El líder de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos (OPIZ), Juan Sosa Maldonado, lamentó que el Estado Mexicano, lejos de contribuir, en el entorno latinoamericano, al fortalecimiento de los derechos humanos, obstaculiza el derecho de las víctimas a conocer la verdad y alcanzar asomos mínimos de justicia.
Lo anterior, dijo, porque la Procuraduría General de la República (PGR) lejos de cumplir con su responsabilidad en cuanto a la denuncia interpuesta en octubre de 2002 contra el ex gobernador Diódoro Carrasco Altamirano y sus “secuaces” por delitos de lesa humanidad cometidos en contra de indígenas de la Región de Los Loxicha, exhibe mecanismos dilatorios para operar.
Luego de pronunciarse en contra de la desaparición forzada, consideró que “es imprescindible ratificar nuestra incondicional solidaridad y recordar que han transcurrido 37 meses de la desaparición forzada de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez”.
El líder de la OPIZ denunció además que a casi 14 años de la detención ilegal y encarcelamiento de los indígenas loxichas, que aún permanecen en prisión, las esperanzas de libertad para los presos políticos y de conciencia de la región de Los Loxicha, aún siguen vivas.
