Este organismo público, autónomo y ciudadanizado, determinó que en el mes de diciembre de 2011 autoridades de la agencia municipal de Santiago Tutla, perteneciente al municipio de San Juan Mazatlàn, Mixe, violentaron los derechos humanos de Solalinde Guerra y de tres de sus escoltas al privarlos de su libertad ilegalmente.
Luego de una investigación, el 18 de diciembre de 2012 la Defensoría determinó que el actuar de la autoridad municipal, apoyada por un grupo de personas armadas, violó los derechos a la libertad, integridad y seguridad personales del director del Albergue para Migrantes “Hermanos en el Camino” y de sus acompañantes.
El visitador general de la DDHPO, Juan Rodríguez Ramos, informó que la referida recomendación se le notificó en tiempo y forma al Ayuntamiento de San Juan Mazatlán, Mixe, negándose a aceptarla y por tanto, oponiéndose a “resarcir los derechos humanos de los agraviados”. En este sentido, los quejosos podrían recurrir ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), vía el recurso de impugnación, a efecto de que esta recomendación sea acatada.
Solalinde Guerra, los tres miembros de su equipo de seguridad y elementos de la Policía Estatal, fueron detenidos por hombres armados el pasado 30 de diciembre de 2011 cuando llegaron a la agencia municipal de Santiago Tutla.
Dicha privación ilegal de la libertad se dio cuando el sacerdote y sus acompañantes llegaron a un retén instalado por un grupo de personas armadas en la entrada de la población, después fueron trasladados al centro de la comunidad donde personas del pueblo agredieron a los policías estatales integrantes de la guardia de Solalinde Guerra.
La Defensoría reconoce y respeta la normatividad que tienen los Ayuntamientos regidos por el sistema de usos y costumbres para resolver cuestiones de su competencia de acuerdo con el derecho consuetudinario.
Sin embargo, también enfatiza que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que dichos sistemas deben sujetarse a los principios de derechos humanos y a los tratados internacionales en la materia signados por el Estado Mexicano, situación que no aconteció en la detención del presbítero y sus escoltas, pues les impidieron circular libremente violando así su derecho a la libertad de tránsito.
Las personas anfitrionas de Solalinde Guerra en Santiago Tutla también vieron violado su derecho a la integridad y seguridad personal, pues recibieron actos intimidatorios de los servidores públicos municipales, haciéndolos declarar a favor de la autoridad bajo amenazas de muerte.
Con base en la investigación realizada a partir de estos hechos, la DDHPO recomendó al presidente municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Juan Mazatlán Mixe, Oaxaca, girar instrucciones al agente municipal de Santiago Tutla, a fin de que retirara el retén que se encuentra en el acceso de la población para permitir el libre tránsito. Además, se implementen las medidas pertinentes a fin de garantizar que no se repetirá la instalación de los mismos.
Asimismo, se le recomendó gire instrucciones a quien corresponda, para iniciar y concluir el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los servidores públicos que participaron en los hechos violatorios.
Esta recomendación se emitió el 18 de diciembre del año 2012 y estableció que en un plazo no mayor a 60 días naturales “se imparta un curso dirigido a las autoridades municipales y elementos de la policía municipal de Santiago Tutla, San Juan Mazatlán Mixe, para capacitarlos acerca de sus facultades en materia de Derechos Humanos a fin de evitar la reiteración de violaciones”, lo cual, ante la negativa, ha sido imposible llevar a la práctica.
La DDHPO recomendó al presidente municipal en turno, realice una disculpa pública a los agraviados por los hechos en los que incurrieron los elementos de la Policía Municipal y el entonces Agente Municipal de Santiago Tutla, San Juan Mazatlán.
