José Luis Camacho López

México DF.- Después de que el Instituto Federal Electoral ha sido desacreditado y descalificado por el Movimiento Progresista, formado por el PRD, PT y MC que postularon al candidato Andrés Manuel López Obrador, el capítulo de las elecciones del domingo 1 de julio entra en otra fase no menos turbulenta: la del choque, en una versión mexicana de una guerra popular y prolongada enmarcada dentro de los cauces legales, según ha insistido el propio líder del Movimiento Progresista.

La dirección que pueda tomar el movimiento de impugnaciones del movimiento Progresista sólo lo sabe el propio líder Andrés Manuel López Obrador que por segunda vez ve frustrado su camino hacia la silla presidencial mexicana. Por lo pronto están desechados los plantones como el que afectó a la capital del país con el cierre de Paseo de la Reforma en el 2006.

Mientras tanto en las calles de la capital y otras zonas urbanas del país crece la oposición a lo que llaman una nueva imposición.
El nudo de las inconformidades es la desconfianza popular en los procesos electorales, así las instituciones electorales ya no dependan del Estado y su estructura la formen ciudadanos desde el siglo pasado. Un reporte de Latin Barómetro, citado por la consejera del IFE, María Marván Laborde, considera que el 71 por ciento de los mexicanos consideran posible un fraude electoral.

Hoy, como hace seis años, Andrés Manuel López Obrador vuelve a esgrimir el fraude electoral como su principal bandera de oposición ahora bajo la vestidura de una mayúscula operación de compra del voto de los más de 18 millones de sufragios que hicieron ganar la elección presidencial al priista Enrique Peña Nieto. En las elecciones del 2006, López Obrador perdió por un 0.56% de los votos frente al otro candidato Felipe Calderón Hinojosa. Su demanda de voto por voto, casilla por casilla nunca prosperó hace seis años.

En las elecciones del pasado domingo 1 de julio, Peña Nieto ganó con 19 millones 226 mil 784 votos (el 38.21 por ciento) en tanto que López Obrador obtuvo 15 millones 896 mil 999 sufragios (31.59 por ciento) de acuerdo con el escrutinio final dado a conocer por el Instituto Federal Electoral la mañana del domingo 8 de julio.

Es previsible que la misma descalificación la sufra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a la hora de dictaminar las impugnaciones del Movimiento Progresista y se caliente aún más el terreno de la lucha política por la debilidad de los argumentos de Andrés Manuel López Obrador para justificar esa compra de votos que en general practican todos los partidos como lo han documentado organizaciones de observadores nacionales. La compra o coacción del voto es el deporte preferido por los partidos políticos. Los antiguos vicios del PRI se acomodaron fácilmente en las políticas clientelares de los partidos políticos.

El TEPJF tiene hasta el próximo seis de septiembre para la calificación final y hacer la declaratoria final de la elección presidencial. El Movimiento Progresista anunció que el siguiente jueves entregaría las pruebas del rebase de topes de campaña del candidato Peña Nieto. En ese organismo habrán de desahogarse todas las impugnaciones.

En la víspera de la jornada electoral del domingo uno de julio el mismo López Obrador decía a los electores que recibieran todo lo que les dieran pero que votaran como ellos desearan, y todo indica que así lo hizo la mayoría de los electores pero no en la dirección que esperaba el candidato del Movimiento Progresista.

En el mitin de cierre de campaña, en una faraónica concentración que se desbordó en el zócalo de la ciudad de México-cuatrocientos mil asistentes- adelantaba lo que haría el dos de julio y que terminaría con el protocolo de tener una “primera dama”. Había ofrecido combatir la corrupción, combatir la pobreza, respetar la disidencia, crear un millón de empleos, acabar con la violencia delictiva, reducir el precio de los energéticos y un crecimiento del 6 por ciento.

Miguel Ángel Mancera, un desconocido candidato del Movimiento Progresista a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, ganó por un amplio margen, superior al 50 por ciento, al capitalizar las diversas operaciones clientelares que el gobierno de la capital del país lleva a cabo desde el primer gobierno de izquierda de Cuauhtémoc Cárdenas entre 1997 y 2000.

Ayudas económicas a los adultos mayores, madres solteras, jóvenes preparatorianos, seguros de desempleo, comedores populares, viviendas a militantes del PRD y a organizaciones de vecinos y comerciantes aseguraron al candidato Mancera un triunfo sin sobresaltos sobre las tres candidatas, Beatriz Paredes (PRI), Isabel Miranda (PAN) y Rosario Guerra (PANAL), así como a la mayoría de los candidatos a diputados locales, diputados federales y senadores del Movimiento Progresista.

El triunfo del Movimiento Progresista en la capital fue casi total, arrasaron con todo, excepto y casi a manera de consolación las delegaciones, Benito Juárez fueron para el PAN y Cuajimalpa para el PRI.

Andrés Manuel no cederá en su idea de que los 18 millones de votantes del PRI fueron corruptos y que la mayoría de ellos comprados por despensas, lo que augura una larga y tensa guerra política en la cual se arrastra a los jóvenes del Movimiento Soy 132, en un nuevo episodio con rasgos de un aceleramiento que puede llegar a la violencia, aunque hay líderes de esos jóvenes que la rechazan y sigan postulando su carácter apartidista a pesar de su rechazo a lo que llaman imposición del candidato del PRI.

No pocos jóvenes gritan en las calles de la ciudad de México y otras del país una consigna que se acerca a la de los jóvenes que en 1968 después de la masacre del 2 de octubre se decidieron por la guerrilla. “Si hay imposición, habrá revolución”, proclaman, como lo hicieron la noche del sábado 7 de julio frente a la sede de la Universidad del Claustro de Sor Juana donde se realizaba la boda del comediante Eugenio Derbez y la actriz y cantante Alessandra Rosaldo, transmitida en vivo por Televisa.

En la sesión de la mañana del domingo 8 de julio en una sesión mañanera del Consejo General del Instituto Federal Electoral, el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina dio a conocer que el candidato presidencial de Compromiso por México, Enrique Peña Nieto, había obtenido 19 millones 226 mil 784 votos (el 38.21 por ciento); Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento Progresista registró 15 millones 896 mil 999 sufragios (31.59 por ciento); la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota alcanzó 12 millones 786 mil 647 con el (25.41 por ciento) y Gabriel Quadri, de Nueva Alianza, un millón 150 mil 662 (2.29).

No fue suficiente que se hayan abierto 78 mil 469 paquetes electorales de los 300 distritos para verificar la votación y que en 16 de esos distritos la apertura de los paquetes haya sido completa, para disminuir las tensiones en el proceso y atender las impugnaciones del Movimiento Progresista.

Un agobiado Leonardo Valdés, consejero presidente del organismo electoral, abogó por que se reconociera la importancia del mayor recuento de votos y boletas de la democracia mexicana y que habían sido los comicios más vigilados de la historia del país.

La compra de votos será el argumento de la estrategia de impugnación del Movimiento Progresista y en el centro de las acusaciones estarán las Tiendas Soriana que expidieron tarjetas que fueron adquiridas para la entregarlas a electores que votaran por el PRI.
Unos días antes de los comicios del domingo 1 de julio, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el expresidente del IFE, José Woldenberg, desestimaba que la coacción de votos pueda ser un argumento que fuera causa de una anulación de una elección presidencial al igual que rebasar los topes de campaña o que una televisora fuera la autora de la construcción de un candidato presidencial.

Después de las elecciones diversas organizaciones de observadores coincidían en que la coacción y compra de votos es una práctica todos los partidos políticos y sus candidatos. Esta compra o coacción del voto se da a través de la entrega de dinero en efectivo a los votantes, reparto de materiales de construcción, despensas.

En la sede del IFE, los representantes de Fundación para el Desarrollo Social y la Promoción Humana, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Fundación Movimiento por la Certidumbre, Ecociudadanía del Futuro, y la Asociación Nacional Cívica Femenina hicieron este tipo de señalamientos y demandaban por una mayor fiscalización de los recursos que se entregan a los partidos, así como de los presupuestos descomunales que los mismos institutos políticos, gobiernos estatales y municipales destinan a la compra de votos.

En un programa radiofónico, Beatriz Camacho, directora de Alianza Cívica aseguró que 71% de las actividades de compra y coacción del voto corresponden al PRI-PVEM, 17% al PAN, 9% al PRD y 3% al Partido Nueva Alianza.
Camacho señaló que “si bien las tarjetas que ahora se están difundiendo son de Soriana y se les puede seguir la pista, la otra parte es que hubo compra directa de voto con dinero en efectivo que se les da a la gente a cambio de su voto”.

El otro punto de la compra de votos son los presupuestos destinados a programas sociales. Camacho aseguró que la opacidad en el manejo de programas sociales propiciaron la compra del voto.

Mientras tanto, una misión de observadores electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA), encabezada por el expresidente colombiano César Gaviria, avaló “la tranquilidad, respeto y orden” y la exitosa organización de los comicios mexicanos. Particular elogio hizo el colombiano de las medidas de seguridad y rapidez en la transmisión del Programa de Resultados Preliminares.

Pero para el Movimiento Progresista, mientras el candidato Peña Nieto recibe los parabienes de mandatarios extranjeros, desde Obama hasta Hugo Chávez, su lucha apenas se despliega.