En relación con los hechos ocurridos el pasado 16 de septiembre en Ciudad Juárez, Chihuahua, en los que perdió la vida Luis Carlos Santiago Orozco y fuera herido Carlos Manuel Sánchez Colunga, ambos colaboradores del Diario de Juárez, me permito hacer las siguientes consideraciones:

El Gobierno Federal lamenta el fallecimiento de Luis Carlos Santiago Orozco y desea la pronta recuperación de Carlos Manuel Sánchez Colunga.

Rechazamos y condenamos categóricamente cualquier acto de violencia, en particular los cometidos contra los trabajadores de los medios de comunicación. La libertad de expresión es una garantía indispensable en la vida de las democracias y cualquier agresión criminal en contra de los medios de comunicación debe combatirse como tal, como una afrenta a la sociedad entera y a nuestra democracia.

Desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, la Procuraduría General de la República, por medio de su delegación en la entidad, entró en contacto con las autoridades del estado de Chihuahua para coadyuvar en las investigaciones. Asimismo, la Secretaría de Gobernación estableció contacto con el director de dicho medio de comunicación con el objetivo de expresar el compromiso del gobierno Federal para, en coordinación con la autoridad estatal, identificar a los agresores y llevarlos ante la justicia.

Es oportuno recordar que la procuraduría de justicia del estado de Chihuahua ha señalado en declaraciones públicas que hasta el momento el móvil más probable de esta agresión, en particular, es de índole personal y no por sus actividades profesionales.

En todo caso, el Gobierno Federal reitera que cada agresión contra periodistas, autoridades de cualquier orden de Gobierno o cualquier ciudadano es una agresión que debe ser investigada y castigada.

Es también oportuno tener en mente que el contexto en el que se dan estos hechos está marcado por ser un punto geográfico, el caso de Ciudad Juárez, estratégico para el crimen organizado.

Por décadas, Juárez ha sido no sólo una ruta privilegiada para el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos y el tráfico de armas y dinero ilícito desde ese país hacia México, sino también ha tenido un mercado interno creciente por su acelerado desarrollo vinculado al modelo maquilador.

Este mercado interno ha generado también oportunidades para el crecimiento en el consumo de los estupefacientes. La complicada situación que vive hoy en día Ciudad Juárez es el resultado no solamente de un fenómeno delictivo que se fue acumulando durante muchos años, expandiendo y diversificando, sino también de una realidad social en donde la población, y en especial los jóvenes, se han visto vulnerables a la acción de las organizaciones criminales.

Por ello el gobierno federal, en coordinación con las autoridades locales, ha implementado una estrategia que incluye 160 acciones concretas en materia de seguridad, economía, empleo, educación, salud y desarrollo social, con avances relevantes en todas las líneas de acción.

Esto tiene como finalidad la reconstrucción definitiva del tejido social de la localidad donde actualmente, lamentablemente, muchas veces se carece del entorno de protección y de oportunidades que hacen más factible una vida de desarrollo sano y apegado a la ley.

Conforme avance la estrategia se irán eliminando las capacidades de las organizaciones criminales para sumar a sus venganzas internas, a jóvenes vulnerables al reclutamiento de las pandillas.

Aunado a esta estrategia en el ámbito social y ante el crecimiento de la inseguridad y el fortalecimiento de las organizaciones criminales que operaban en esa ciudad, desde el inicio de la Administración el Gobierno Federal ha implementado una estrategia orientada a debilitar a dichas organizaciones criminales, a reducir sus márgenes de acción, y así dar paso a la reconstrucción de las instituciones de seguridad y de justicia en el ámbito local, que son las primordialmente responsables de la seguridad de la población.

En su acción de apoyo a las fuerzas locales, la autoridad federal ha logrado debilitar las redes operativas, logísticas y financieras de la delincuencia organizada en Chihuahua, con detenciones y capturas a los mandos de las principales bandas criminales que operan en la plaza, así como ha ocurrido con las organizaciones criminales de otras zonas del país.

No obstante, es preciso reconocer que los niveles de violencia siguen siendo sumamente altos en la entidad y que la tranquilidad de la población exige de la presencia continuada de la autoridad federal, así como de la corresponsabilidad plena de las autoridades locales en la materia.

La administración del presidente Calderón ha respondido, en todo momento y de manera decidida, a las solicitudes de apoyo de las autoridades de las distintas entidades federativas. En el caso de Ciudad Juárez, reafirma su compromiso con la reconstrucción de las instituciones de seguridad y justicia así como del tejido social.

El Estado mexicano debe asumir, en un marco de corresponsabilidad y colaboración estrecha entre las distintas autoridades que lo conforman, la defensa de la actividad periodística y la generación de condiciones seguras para la labor de los medios de comunicación, como una tarea fundamental en defensa de las libertades y del derecho de la sociedad a estar informada.

Los tres órdenes de Gobierno y poderes públicos debemos combatir a las organizaciones delictivas con la máxima determinación.

El gobierno federal refrenda, por ello, su compromiso de apoyar a los medios de comunicación para evitar amenazas e intimidaciones en el cumplimiento de su labor.

Es preciso subrayar que México necesita la participación de los medios de comunicación para alcanzar mejores resultados en la lucha por la seguridad pública y evitar las amenazas a la libertad de expresión.

Que quede bien claro: negociar, postergar o suspender la lucha contra el crimen organizado, lejos de desaparecer la amenaza de la violencia, implicaría someterse a la ley de quienes agreden para intentar disuadir la acción del Estado y perpetuar su acción impune, y eso no ocurrirá.

La única autoridad que debe de reconocerse es la legítimamente constituida por emanar de la ley y de los procesos electorales, y es la que tiene la responsabilidad primigenia de combatir al crimen y salvaguardar la seguridad de la población.

En ese sentido, debemos recordar que, en el marco de los Diálogos por la Seguridad, el propio presidente de la República convocó a los medios de comunicación a considerar las siguientes propuestas concretas que, respetando plenamente la libertad de expresión, pueden contribuir al fortalecimiento del vínculo entre sociedad y medios de comunicación.

Primero. La discusión, análisis y, en su caso, adopción de códigos y protocolos de manejo de información sobre seguridad con base en experiencias internacionales.

La promoción, con apego a sus esquemas de autorregulación, de contenidos que eviten una apología del delito. La evaluación sistemática del cumplimiento por parte de todos los actores del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. La difusión de campañas para prevenir la violencia y las adicciones, así como para promover una cultura de la legalidad y la denuncia, y la apertura de espacios para que la ciudadanía participe directamente en el debate público dirigido al fortalecimiento de la política de seguridad.

El gobierno federal continuará trabajando sin descanso para enfrentar los desafíos en materia de libertad de expresión y seguridad para quienes realizan labores periodísticas, en aras de garantizar plenamente estos derechos, componentes esenciales de nuestro sistema democrático.