridad de competencia económica en México que sea efectiva, independiente y legítima, la International Chamber of Commerce México (ICC-México) presentó ocho recomendaciones clave para guiar su desarrollo y funcionamiento, donde se destaca la importancia de su independencia del Gobierno y de intereses empresariales, así como de una estructura y presupuesto que garanticen su autonomía técnica y capacidad para tomar decisiones imparciales.

Ante el anuncio realizado en el Congreso de la Unión para votar esta semana la desaparición de siete Organismos Constitucionales Autónomos, y la transferencia de sus facultades y obligaciones a diversas dependencias del Gobierno Federal y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de acuerdo con las reformas dictaminadas positivamente en agosto pasado, ICC México propone estas recomendaciones para que la nueva autoridad de competencia económica pueda promover un entorno de mercado justo y competitivo, a la vez que sea efectiva, legítima e independiente.

En primer lugar, se subraya la importancia de que la autoridad opere de manera independiente en un sentido técnico, para lo que se debe asegurar una estructura, operación y presupuesto que garanticen su autonomía técnica, permitiendo así decisiones imparciales y basadas en las pruebas y análisis de mercado que se realicen de forma profesional por personal con capacidad y experiencia en la materia.

Se estima que un cuerpo colegiado, compuesto por personas que hayan demostrado de manera fehaciente y pública una amplia experiencia y conocimientos en la materia, y que cuenten con nombramientos de al menos siete años, contribuiría a garantizar la independencia técnica de la institución.

Además, es fundamental definir con claridad los objetivos de la autoridad, que debería estar enfocado a la protección del proceso de competencia económica en el país y sus efectos sobre el bienestar de los consumidores. Esta claridad orientará las decisiones y la priorización de casos, asegurando que las acciones de la autoridad estén alineadas con sus metas establecidas.

Para evitar sesgos en el análisis de casos y asegurar un proceso justo, se recomienda la separación interna de las funciones de investigación y adjudicación, promoviendo así la objetividad y equidad en la resolución de casos.

Asimismo, la autoridad debe seguir operando con altos niveles de transparencia en sus procesos y toma de decisiones. Esta transparencia no solo aumentará la legitimidad percibida, sino que también actuará como una defensa contra influencias externas indebidas. Los controles y protocolos para el contacto con servidores públicos deben de conservarse y reforzarse.

La capacidad de priorizar casos eficientemente es crucial para maximizar el impacto de las acciones de la autoridad. A su vez, la colaboración con reguladores sectoriales es esencial para alinear políticas de competencia y regulación, evitando conflictos y duplicación de esfuerzos.

Se destaca también la necesidad de una flexibilidad organizativa que permita a la autoridad adaptarse a cambios en el entorno económico y legal, respondiendo eficazmente a nuevos desafíos y oportunidades, particularmente ante los retos que representa la economía digital.

Para lograr esto, es indispensable contar con un presupuesto adecuado y estable asegurando la independencia financiera de la autoridad.

El reclutamiento y retención de personal altamente calificado en economía y derecho es imprescindible para manejar casos complejos y contribuir al desarrollo continuo de la autoridad.

Finalmente, se deben establecer mecanismos de evaluación y mejora continua, permitiendo a la autoridad adaptarse a cambios en el entorno y justificar su existencia y efectividad ante las y los mexicanos.

La propuesta de ICC-México busca fortalecer el sistema de competencia económica en el país mediante la creación de una autoridad autónoma, capaz de operar con independencia, imparcialidad y eficacia.

La implementación de estas recomendaciones será clave para asegurar que México continúe avanzando hacia un entorno de mercado más competitivo, transparente y justo para todos, protegiendo así el bienestar de los consumidores y fomentando la innovación.

ICC-México reitera su compromiso con el desarrollo de políticas públicas que contribuyan al crecimiento económico, la confianza en las instituciones y el progreso social, y se pone a disposición del Congreso para seguir colaborando en la construcción de un marco legal que impulse la competitividad y la equidad en el país.