México, DF.- Un grupo de 16 personas, entre ellas 11 mujeres, procedentes de Argentina, Venezuela y Costa Rica fueron aseguradas, una de las cuales identificada como posible víctima del delito de trata, durante un operativo conjunto de la Procuraduría General de la República (PGR) y el Instituto Nacional de Migración (INM).
En una revisión efectuada en un giro negro, Oficiales Federales del INM encontraron a 12 personas -entre ellas un varón-, de nacionalidades argentina, venezolana y costarricense que no pudieron acreditar su estancia legal en el país ni actividad autorizada para su desempeño, de acuerdo a su calidad y característica migratoria, establecidas por la Ley General de Población, su Reglamento y demás disposiciones sobre la materia.
Entre este grupo se identificó a una persona de género femenino, como posible víctima del delito de trata, por lo cual fue canalizada ante las autoridades correspondientes para su debida atención y seguimiento al caso.
Por otro lado, en otro operativo realizado en la Central Camionera de Autobuses del Norte de esta ciudad se aseguraron a dos guatemaltecos y dos hondureños, quienes ingresaron al país de manera irregular.
En consecuencia, los centroamericanos al no poder acreditar con los documentos correspondientes su legal internación al país, personal del INM les ofreció acogerse al Programa de Repatriación por vía terrestre, mediante el cual aceptaron retornar voluntariamente a su nación de origen.
Las revisiones efectuadas por la autoridad migratoria se realizaron con respeto a los derechos humanos de los extranjeros y en cumplimiento de las facultades conferidas al INM por el Artículo 151 de la Ley General de Población.
El Instituto Nacional de Migración ofrece a los extranjeros indocumentados beneficiarse del Programa de Regularización Migratoria o bien ser regresados a su nación de procedencia, con lo cual se evita que sean susceptibles de abusos y delitos cometidos principalmente por la delincuencia en el país.
El INM reitera que estos operativos se practican en cumplimiento de la ley y con el propósito de salvaguardar la vida e integridad de los extranjeros indocumentados, colaborando en la preservación de los derechos que le otorgan el marco jurídico nacional a las personas sin importar ni distinguir género, edad, condición social o nacionalidad.