Un abogado puede redactar una demanda impecable y perder desde la primera página si se equivoca en algo básico, no en la argumentación, no en la jurisprudencia citada, no en la forma elegante con que acomodó los antecedentes, sino en algo anterior a todo eso: haber llevado el asunto ante un juez que no tenía competencia para conocerlo. Desde ahí, aunque el escrito parezca sólido, aunque las frases estén bien puestas y las medidas urgentes suenen necesarias, el juicio camina sobre un piso que no existe.
Ese tipo de error no lo corrige por sí sola una herramienta de Inteligencia Artificial (IA), porque para advertirlo primero hay que saber que existe, hay que haber visto expedientes caerse por razones semejantes, haber leído resoluciones que enseñan, a veces con dureza, que el derecho tiene caminos propios y que equivocarse en la puerta de entrada puede hacer inútil todo lo que viene después. Eso no lo da el acceso a una plataforma, sino la formación jurídica, la experiencia procesal y el criterio que se construye caso por caso, audiencia por audiencia, resolución por resolución.
Algo parecido mostró la investigación Navigating the Jagged Technological Frontier, desarrollada por Harvard Business School y Boston Consulting Group en 2023 con 758 consultores que realizaron tareas realistas de trabajo intelectual. En las tareas donde la IA podía ayudar, quienes la usaron completaron en promedio 12.2 por ciento más tareas, las terminaron 25.1 por ciento más rápido y produjeron resultados de mayor calidad, como si la herramienta hubiera abierto de pronto una puerta en medio del trabajo pesado.
Pero el estudio también mostró la parte menos cómoda de esa promesa. La IA no ayuda en todo, ni ayuda siempre, ni ayuda igual, porque se mueve dentro de una frontera tecnológica irregular, una orilla quebrada que separa las tareas donde sirve de aquellas donde empieza a fallar, aunque para una persona unas y otras parezcan de dificultad semejante. En las tareas que quedaron fuera de esa frontera, los consultores que usaron IA tuvieron 19 por ciento menos probabilidad de producir soluciones correctas que quienes trabajaron sin ella, y ahí la velocidad dejó de parecer virtud, porque nada tiene de admirable llegar más pronto al lugar equivocado.
La advertencia debería escucharse en cada foro jurídico donde se habla de IA con esa mezcla de ansiedad y fe con que ahora se reciben casi todas las tecnologías nuevas. Esto no es Google. No es una ventanilla de respuestas, no es una biblioteca obediente, no es un secretario infalible que espera instrucciones para devolver verdades ordenadas, sino una herramienta poderosa que puede ayudar mucho cuando se sabe usar y que puede equivocarse con una seguridad casi elegante cuando se le pide aquello que no puede resolver o cuando quien la usa no tiene el criterio suficiente para reconocer el error.
En el derecho ese criterio tiene nombre y se construye con años. Quien litiga, quien proyecta, quien juzga, sabe que no basta con escribir bien, porque antes de escribir hay que saber mirar el problema, distinguir si el juez puede conocer del asunto, si la vía es correcta, si la prueba fue ofrecida en la forma y momento que exige el código, si aquello que parece un defecto de procedimiento en realidad toca el fondo del conflicto, si opera una causal de improcedencia, si la autoridad demandada fue señalada correctamente, si el acto existe, si hay interés jurídico, si la pretensión todavía puede producir algún efecto.
Nada de eso se transfiere por abrir una cuenta, cargar un archivo o aprender a formular instrucciones más vistosas. La IA no puede advertirle al abogado que está cometiendo un error que él mismo no sabe nombrar, porque para cuestionar lo que la máquina responde hace falta primero haber aprendido a sospechar, y esa sospecha no nace de la tecnología sino del oficio, de las equivocaciones corregidas, de las resoluciones adversas, de las horas silenciosas frente a expedientes que enseñan más por lo que ocultan que por lo que dicen.
Por eso la herramienta más sofisticada del mundo, puesta en manos de quien no domina la ciencia jurídica, puede convertirse en algo más peligroso que una mala respuesta. Puede convertirse en un generador veloz de errores bien redactados, en una voz segura que acomoda lo incorrecto con apariencia de razón, en una superficie limpia bajo la cual sigue intacta la falla original.
En 2025, el estudio Not Everyone Wins with LLMs llegó a una conclusión que incomoda a quienes presentan la IA como un igualador universal de capacidades. La experiencia técnica siguió siendo el elemento que mejor explicaba el éxito entre quienes usaron estas herramientas, porque los usuarios con más experiencia daban mejor contexto, dividían las tareas con mayor claridad y revisaban con más cuidado lo que recibían, mientras los menos experimentados acudían a la IA cuando ya no sabían qué hacer y aceptaban sus respuestas con menor verificación, como quien se aferra a una tabla en medio del agua sin preguntarse si esa tabla también se está hundiendo.
La lección es sencilla, aunque se le quiera cubrir con palabras nuevas. La brecha entre quien sabe y quien no sabe no desaparece con el acceso a la IA, porque quien ya tiene criterio también sabe preguntar mejor, revisar mejor y desconfiar mejor. Eso desmonta una idea que circula con demasiada facilidad en foros jurídicos y académicos, la idea de que escribir instrucciones sofisticadas basta para aprovechar estas herramientas. No basta. Lo decisivo no es formular una pregunta bonita, sino saber qué se busca, por qué se busca, dónde debe verificarse y qué consecuencias jurídicas tendría aceptar esa respuesta como correcta.
En el derecho, eso se llama formación jurídica, y no hay atajo tecnológico que la sustituya.
Esta discusión no está lejos de México ni pertenece a un futuro nebuloso. En 2025 se publicaron criterios relacionados con el uso de IA como herramienta auxiliar en un juicio de amparo para calcular el monto de una garantía procesal, a partir de datos como el valor catastral, la duración probable del juicio, la inflación y la tasa de interés interbancaria. El dato importante no fue que una máquina hiciera cálculos, porque calcular nunca ha sido lo más difícil de juzgar, sino que esos cálculos fueron incorporados a una decisión que debía explicar su método, sus límites y el control humano que le daba sentido.
En 2026 también se informó el uso de IA generativa en sentencias de divorcio incausado y materia mercantil en Querétaro. Otra vez, lo relevante no fue la novedad técnica, ni la foto de la modernidad entrando al juzgado como si entrara aire limpio por una ventana que llevaba años cerrada, sino la condición bajo la cual se usó la herramienta. Hubo supervisión, revisión especializada y evaluación final por parte de la persona juzgadora, de modo que la IA no decidió por sí sola, no sustituyó el juicio, no ocupó el lugar de quien debe responder por la decisión, sino que sirvió porque había criterio jurídico detrás de su uso.
Esa diferencia no debe perderse. La IA puede ordenar información, sugerir estructuras, resumir antecedentes, calcular montos, advertir inconsistencias formales y ahorrar horas en un sistema de justicia cargado de expedientes, promociones, acuerdos, audiencias, rezagos y urgencias que a veces parecen multiplicarse durante la noche sobre los escritorios. Puede ser útil, incluso muy útil, para quienes saben qué hacer con ella. Pero no puede sustituir ese momento en que alguien debe decidir qué importa, qué se prueba, qué se descarta, qué norma gobierna el caso y qué consecuencia corresponde frente a una historia humana que no siempre se deja reducir a datos.
Hay, sin embargo, una pregunta que no se puede ignorar. En otros campos la tecnología ya empieza a moverse hacia formas de autonomía cada vez más amplias. En 2025, NVIDIA presentó personajes autónomos aplicados a videojuegos, capaces de percibir, recordar y actuar dentro de mundos digitales complejos. El 31 de mayo de 2026 presentó RTX Spark, una apuesta por ejecutar modelos y agentes de IA de forma local, sin depender siempre de la nube, como si aquello que antes necesitaba una mano humana para avanzar en cada tramo empezara a encontrar por sí mismo la manera de seguir.
La comparación tiene un límite evidente. Un videojuego es un mundo cerrado, con reglas fijas, variables conocidas y objetivos definidos. El derecho no vive en un tablero así. El derecho trabaja con hechos discutidos, con pruebas incompletas, con silencios, con desigualdades, con autoridades que ejercen poder, con personas que llegan al expediente después de haber perdido algo, un cargo, una tierra, una pensión, una oportunidad, una tranquilidad que ya no vuelve del todo. Aun así, la pregunta permanece, terca, incómoda, esperando en algún pasillo del futuro. Si la IA alcanza cada vez más autonomía en mundos complejos, ¿llegará el momento en que pueda construir por sí sola un texto jurídico completo, identificar la competencia del juez, valorar la prueba y proponer la solución de fondo de un conflicto entre personas?
La respuesta honesta es que no lo sabemos con certeza, pero sí sabemos algo que el entusiasmo tecnológico suele olvidar con demasiada facilidad. Juzgar no es calcular.
Detrás de cada expediente hay una historia, una relación de poder, una vulnerabilidad, una injusticia que tal vez no aparece en la primera lectura, una omisión que solo se entiende si alguien sabe mirar más allá del documento, una prueba que falta y aun así pesa, una palabra que fue dicha tarde, una autoridad que no contestó, una persona que llega al tribunal no porque quiera discutir teoría jurídica, sino porque algo en su vida dejó de estar en orden.
La IA puede mejorar la velocidad, organizar información, hacer cálculos con precisión y ayudar a quien ya tiene formación a trabajar mejor y más rápido. Pero dentro de su frontera ayuda y fuera de ella puede degradar la precisión. Por eso el valor real no está en tener acceso a la herramienta, sino en saber cuándo usarla, cómo usarla y cuándo desconfiar de ella.
La conversación más urgente no es solo regulatoria. Es formativa. Antes de preguntarnos qué puede hacer la IA por el derecho, habría que preguntarnos qué tan sólida es la formación jurídica de quienes van a usarla, porque una herramienta poderosa en manos de quien domina la ciencia jurídica puede acelerar el trabajo y mejorar decisiones, pero en manos de quien no sabe identificar el problema solo acelera la apariencia de corrección.
Y en justicia, esa apariencia puede costarle a alguien su libertad, su patrimonio, su trabajo, su casa, la posibilidad de ver a sus hijos o de defender lo poco que todavía conserva. Por eso una respuesta rápida pero equivocada no es innovación. Es una forma más limpia de llegar tarde a la vida de una persona.
