** Proyectan erradicar la violencia en la familia y evitar actos discriminatorios contra las mujeres

Oaxaca, Oax.- El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva y el gobernador Gabino Cué Monteagudo firmaron el Convenio de Colaboración para Fortalecer la protección y defensa de los derechos humanos y el Mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas.

El convenio incluye la participación de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de organizaciones civiles, redes y asociaciones defensoras de las garantías individuales.

Plascencia Villanueva refirió que los usos y costumbres en las comunidades no justifican por ningún motivo la violencia al interior de las familias, “porque éstas representan la célula de la sociedad, por ello nuestro interés de sumar esfuerzos con los Poderes del Estado para avanzar en este tema”.

Abundó que a nivel nacional existe una población de 15 millones de personas indígenas, de los cuales, siete millones no pronuncian el español, que se suma a sus condiciones de pobreza, analfabetismo y marginación.

El ombudsman nacional afirmó que es imprescindible erradicar toda expresión de violencia en los pueblos originarios, para lo cual es necesario la corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno y sociedad, además de impulsar políticas públicas que también eviten actos discriminatorios.

Durante el acto realizado en el teatro “Álvaro Carrillo” se inauguró el Foro: El Derecho de los indígenas a una vida sin violencia en la familia, donde participaron el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Alfredo Lagunas Rivera; la presidenta del Consejo Consultivo del Sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Mané Sánchez Cámara y el Defensor de los Derechos Humanos de Oaxaca, Heriberto Antonio García.

Cué Monteagudo afirmó a su vez que Oaxaca tiene una deuda histórica con los pueblos y comunidades indígenas, “que el Gobierno de la Paz y el Progreso sabrá honrar en los hechos, porque se trata de un acto de justicia que no admite demora, ni se debe soslayar”.

En su mensaje, el mandatario estatal dejó en claro que la protección de las garantías de las personas, al igual que el fortalecimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas constituye una alta prioridad en el proceso de transición democrática que vive nuestro estado.

Acompañado del presidente del Centro Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, Maurilio Santiago Reyes y la Cuarta Visitadora de la CNDH, Teresa Paniagua Jiménez, enfatizó que esta premisa representa uno de los ejes transversales en el Plan Estatal de Desarrollo, y desde luego la divisa ideológica que da sustento y define el rumbo de armonía social que impulsa este gobierno.

Por ello, refirió que el Convenio de Colaboración reafirma el espíritu democrático que abraza a Oaxaca, y sobre todo, los lazos de cooperación y respeto que definen la relación constructiva que priva entre los Poderes del Estado.

Ante representantes de Organizaciones No Gubernamentales y promotores de los derechos humanos, detalló que entre el 65 y 70 por ciento de la población oaxaqueña se ubica en zonas indígenas. Sin embargo, aún en pleno siglo XXI no se han conciliado los derechos en beneficio de las comunidades originarias, donde todavía existen actos de violencia en el seno familiar y discriminación hacia las mujeres.

** Temas en el foro de derechos en beneficio de pueblos indígenas

En el foro–que se desarrolló este 9 de septiembre- se incorporarán el trabajo y las valiosas aportaciones de los activistas, las redes y todas las organizaciones de la sociedad, que vienen creciendo y promoviendo la cultura de la no discriminación y la defensa de los derechos humanos.

La participación coordinada e incluyente de las instituciones y agentes sociales hará posible construir sólidas bases de colaboración para adoptar y desarrollar políticas públicas, programas e iniciativas legislativas que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de la población indígena de la entidad, así como garantizar su derecho a gozar de una vida libre de violencia.

Lo anterior permitirá brindar las oportunidades productivas, educativas y de empleo, que arraiguen a la población indígena en sus comunidades y evitar su partida fuera de sus lugares de origen.