México DF.- El Estado mexicano participó hoy en tres audiencias públicas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su sede en Washington, D. C., en el marco del 144° periodo ordinario de sesiones, en las que presentó el estado de algunos temas relacionados con la situación de los derechos humanos en nuestro país.

La primera de estas audiencias versó sobre los derechos de personas con trastornos mentales y discapacidad psicosocial. La delegación mexicana reconoció la complejidad de esta problemática y los retos que se enfrentan, principalmente debido a la falta de conciencia social en la materia. Informó a la CIDH sobre las políticas públicas instrumentadas durante la presente administración para promover la inclusión y desarrollo integral de las personas con discapacidad y la transición de un paradigma médico-asistencialista a un enfoque de derechos humanos.

El Gobierno mexicano explicó los esfuerzos realizados para adecuar el marco jurídico e institucional a los estándares internacionales, incluidos los contenidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, la cual fue impulsada por México.

Detalló algunas medidas como el aumento en el presupuesto asignado para la atención de la salud mental, el cual se ha triplicado en los últimos años; la apertura de 544 centros de atención ambulatoria en salud mental y adicciones; la inclusión de los principales trastornos mentales en el Catálogo Universal de Servicios de Salud con lo cual puede hacerse exigible su atención oportuna y adecuada por medio del Seguro Popular, entre otros.

En un ánimo de cooperación y apertura, el Gobierno de México, al reconocer un interés común con los peticionarios, reafirmó su compromiso de seguir profundizando el diálogo y colaboración con las organizaciones de la sociedad civil para propiciar iniciativas conjuntas en este tema.

Una segunda audiencia fue dedicada a la situación de las personas privadas de la libertad en México. En ella se detallaron los avances realizados a partir de la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública para modernizar el sistema penitenciario. Dicha reforma modificó el enfoque tradicional de la readaptación a esquemas de reinserción social.

El Gobierno mexicano explicó que, dadas las dificultades que existen debido a las competencias concurrentes de la Federación y las entidades federativas en la materia, esta administración ha promovido, por primera, una coordinación y coherencia en el sistema penitenciario a nivel nacional. En ese sentido, se creó en 2009 la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, la cual ha impulsado el fortalecimiento de los sistemas penitenciarios estatales.

La inversión del Gobierno Federal en infraestructura penitenciaria ha sido considerable para, por un lado, atender el problema de sobrepoblación carcelaria y, por otro lado, profesionalizar al personal penitenciario y capacitarlo en materia de derechos humanos a través de la Academia Nacional de Administración Penitenciaria creada también en 2009. El Gobierno Federal aumentó el presupuesto ordinario del Sistema Penitenciario Federal de 1,100 millones de pesos en 2006, a más de 10,800 millones de pesos en 2011, para contar con la suficiencia presupuestaria para su operación y expansión.

Adicionalmente, se aumentó el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) en materia de sistema penitenciario pasando de aproximadamente 382 millones de pesos en 2010 a más de 1,150 millones de pesos en 2012. Ello repercute directamente en el mejoramiento de las condiciones de los centros penitenciarios, la disminución de la violencia y la corrupción al interior y, sobre todo, la dignidad de las personas privadas de la libertad y facilitar su reinserción social. En respuesta a inquietudes planteadas, el Estado se comprometió a continuar las investigaciones respecto a incidentes registrados en algunos centros penitenciarios.

Finalmente, el Gobierno de México participó en una audiencia sobre la situación de las personas migrantes no localizadas y, en su caso, la identificación de sus restos mortales. Se explicó a detalle, desde un punto de vista técnico, los procedimientos en materia forense para la identificación de los restos mortales, así como el fortalecimiento de las capacidades e infraestructura científica en la materia. Adicionalmente, se compartieron algunos resultados en casos concretos como el relativo a los lamentables sucesos de San Fernando, Tamaulipas, de agosto de 2010, de los cuales se ha logrado ubicar la identidad de la mayoría de las víctimas y en aquellos casos en que no ha sido posible se debe a la falta de datos por parte de otros países con que contrastar los registros de las víctimas.

Igualmente, se informó sobre avances recientes para fortalecer la atención al problema de las personas desaparecidas, incluyendo la creación de la Procuraduría Social para la Atención a Víctimas (ProVíctima) como entidad federal para coordinar los esfuerzos de apoyo a los familiares de las personas no desaparecidas; el progreso en la elaboración de una base de datos de personas no localizadas que integre la información existente en las diversas plataformas en operación en la actualidad e incorpore incluso datos de carácter genético y de perfil biométrico; la aprobación de la Ley del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que tiene como objeto establecer un registro que permita una coordinación entre la Federación y las entidades federativas sobre personas extraviadas o desaparecidas, así como aquellas que se encuentren en establecimientos de atención, resguardo, detención o internación, con el objeto de proporcionar apoyo en las investigaciones para su localización.

En ese contexto, el Gobierno de México reafirmó su compromiso de mantener un diálogo con las organizaciones sociales para explorar posibles formas de cooperación intergubernamental en la región, tomando en cuenta las recomendaciones de los órganos internacionales de derechos humanos.

La delegación mexicana estuvo encabezada por el Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Licenciado Max Diener Sala, quien estuvo acompañado por el Representante Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos, Embajador Joel Hernández García; el Director General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Embajador Alejandro Negrín Muñoz, así como funcionarios de la Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Seguridad Pública, Salud, y de la Procuraduría General de la República.

Con su participación en estas audiencias, el Gobierno de México reitera su pleno compromiso para avanzar en los esfuerzos nacionales en materia de derechos humanos, profundizar su diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y seguir cooperando con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.