Al concluir 16 de un total de 45 auditorías a diversas dependencias y entidades estatales durante la gestión de Ulises Ruiz Ortiz, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia del Gobierno de Gabino Cué Monteagudo detectó irregularidades por el orden de los tres mil 687 millones de pesos.
La titular de la dependencia, Perla Woorlich Fernández, informó en conferencia de prensa que de las auditorías concluidas, cuatro corresponden al sector de infraestructura y salud, siete al área educativa y cultural, tres en el sector gobierno, justicia y seguridad, y dos al sector económico y de desarrollo productivo.
Por lo anterior, la funcionaria instruyó a la Dirección de Procedimientos Jurídicos de la dependencia a su cargo, iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativos y judiciales en contra del ex secretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib (cuya hermana fue detenida en el estado de Jalisco por agentes federales con casi dos mil millones de pesos en efectivo); el ex subsecretario de Finanzas, Esdras Cruz Cruz, y el ex subsecretario de Egresos, Fernando González García.
También iniciaron procedimiento en contra del ex director general de Caminos y Aeropistas de Oaxaca y ex secretario de Obras Públicas, Armando González Bernabé; el ex director general de Caminos y Aeropistas, Ambrosio Vásquez Arango; el ex director general del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa, Jesús Ángel Díaz Ortega, y el ex director general del Instituto Estatal de Educación Física de Oaxaca, Abel Trejo González.
También se fincará responsabilidad contra el ex director general del Seguro Popular, Aarón Pérez Bautista; el ex director general del Colegio de Bachilleres de Oaxaca, Candido Coheto Martínez; el ex director general del Instituto Estatal de Educación para Adultos, Cipriano Flores Cruz, y el ex director general del Instituto de Estudios del Bachillerato de Oaxaca, Jorge Bustamante García.
En la lista de un total de 32 ex funcionarios se encuentran además, los ex coordinadores de Comunicación Social del Gobierno estatal, Raúl Castellanos Hernández y Soledad Rojas Walls, respectivamente; el ex secretario de la Contraloría, Bernardo Barragán Salazar, y la ex directora general del DIF estatal, Karina Musalem Santiago, entre otros.
Perla Woorlich indicó que entre las irregularidades observadas destacan la confabulación de servidores públicos para operar el presupuesto del estado en el ejercicio 2010 de manera discrecional, la modificación de las partidas autorizadas por el Congreso local, la autorización de ampliaciones presupuestales a partidas no prioritarias y que ponen en riesgo proyectos y programas.
Además, entre las observaciones más relevantes que encontraron los auditores mencionó la falta de documentación comprobatoria que justifique las erogaciones o pagos realizados con cargo al presupuesto estatal, la falta de expedientes técnicos, aplicación indebida en partidas no autorizadas de recursos federales y estatales, pagos a empresas o personas físicas que no justificaron la prestación del servicio contratado o el pago a empresas fantasma.
La contralora advirtió que el desvío de recursos a través de ese tipo de fraudes, son actos de corrupción que no sólo alcanzan a los servidores públicos del gobierno de Ulises Ruiz, sino a los particulares que se prestaron para esos propósitos.
