* De 2020 a 2024 se perdieron 841 mil 406 hectáreas de bosques por deforestación

Ciudad de México.- El Pleno del Senado de la República aprobó un proyecto para adicionar diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en relación con la participación de la Guardia Nacional (GN) en tareas de inspección y vigilancia.

El Dictamen, avalado por 67 votos a favor y ocho abstenciones, señala que es necesario fortalecer las labores de inspección y vigilancia en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) a través de la colaboración de la GN con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y su órgano desconcentrado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Establece que la Semarnat podrá solicitar el apoyo de la Guardia Nacional en las actividades de inspección y vigilancia en ANP, mediante convenios o acuerdos específicos, con lo cual la GN realizará visitas de inspección cuando existan obstáculos o resistencia a la diligencia.

Lo anterior con la intención de preservar la riqueza biológica y ecológica que posee México, destacando su biodiversidad en flora, fauna y ecosistemas únicos que deben ser protegidos de manera efectiva.

La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, Maki Esther Ortiz Domínguez, señaló que el Dictamen surgió de la convicción de que México como nación megadiversa enfrenta retos ambientales que requieren respuestas firmes y coordinadas.

Agregó que la riqueza natural del país es un patrimonio invaluable que se debe proteger con responsabilidad y visión con futuro, ya que las áreas naturales protegidas se encuentran bajo amenaza constante por la tala clandestina, la deforestación, el cambio de uso de suelo y la explotación ilegal de recursos, pues tan solo de 2020 a 2024 se perdieron 841 mil 406 hectáreas de bosques por deforestación.

Karen Castrejón Trujillo, senadora del PVEM, refirió que es necesario blindar el patrimonio natural ante las amenazas como la presencia de grupos delictivos en zonas forestales que depredan la herencia común, pues gran parte de los delitos ambientales están ligados a la delincuencia organizada.

Añadió que por eso es indispensable reconocer el trabajo de los guardaparques, que es heroica, pues no solo se enfrentan a infractores administrativos, sino a redes criminales que ven en los bosques un botín económico; precisó que eso no significa que vayan a “militarizar” la política ambiental, pues la rectoría de la política ecológica seguirá en manos de las instituciones ambientales.

El Dictamen fue remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.