Ciudad de México.- Para evitar que intermediarios se aprovechen de la necesidad y vulnerabilidad de los productores agrícolas, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Senado de la República, Geovanna Bañuelos de la Torre, propuso modificaciones al Código Penal Federal para tipificar como delito el coyotaje agrícola.

Mediante una Iniciativa para adicionar un Capítulo I BIS denominado Delitos en materia de Comercialización de Productos Agrícolas con el Artículo 254 Quater, al Código Penal Federal; y adicionar un Capítulo X Bis denominado De la Intermediación Agroalimentaria y Prevención del Coyotaje Agrícola con los artículos 115 Ter, 115 Quater y 115 Quinquies, la legisladora busca tipificar esta práctica abusiva.

“La incorporación del delito de coyotaje agrícola al Código Penal Federal responde a la necesidad de dotar al Estado de herramientas eficaces de disuasión y sanción frente a conductas que lesionan no sólo intereses individuales, sino el equilibrio económico del sector rural”, mencionó.

Para ello, la Iniciativa establece que comete coyotaje agrícola quien intervenga como intermediario en la compra, acopio o primera comercialización de productos agrícolas para obtener un beneficio indebido mediante prácticas abusivas, además, de imponer precios injustamente bajos, engañar sobre condiciones de pago, manipular básculas o mecanismos de calidad, retener pagos de forma injustificada y utilizar.

En este sentido, propone sancionar con una pena de tres a ocho años de prisión y multa de 500 a dos mil UMAS lo que representa 58 mil 655 pesos a 234 mil 620 pesos a quien realice coerción junto con una o más personas mediante amenazas o cualquier forma de intimidación.

Si la víctima pertenece a un ejido, comunidad agraria, pueblo indígena o pequeño productor agrícola y los hechos se cometan en municipios o regiones clasificadas con alto o muy alto grado de marginación; o si se afecta la comercialización de productos considerados estratégicos para la seguridad o soberanía alimentaria nacional.

En caso de que el delito sea cometido por una persona servidora pública, o haga uso de su cargo, funciones, información privilegiada o influencia derivada del ejercicio del servicio público para facilitar, encubrir o beneficiar la comisión del coyotaje agrícola; la pena se aumentará hasta en una mitad adicional a la que corresponda, y se destituirá de su cargo o comisión, así como la inhabilitación hasta por el doble del tiempo de la pena de prisión impuesta.

Asimismo, se incorpora en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable la creación de un Registro Nacional de Intermediarios Agrícolas, para terminar con la opacidad y asegurar que quien intermedie tenga nombre, reglas claras y responsabilidad.

La legisladora por el estado de Zacatecas señaló que el coyotaje agrícola constituye una distorsión del funcionamiento competitivo del mercado agroalimentario, ya que impide la formación transparente de precios y concentra las ganancias en eslabones intermedios no regulados de la cadena productiva.

Lo anterior, dijo que rompe el equilibrio entre riesgo productivo y beneficio económico, trasladando al productor la mayor carga de inversión, trabajo y riesgo climático, mientras reduce significativamente su participación en el valor final del producto.

Reconoció que la persistencia del coyotaje agrícola en diversas regiones del país evidencia que los mecanismos administrativos y comerciales actualmente existentes han resultado insuficientes para prevenir y sancionar eficazmente las prácticas abusivas que afectan a los productores del campo.

En este sentido, destacó la necesaria intervención del Estado para establecer mecanismos normativos que distingan claramente entre la intermediación lícita y aquellas conductas que constituyen abuso económico en perjuicio del sector rural.

“Para Zacatecas, tierra de trabajo, resistencia y vocación agrícola, esta reforma representa también un acto de justicia regional. Significa reconocer la lucha cotidiana de sus campesinos y agricultores, quienes, pese a la adversidad, continúan sembrando esperanza en cada ciclo agrícola”, aseveró la senadora.

Y enfatizó que defender su producción, proteger su ingreso y devolverle dignidad al esfuerzo del campo zacatecano es apostar por el futuro de sus comunidades y por la permanencia de una identidad profundamente ligada a la tierra, al trabajo y a la solidaridad que caracteriza al pueblo zacatecano.

Bañuelos de la Torre afirmó que como legisladora del PT y como zacatecana, no puede permanecer indiferente ante el llamado de las comunidades rurales para defender el campo. “Y el trabajo del pueblo debe valer lo que realmente vale: Respeto, justicia y dignidad”.

El documento completo puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.senado.gob.mx/66/gaceta_del_senado/documento/156196